España ahorra en «rescates low cost» y pone en riesgo el servicio de salvamento marítimo
La tripulación secunda una huelga tras la rebaja salarial que plantea la empresa concesionaria. Los paros afectan a la campaña antiicendios
Las aguas andan revueltas para los más de 1.300 trabajadores (entre pilotos, mecánicos, operadores tecnológicos y rescatadores) empleados en España por la multinacional inglesa Babcock , concesionaria del Gobierno para las labores de salvamento marítimo. En nuestro país, solo la tripulación aérea está privatizada, no así los barcos, las aeronaves ni las torres de control, en manos de Sasemar, entidad adscrita al Ministerio de Fomento. Tras haber ganado en julio el contrato por 180 millones de euros para cuatro años (20 millones más que el contrato anterior), la compañía privada ultima una bajada del sueldo de su plantilla de un 13% y de un 30% en los complementos salariales, como el plus por experiencia aeronáutica, lo que ha acabado por detonar el conflicto. Los rescatadores se han plantado alegando que el servicio ya es «low cost» como para aceptar un recorte que precarice aún más sus condiciones laborales. Desde ayer y hasta el día 30 secundan una huelga a la espera de soluciones que salpican a la Administración socialista.
De hecho, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya se reunió con parte de los trabajadores tras una primera tanda de protestas, pero las elecciones provocaron un «impasse» en el litigio. El malestar, no obstante, ha ido in crescendo. «La empresa hizo un gesto, pero aplaza sine die volver a negociar», lamenta Ismael Furió , secretario de Organización de Mar y Puertos del sindicato CGT. En la mesa de negociaciones, Ignacio Martín , del sindicato de pilotos Sepla, es más optimista y espera una medida acorde con la importancia del servicio de rescate. «Tienen miedo porque nos han encontrado muy unidos en la confrontación a sus condiciones», agrega.
Privatización solo aérea
La raíz de este conflicto nace en la privatización parcial del servicio en 2012, cuando la empresa pública Sasemar saca a concurso solamente la gestión de la tripulación aérea que realiza labores de rescate. No lo hace, detalla Furió, con el resto del operativo: «Todos los aparatos, aeronaves, lanchas de rescate, los remolcadores, así como sus rescatadores y el personal de las torres de control son de Sasemar» De acuerdo con Sasemar, Babcock incorpora al contrato helicópteros adicionales, que no son propiedad de Sasemar.
El propio Furió, que está en nómina de la entidad estatal como patrón de la lancha Salvamar Pollux (actúa en la base de Valencia), se desgañita en conversación con este diario: « Históricamente la gestión de los rescates en España es una vergüenza. A todos nos facilitaría que cada cuatro años el personal de rescate especializado no apareciese y desapareciese. Tampoco ayudan los tejemanejes de que haya una empresa pública, con un Gobierno cambiante, y sometido a las pérdidas que esgrime una compañía privada. Es un desastre».
Y pone un ejemplo ilustrativo: «En nuestro bote, vamos el patrón (cobra 2.200 euros al mes), un mecánico y un marinero. Cuando se rescata a 150 personas de una patera, lo hace uno solo en un extremo de la lancha. Es comparable a que un socorrista se ponga en el borde de la piscina a sacar a pulso a 150 personas. ¡Cómo no se van a ahogar!».
Lucha antiicendios y de transporte sanitario
«El problema es que solo se sigue el criterio económico en el concurso, algo que no sucede en otros lugares de Europa porque se prima la importancia de los rescates», lamentan fuentes de Sepla. Pero este conflicto laboral no se detiene en las operaciones en alta mar. De acuerdo con los datos de Sasemar, en 2017 fueron atendidas 36.079 personas, un 116% más que en 2016, cuando se auxilió a 17.903 personas. De hecho, los mismos helicópteros y su personal son utilizados por las consejerías autonómicas para otras labores de emergencias. Salvamento Marítimo ha matizado esta cuestión señalando que desde el último contrato los helicópteros que aporta Babcock al servicio están en exclusividad al servicio de Salvamento Marítimo y dedicados en exclusiva.
No obstante, de acuerdo con la versión de los trabajadores consultados por ABC, en Madrid, el Summa los usa para transporte sanitario; en Galicia, donde más operaciones efectúan (400-600 al año) prestan servicio de guardacostas, lucha contra incendios y vigilancia de contaminación marítima; mientras en Cantabria o Comunidad Valenciana, la nave se emplea para la cometido que urja. Todo su personal aéreo depende de la empresa inglesa (con centros técnicos en Albacete y Alicante), una de las potencias internacionales en el mantenimiento de las centrales nucleares y submarinos y sin apenas competencia.
La huelga ha paralizado las revisiones de las naves y las horas de entrenamiento, aunque se han garantizado los servicios mínimos del 100%. Según Sasemar, los servicios mínimos se han garantizado y no ha conllevado consecuencias, además se ha de preservar el servicio de mantenimiento habitual en las talleres centrales de la compañía.
Los sindicatos dicen que ahora está en juego la campaña antiincendios y de ahogamientos de verano. Desde CGT aseguran que seguirán movilizándose y que el malestar, unido a la incertidumbre por su futuro, ha ocasionado ya más de una baja en el servicio. «No se valora que estos trabajadores arriesgan su vida cada vez que la nave despega», dicen.
