Un enfermo de cáncer paga 4.000 euros por una prueba que garantiza la pública

Cuatro años después del momento álgido del tijeretazo sanitario, que dejó a los hospitales públicos a medio gas con plantillas diezmadas y cierres de plantas y quirófanos, algunos centros de referencia como el Vall d’Hebron (Barcelona) siguen arrastrando el impacto de tan polémicos ajustes, según denuncian los sindicatos. La historia de O. N. A., un barcelonés de 78 años, prueba lo que los trabajadores llevan años denunciando: «Los recortes siguen teniendo consecuencias graves». El denunciante, que, según afirma, ha pasado medio siglo cotizando en la Seguridad Social nunca hasta ahora había tenido que poner a prueba a la sanidad pública.

En mayo de 2015, lo que parecía una complicación de un resfriado le llevó al hospital. Acudió, remitido por su médico de cabecera, a la Unidad de Neumología del centro y allí vieron indicios de que lo suyo podría ser más que una bronquitis. El facultativo que le atendió le indicó un TAC de urgencia. El 29 de mayo, los resultados del mismo determinaron que padecía una tumoración maligna en un pulmón y que debía tratarse con urgencia.

Así consta en su expediente, facilitado por la familia a ABC . En el mismo documento, el facultativo indica al paciente una broncoscopia y otro PET-TC. El especialista le dijo que debían realizarle una broncoscopia para «poner apellido a su tumor» y saber qué tratamiento era el indicado, afirma el denunciante. El hospital indicó a O. N. A. que le avisarían por teléfono para realizarle la broncoscopia , aunque le advirtieron de que había una importante demora. Pese a ser un caso para el que la administración autonómica garantiza una resolución rápida (un período máximo de 45 días), el hospital le informó de que la prueba tenía una espera de unos seis meses. Su doctora de cabecera ya le había advertido.

Fuentes de la Unidad de Diagnóstico Rápido de Neumología y del servicio de Neumología, que prefieren mantenerse en el anonimato, confirmaron a este diario que hay «largas colas» para esta prueba. «La lista de espera es de unos seis meses por un problema estructural por la presión del programa de trasplante pulmonar y de cáncer de pulmón», precisó a ABC uno de los neumólogos. Ante las perspectivas que les ofrecía la sanidad pública y dada la urgencia del caso, la familia de O. N. A. no tuvo otra opción que acudir a la sanidad privada. «Realizarle la prueba y el tratamiento inicial a mi padre nos ha costado 4.000 euros» , afirma R. N. G., el hijo del afectado. El joven acusa también al hospital de «dar respuestas que no se ajustan a la realidad». «Ahora dicen que mi padre había renunciado voluntariamente a esta prueba. Que me enseñen el documento, porque no existe», afirma.

El paciente, que recibe tratamiento en la Unidad de Oncología del centro, tiene metástasis y su estado de salud ha empeorado. La familia estudia llevar el caso a los tribunales.