Detenido en Palma un joven de 26 años por presunta explotación sexual de una menor
El caso no tendría, en principio, una relación directa con las investigaciones policiales y judiciales en marcha desde hace meses vinculadas a la existencia de menores tuteladas prostituidas
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La Policía Nacional ha detenido esta semana en Palma a un joven de 26 años y nacionalidad española, como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, contra la salud pública y amenazas . La denuncia previa contra el citado joven fue presentada recientemente por la presunta víctima, una adolescente de 17 años de edad. La noticia ha sido avanzada este viernes por el diario «Última Hora» y confirmada por ABC.
El arrestado pasó a disposición judicial este miércoles. Tras comparecer por vía telemática ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, en funciones de guardia, el sospechoso quedó en libertad con cargos. Paralelamente, el magistrado dictó una orden de protección a favor de la menor, que habría empezado a ser prostituida en 2017 . En principio, la investigación llevada a cabo por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en relación a este caso no tendría una relación directa con las actuaciones policiales y judiciales ya en marcha desde hace meses vinculadas a la existencia de menores tuteladas en Mallorca víctimas de explotación sexual.
Cabe recordar, en ese sentido, que el pasado mes de enero trascendió el caso de una niña de 13 años que se escapó de su centro de acogida en Nochebuena y que, esa misma noche, fue violada en grupo por seis menores en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Tras hacerse pública esa agresión sexual múltiple, el Consell de Mallorca confirmó poco después la existencia de 16 casos recientes de explotación sexual infantil en Mallorca, 15 de ellos de niñas. En la institución insular gobierna en el presente mandato un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera.
En Baleares, los centros de acogida o tutelados, todos de régimen abierto, son gestionados exclusivamente por los consells, mientras que los centros de internamiento, para jóvenes con antecedentes penales, son controlados por el Gobierno regional. En el caso del Consell de Mallorca, los 30 centros de acogida que existen en la isla dependen del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Precisamente, sobre dicho organismo se vertieron en los últimos meses numerosas críticas, por la posible inacción del actual tripartito para detectar y hacer frente a los casos de explotación sexual de menores tutelados que se habían ido conociendo ahora.
Iniciativas políticas
En ese contexto, una de las peticiones más reiteradas por parte de la oposición durante el pasado mes de febrero había sido la de la creación de una comisión de investigación sobre los menores tutelados víctimas de explotación sexual o de abusos. Así, los portavoces del PP, Cs y el PI en el Consell de Mallorca presentaron en el pleno celebrado el 13 de febrero en la institución insular una moción conjunta en la que pedían la creación de una comisión de investigación. Dicha propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno tripartito insular.
Con posterioridad, el 18 de febrero, el PSOE, Unidas Podemos y MÉS votaron también en contra de sendas propuestas de Cs y de Vox en el Parlamento regional en favor de una comisión parlamentaria de investigación. Finalmente, sólo se puso en marcha una comisión de expertos en el Consell de Mallorca , impulsada por el tripartito que gobierna en dicha institución.
Así, el Consejo Ejecutivo extraordinario del Consell de Mallorca celebrado el 10 de marzo aprobó el nombramiento de la profesora de Victimología Noemí Pereda como coordinadora de la citada comisión de expertos, que evaluará los casos de explotación sexual de menores tutelados en Mallorca. Pereda es doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y se ha especializado en victimología del desarrollo, destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil.
Los siete integrantes de la comisión de expertos —Pereda y seis vocales— deberán presentar un informe con sus conclusiones y sus propuestas de mejora en un plazo máximo de tres meses. En el marco de esta nueva comisión está previsto que comparezcan, además, los últimos cuatro presidentes del IMAS, en concreto, el socialista Jaume Garau, la popular Catalina Cirer, la ecosoberanista Margalida Puigserver y el socialista Javier de Juan. Todas esas previsiones se habían formulado, en cualquier caso, antes de haberse decretado el estado de alarma en todo el país por la extensión de la pandemia del coronavirus.
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