Denuncian la «represión» y «persecución» a 30 seropositivos que practicaron sexo no seguro

Una investigación criminal contra treinta hombres homosexuales seropositivos por haber practicado sexo sin preservativo ha sido duramente duramente criticado por la Sociedad Europea para el Tratamiento del Sida (EATG) ya que criminaliza a los contagiados. El código penal checo contempla como delito la propagación de enfermedades infecciosas y una sentencia de 2005 del Tribunal Supremo de la República Checa sentó precedente al entender que las relaciones sexuales sin tomar precaución cuando se es seropositivo suponen un riesgo de propagación. Dicha sentencia ha valido a las autoridades sanitarias de Praga para iniciar un proceso contra los treinta seropositivo que habrían contraído otra enfermedad de transmisión sexual (ETS) posteriormente a su diagnóstico de VIH, lo cual demostraría, según estas autoridades, que los serpositivo han practicado sexo sin condón.

Desde España, Juan Ramón Barrios de la Coordinadora estatal de VIH y sida ( Cesida ) que acusa a las autoridades checas de serofobia, «indica que esta actitud de señalar con el dedo acusador a la persona con VIH , hace que toda la responsabilidad recaiga en ella». Asimismo, esta organización explicó que el hecho de que estas personas investigadas hayan contraído otras ETS no prueba que existiera sexo sin preservativo, ya que la transmisión de algunas de estas enfermedades no dependen del uso de condón. La Sociedad Checa de Ayuda contra el Sida (ČSAP) ha luchado durante mucho tiempo contra la « criminalización de la vida privada de las personas con VIH», mientras sostienen que la «epidemia» de este virus debe ser frenada mediante tratamientos antivirales y no a través de «represión».

La EATG ya ha iniciado una petición en la plataforma «Change.org» para recabar firmas a favor de un manifiesto contra la «persecución» de estos 30 hombres que podrían enfrentar hasta ocho años de cárcel y que será presentado ante la Comisión Europea.

La campaña llamada «Paremos la persecución a personas con VIH en República Checa» busca anular la sentencia del 2005 ya que según Cesida «el miedo al castigo dará lugar a que las personas que hayan estado en riesgo de infección por una ETS no quieran hacerse la prueba y por tanto no podrían ser tratadas, lo que se traduciría en un aumento de nuevos casos». Según Tomáš Rieger (ČSAP), «algunos de los acusados recibirán asesoría jurídica de la ČSAP» y la mayoría de ellos se encuentra en tratamiento antirretroviral con una carga viral por debajo del límite de detección: «De hecho, son personas no infecciosas», remacha Rieger.