La demolición de unas obras ilegales en Ibiza se retrasa porque la orden de derribo estaba solo en catalán
La defensa de la persona condenada pidió una traducción de la sentencia originaria, fechada en octubre de 2016, que todavía no ha llegado
La orden de derribo de parte de un complejo residencial ubicado en Ibiza, fechada en octubre de 2016, no se ha podido ejecutar aún porque la citada sentencia estaba redactada en catalán y la defensa de la persona condenada solicitó una traducción del citado texto en castellano, que todavía no ha llegado a su destinataria.
Dicha persona es la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez, conocida coloquialmente como Paquita Marsans o también como «la casera de los famosos». Una vez que la citada transcripción le sea finalmente entregada a Marsans, podrá presentar las alegaciones que considere oportunas, lo que retrasará aún un poco más el proceso de demolición parcial del mencionado complejo, denominado Casa Lola .
La noticia fue adelantada recientemente por el digital «Noudiari» y por el canal autonómico IB3, y desde entonces no ha habido ninguna novedad en relación a este asunto, según han confirmado este lunes a ABC fuentes oficiales del Ayuntamiento de Sant Josep y del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). El consistorio de Sant Josep será el que, de forma subsidiaria, ejecutará el derribo de las obras ilegales realizadas en Casa Lola una vez que exista ya una resolución definitiva sobre este caso.
El expediente municipal originario fue abierto en 2012 , a raíz de la detección de unas presuntas obras ilegales en el interior de Casa Lola, un complejo turístico que cuenta hoy con un total de 21 habitaciones. La causa terminó finalmente en los tribunales, que acabaron dando la razón al consistorio. Las mencionadas instalaciones han sido precintadas en diversas ocasiones a lo largo de estos últimos años, pero dichos precintos han sido retirados de manera reiterada por la propiedad.
La sentencia originaria fue dictada en catalán por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma el 11 de octubre de 2016. Ese mismo mes de octubre, la defensa de Marsans solicitó una transcripción al castellano . Las traducciones dependen de la Gerencia del Ministerio de Justicia. La posibilidad de que se puedan producir retrasos no resulta excepcional, debido a la posible acumulación puntual de sentencias pendientes de traducción, no escritas únicamente en lengua catalana.
Con anterioridad a este proceso, Marsans había tenido problemas previos de otro tipo con la Justicia. Así, en 2008 fue condenada a dos años de prisión por defraudar 867.469 euros a la Hacienda Pública. Finalmente, ingresó en la cárcel en 2013 y recibió ya el tercer grado en 2014 en relación a esta causa.
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