El Defensor del Pueblo pide que las primeras enseñanzas en Baleares se den también en castellano
Fernández Marugán considera que la actual posición del Gobierno regional «debiera ser menos restrictiva» con respecto al «derecho de los padres» a que sus hijos empiecen a educarse en la lengua que deseen
El «Informe Anual 2018» del Defensor del Pueblo contiene varias referencias a la actual situación lingüística en Baleares, centradas en varios casos en que distintas administraciones isleñas estarían potenciando el catalán en detrimento del castellano.
En materia educativa, Francisco Fernández Marugán pide al Ejecutivo autonómico que en Baleares las primeras enseñanzas –hasta los ocho años– puedan darse también en castellano y no solo en catalán. En ese sentido, en el citado informe se hace referencia al caso del CEIP Can Raspalls de Ibiza , después de que una madre hubiera recurrido al Defensor del Pueblo para quejarse de que el citado centro no había atendido su petición de que sus tres hijos pequeños pudieran escolarizarse en castellano.
Fernández Marugán recuerda en su informe que en Baleares está hoy de nuevo vigente el llamado Decreto de Mínimos . Dicha norma fue aprobada en 1997 por el entonces presidente autónomico, el popular Jaume Matas, siendo recuperada en la pasada legislatura por la socialista Francina Armengol. El citado decreto establece que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados será el catalán. Además, obliga a impartir en catalán al menos el 50% de las clases, sin que esté estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua. Por tanto, salvo en el caso de las clases de Lengua Española y de Inglés, todas las asignaturas pueden ser impartidas en catalán. Las citadas medidas han acabado favoreciendo de facto la inmersión lingüística en Baleares , aunque como tal no esté explícitamente recogida en el mencionado decreto.
El Defensor del Pueblo indica que la Consejería de Educación del Gobierno balear «considera que no cabe pretender que todas las materias se impartan en castellano»
El sucesor de Matas al frente de la Comunidad, el socialista Francesc Antich, mantuvo el Decreto de Mínimos, que solo dejó de estar vigente en la legislatura 2011-2015, con el entonces popular –hoy eurodiputado de Cs– José Ramón Bauzá como presidente autonómico. Bauzá impulsó el Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), decreto que preveía la implantación progresiva de un sistema de enseñanza trilingüe en los centros escolares de Baleares, con el inglés o el alemán como tercera lengua, compartiendo horas lectivas con el castellano y el catalán.
El TIL solo se aplicó finalmente en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Tras los comicios autonómicos de mayo de 2015, Armengol relevó a Bauzá al frente de la Comunidad. Una de las primeras decisiones adoptadas por la nueva presidenta fue la derogación del TIL y la reimplantación del Decreto de Mínimos.
Conclusiones
«Con respecto a la lengua en la que se imparten las primeras enseñanzas, se produce un problema de interpretación , ya que la normativa legal sobre normalización lingüística de aplicación en las Islas Baleares reconoce a los padres de los alumnos el derecho a solicitar que sus hijos reciban dichas enseñanzas en su lengua materna en las etapas de Educación Infantil y en los dos primeros cursos de Educación Primaria», recuerda el Defensor del Pueblo en su informe. A continuación, indica que la Consejería de Educación del Gobierno balear «considera que no cabe pretender que todas las materias se impartan en castellano».
«En el centro objeto de la queja, la carga lectiva en lengua castellana en la Educación Infantil era de 6,5 horas semanales, mientras que en los primeros cursos de la Educación Primaria se impartían en lengua castellana la materia troncal de Lengua Castellana, la materia específica de Religión/Valores Sociales y Cívicos, y las horas de libre disposición», prosigue Fernández Marugán.
El Defendor del Pueblo no cuestiona en su informe, en ningún caso, la legalidad del Decreto de Mínimos, pero considera que la postura del Gobierno balear «debiera ser menos restrictiva , en cuanto al alcance del derecho de los padres de los alumnos a que sus hijos reciban las primeras enseñanzas en su lengua materna». A juicio del Defensor del Pueblo, «la proclamación de este derecho debiera dar lugar a que los alumnos reciban en esa lengua las enseñanzas que se les impartan durante esa etapa, con la excepción, claro está, de la materia correspondiente a la lengua cooficial y a la lengua extrajera».
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