El cuerpo de inspectores del Estado denuncia su escaso margen de maniobra en Cataluña
El Gobierno mueve pieza y pide a la Alta Inspección un informe «urgente» y «detallado» sobre los libros de texto catalanes
Pide que el Pacto por la Educación les empodere para ejercer su control
El Gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria para poner fin al «adoctrinamiento ideológico» en las aulas catalanas. Veinticuatro horas después de que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, admitiera en el Congreso la incapacidad del Ejecutivo para controlar el contenido de los manuales escolares que se utilizan en las comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín , anunció ayer que ya se ha urgido a la Alta Inspección Educativa a elaborar un informe «detallado» sobre los textos que se utilizan en los colegios e institutos catalanes.
El encargo surge a raíz de la denuncia de los editores de presuntas presiones por parte de los gobiernos autonómicos sobre el contenido de los manuales educativos, tal y como informó este diario en su edición del 16 de mayo.
El informe, del que, según ha podido saber ABC, ya existe un primer borrador , analizará la situación de los textos en Cataluña y otras comunidades después de que el presidente de la Asociación de Libros de Texto (Anele) también denunciara en el Congreso la existencia de presiones en el mismo sentido. «En breves días dispondremos de ese informe y nos pronunciaremos una vez escuchado de profesionales y de la alta inspección si se está vulnerando o no la normativa», explicó Marcial Marín en declaraciones a los medios tras asistir al acto de celebración del 40º aniversario de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). El análisis dará argumentos al Gobierno para poder actuar en caso de que sea necesario.
Las comunidades transigen
El secretario de Estado recordó que la competencia a la hora de elegir los libros de texto en los centros educativos es «de los profesores» y las «comunidades autónomas permiten generalmente esa libertad». Ha insistido, no obstante, en que si «no se cumple el currículo o se desenfoca» el Ministerio «tiene que actuar a través de la alta inspección».
Marín recordó que, tal y como avanzó anteayer el ministro, Educación recurrirá a los tribunales si finalmente se confirma ese incumplimiento. «Se hará un requerimiento y se irá a través de los juzgados», advirtió.
Durante su intervención, el secretario de Estado defendió el sistema educativo español, que calificó de «bueno» , aunque admitió que «hay que seguir trabajando para mejorarlo» y pidió la «ayuda de todos», para poder llevar a cabo esas mejoras «con consenso y entendimiento». En este sentido, el representante ministerial, abogó por un pacto de Estado «que mantenga los elementos positivos del sistema actual y que permita continuar mejorando los datos publicados en las evaluaciones internacionales». «Necesitamos un Pacto centrado en solucionar los problemas reales de la Educación », concluyó.
Fuentes de la Alta Inspección educativa consultadas por ABC denunciaron el «escaso margen de maniobra» que ha tenido este cuerpo desde que se traspasaron las competencias educativas a las comunidades autónomas. «Cataluña lleva años incumpliendo la ley en materia educativa. Primero dejó de aplicar la tercera hora de castellano, tal como ordena el Decreto estatal de Enseñanza Primaria; tampoco ha habilitado nunca la casilla lingüística en los folletos de preinscripción, y pese a haber sentencias firmes, sigue sin garantizar el acceso de los padres a una educación bilingüe». «El contenido de los libros escolares ha sido otra de nuestras batallas aunque estamos atados de manos y no podemos actuar », añadieron los citados portavoces de la Alta Inspección . El cuerpo estatal confía en que el Pacto de Estado por la Educación les empodere para poder «ejercer su función reguladora y de control» y «evitar que los escolares catalanes tengan una visión tergiversada sobre nuestra historia».
Generalitat: «Hay malicia y descontextualización»
La Generalitat no tardó en reaccionar al anuncio. En una atención improvisada a los medios, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Llobet, afirmó que hay «malicia y descontextualización» en el informe del sindicato de profesores AMES sobre el supuesto «adoctrinamiento» en los libros de texto de Primaria que se utilizan en las escuelas catalanas.
En este sentido, el secretario de Políticas Educativas de la Generalitat destacó hoy, en rueda de prensa, que «si hablamos pedagógicamente, no haríamos este ruido ni este tremendismo, pero si hablamos ideológica y políticamente, evidentemente hacemos ruido y tremendismo».
El responsable de la consejería expresó su «desconcierto» en cuanto a la petición del secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, a la Alta Inspección del Estado de un informe para comprobar la veracidad del informe de AMES.
«Es evidente que el Ministerio de Educación hace una reacción a partir de titulares y de cuestiones que ha visto estas últimas horas; es una lástima porque las administraciones públicas tenemos que estar para serenar los ánimos y para que en los centros educativos se trabaje con el máximo de tranquilidad», precisó. Llobet recordó que hace años que desapareció el informe favorable previo para editar y que se considera que hay una «profesionalidad» de los responsables de elaborar materiales.
A su entender, la iniciativa del ministerio denota una «desconfianza» sobre la profesionalidad y buen criterio de los docentes, y supone una falta de respeto hacia el rigor con el que trabaja el mundo editorial.
Desde el Partido Popular catalán (PPC), la diputada María José García-Cuevas, insistió en declaraciones a este diario en «la necesidad de acabar de forma urgente con el fomento del odio a lo español en las aulas». «El adoctrinamiento ideológico en las escuelas no es de ahora, aunque la Generalitat siempre ha escurrido el bulto recordando que hay autonomía de centros», apuntó la diputada popular. García Cuevas apunta una doble solución para resolver el problema. «Por un lado, se deben mejorar las condiciones de los inspectores que dependen de la Generalitat para que puedan cumplir mejor su cometido y, sobre todo, debe reforzarse el cuerpo de la Alta Inspección educativa en Cataluña y darle más poder para que garantice que lo que se enseña en las escuelas responde a la realidad». «La Generalitat dice que no tiene competencias para controlar estos contenidos, aunque en realidad es quien dirige a su cuerpo de inspectores», añade.
Frente común con PSC y Ciudadanos
La diputada pide a PSC y C's que formen con el PP un frente común para revertir esta situación y avanza que su partido ultima una proposición de ley para modificar la Ley Educativa Catalana (2009), que además de imponer un monolingüismo en las escuelas permite ese adoctrinamiento.
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , criticó que el Gobierno no haya actuado antes para analizar el contenido de los libros de texto que se utilizan en los colegios de Cataluña y de otras comunidades autónomas, sino que haya esperado a hacerlo ahora, después de que lo reclamara la formación naranja.
«Cuatro años de mayoría absoluta y 30 años pactando con los partidos nacionalistas y hasta que no se lo exigimos desde Ciudadanos no hacen nada», escribió ayer Rivera en su cuenta de Twitter refiriéndose al anuncio del secretario de Estado.
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