Cuarenta años de acoso y derribo a la «segunda lengua»

La «guerra sin cuartel» al castellano se libra en Cataluña desde hace 40 años . Recién arrancados los 80, varios profesores crearon el primer reducto de resistencia contra la imposición del modelo educativo monolingüe en catalán y firmaron el «Manifiesto de los 2.300», en el que expresaban su desacuerdo con el plan de la Generalitat para recatalanizar la enseñanza. Ocurrió en 1981. Fue el inicio de una campaña de acoso y derribo a la lengua oficial del Estado espoleada por dos Leyes de Política Lingüística (1983 y 1998) y por la Ley Educativa Catalana de 2009, que blindó el uso hegemónico de la lengua autonómica en las aulas y se aprobó con el tripartito catalán de izquierdas (ERC, PSC y ICV-EUiA). Fue refrendada por todas las fuerzas, salvo PP y Cs.

Santiago Trancón , profesor de Lengua y Literatura Castellana en un instituto de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), fue uno de los que iniciaron la resistencia y redactó en 1981 el primer manifiesto de rebeldía . Siete meses después, cansado de luchar sin apoyo, dejó Cataluña, tal como denunció ABC en 2017. Dentro del sistema, la «purga» de docentes e inspectores educativos no «afines a la causa» ha sido -denuncia Convivencia Cívica Catalana- «continua». Los nacionalistas han desterrado al castellano usando todo su arsenal legislativo y desoyendo los fallos judiciales que le instan desde hace años a devolver a la lengua del Estado su papel de cooficial en las aulas, lo que hace que sea casi imposible escolarizarse en castellano en Cataluña. Solo algunos centros concertados y privados con matrículas prohibitivas ofrecen bilingüismo. Los defensores del castellano ven ahora en la enmienda a la ley Celaá «una de sus más trágicas derrotas».

En la Comunidad Valenciana, el Gobierno, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, se ha topado de bruces con la Justicia en su intento de arrinconar al castellano en las aulas . El Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig aprobó durante la pasada legislatura un decreto de plurilingüismo que primaba a los alumnos que escogieran el valenciano como lengua vehicular con mayor formación en inglés. Una suerte de «chantaje» que fue tumbado por nueve sentencias judiciales. La Generalitat Valenciana, no obstante, sintetizó la esencia de aquel polémico decreto en una ley de Plurilingüismo que sigue «discriminando al castellano y dando prioridadad al valenciano como lengua de uso común en los centros y en las comunicaciones a las familias», denuncia la plataforma Educación en Libertad.

En Baleares , el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol ha mantenido el modelo de inmersión implantado hace algo más de dos décadas por el popular Jaume Matas, quien siendo presidente autonómico puso en marcha en 1997 el llamado Decreto de Mínimos, que establecía que la lengua vehicular en la red pública y concertada sería el catalán. Además, obligaba a impartir en catalán al menos el 50% de las clases . Las citadas medidas acabaron favoreciendo de facto la inmersión, aunque como tal no estuviera explícitamente recogida en el decreto. El sucesor de Matas, el socialista Francesc Antich, mantuvo el Decreto de Mínimos, que sólo dejó de estar vigente en la legislatura 2011-2015, con el entonces popular José Ramón Bauzá. Cuando Armengol le relevó recuperó el decreto.