El Covid-19 regresa a las residencias con más de 300 contagios en una semana en Aragón
En esta región, el 80% de los que han muerto por coronavirus eran ancianos de geriátricos. En los últimos días han fallecido otros siete, dos de ellos en las últimas horas
Las residencias de ancianos han vuelto a ser un foco crítico del coronavirus en Aragón. A primeros de julio el Covid estaba prácticamente erradicado de sus geriátricos, solo quedaba algún caso residual en tres centros. Ahora ya son 45 los que tienen brotes activos de coronavirus, con más de 300 contagios en siete días.
El volumen de infecciones evidencia lo explosivo del rebrote. Durante más de dos meses, en Aragón la media de contagios en geriátricos no pasaba de 15 casos semanales. En la primera quincena de julio, ese promedio se había reducido aún más y en dos semanas solo se notificaron seis casos. De ahí se ha pasado, de golpe, a esos más de 300 contagios confirmados en los últimos siete días. Y de nuevo toca hablar de muertos por Covid en residencias. En los últimos días, siete defunciones. Desde que empezó la pandemia, al menos 767.
En Aragón, el 80% de los que han muerto por el coronavirus desde que empezó la pandemia eran ancianos de residencias: 767 sobre un total de unas 950 defunciones por Covid reconocidas oficialmente.
En estos momentos, la peor parte se la llevan cinco geriátricos que, según el Gobierno aragonés, concentran el 80% de esos más de 300 contagios residenciales acumulados en una semana.
La situación en la residencia de ancianos de Burbáguena (Teruel) preocupa especialmente. De los 95 internos que tenía hace una semana, cuatro han fallecido por coronavirus -dos en las últimas horas- y otros 63 están contagiados, 15 de ellos hospitalizados y el resto en aislamiento residencial. Los últimos diagnósticos han tardado una semana: el brote se declaró el día 24, y este viernes 31 tres ancianos de la residencia aún no habían recibido los resultados de los PCR que les hizo Sanidad, según explicó a ABC el franciscano Juan Vela, que hace las veces de portavoz de esta residencia que gestiona la congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca. Además, hasta el viernes habían dado positivo 9 trabajadores, pero otra treintena de ellos también seguían a la espera de los resultados: Sanidad les hizo las analíticas PCR el jueves, seis días después de declararse el brote, según indicó Juan Vela.
Mientras tanto, el Gobierno aragonés ha anunciado que va a promover acciones penales contra ese geriátrico por los contagios. No ha detallado en qué basará exactamente la querella, que asegura que presentará la próxima semana. Desde la congregación religiosa han mostrado su sorpresa, porque ni saben qué se les reprocha «ni se nos ha notificado siquiera expediente administrativo por supuestas infracciones, ni el Gobierno aragonés ha decidido intervenir la residencia, que sería lo lógico si algo tan grave hubieran detectado», afirmó Vela.
La vertiente sanitaria de esta oleada de Covid se mezcla con la política y la judicial. La política, porque la reacción del Gobierno aragonés ha llegado después de que fuera públicamente criticado en el Congreso. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, censuró con vehemencia l a tardía atención prestada a esa residencia de Burbáguena por la Consejería aragonesa de Sanidad . Oramas agradeció a la diputada socialista zaragozana Susana Sumelzo, que medió ante el Gobierno regional, presidido también por el PSOE. Se les urgió a que hicieran PCR y actuarán para frenar el brote. La respuesta obtenida de la Consejería de Sanidad, según Oramas, no fue la adecuada, ni en tiempo ni en forma.
Mientras tanto, el presidente aragonés y líder regional del PSOE ha desatado la polémica en los últimos días por apuntar a los trabajadores de residencias como agentes de transmisión del Covid en los geriátricos. Hasta en dos ocasiones ha tenido que matizar sus palabras para frenar el malestar generado en el colectivo de trabajadores de residencias y en sus gestores.
Y todo esto la misma semana que el Gobierno aragonés ha recibido la tercera sentencia condenatoria por no haber facilitado en su día a los sanitarios los equipos de protección que debió haberles dado.
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