El Gobierno también requisa los test de coronavirus comprados por ayuntamientos

La norma publicada el pasado martes sobre la «intervención» de los laboratorios privados por parte del Ministerio de Sanidad ha generado un sinfín de interpretaciones en las diferentes comunidades autónomas. Sin una orden clara, como han reclamado los centros privados al ver «intervenido» su material, consistorios y autoridades regionales no saben si pueden o no adquirir pruebas o a quiénes destinarlas.

Según comunicó ayer la consejera catalana de Salud, Alba Vergés, la Generalitat de Cataluña no sancionará, finalmente, al centro médico privado al que había expedientado tras la denuncia de un particular que acudió para hacerse una prueba de detección del Covid-19 . Vergés indicó al mediodía, en rueda de prensa, que el cierre del expediente a la empresa privada era cuestión de horas y que se dará carpetazo sin ningún tipo de sanción. «Si todos vamos coordinados, el control de la epidemia será más efectivo».

Vergés también informó de que, desde su departamento, se ha enviado una carta a todos los laboratorios que trabajan con test y pruebas de coronavirus en Cataluña para advertirles de que «no pueden ofrecer estas pruebas a empresas, privados o ayuntamientos». Y que esta gestión está en manos del gobierno autonómico mientras dure la crisis sanitaria . Por ello, los consistorios que habían adquirido pruebas no pudieron efectuarlas.

Lo mismo que le ha sucedido a Aragón, cuya administración regional prohibió cualquier tipo de prueba rápida realizada por consistorios y empresas, y señaló que no se considerarán válidas al realizarse fuera de los cauces del Ministerio de Sanidad. En un intento por canalizar todos los recursos, el presidente aragonés, Javier Lambán, emitirá una orden autonómica que concrete la publicada por el Ejecutivo central, subrayaron fuentes de la Diputación General de Aragón. De esta forma, y con reticencias por las formas y la falta de información, en Utrillas (Teruel), se ha cancelado la campaña iniciada esta semana para realizar test en residencias de ancianos . Una situación de desconcierto que se repite en otros pueblos de la comunidad. En Castelserás se ha paralizado el proceso de compra de los recursos. Su alcalde, Óscar Soriano, envió una carta a Mayte Pérez, consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, exigiendo instrucciones claras sobre la posibilidad de adquirir dichas pruebas, y en caso de que no les llegue una prohibición tajante, seguirán con el proceso de compra . En este pueblo de Teruel ya se había destinado una parte del presupuesto público y tenían la posibilidad de realizar las pruebas a profesionales sanitarios y de comercios, e incluso repetirlas en dos semanas. La ciudad de Zaragoza sí continuará realizando pruebas a personal sanitario, anunció la Alcaldía.