Coronavirus
La Fiscalía investiga delitos en 38 residencias de ocho comunidades
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Las fiscalías provinciales de ocho comunidades autónomas tienen abiertas diligencias de investigación por la posible comisión de hechos delictivos en un total de 38 residencias de personas mayores y geriátricos, según informó ayer en un escueto comunicado la Fiscalía General del Estado.
La cifra es estimativa, ya que no incluye aquellos casos que se hayan podido ya judicializar, como el de la residencia burgalesa que está en manos de un juez de Aranda de Duero. Además, la parálisis de los plazos de instrucción ralentiza tanto la práctica de diligencias como la coordinación entre los distintos organismos y es previsible que, cuando el sistema vuelva a la normalidad, los números cambien, bien porque se produzcan duplicidades ante múltiples denuncias, bien porque avancen las pesquisas y haya casos en que no se concluya la existencia de delito alguno , según informan en fuentes jurídicas. «No es una foto fija», insisten desde la institución.
De momento, las fiscalías provinciales de ocho comunidades autónomas investigan denuncias que van desde el abandono hasta el homicidio imprudente, pasando por negligencias que podrían suponer delito al hilo de la gestión de la pandemia de coronavirus , que se ha cebado especialmente con los geriátricos sin que hasta la fecha, se haya depurado la cifra de fallecidos en estas instalaciones a nivel nacional.
De acuerdo al desglose que aporta la institución dirigida por Dolores Delgado, la mitad de las investigaciones se han abierto en Madrid, donde 19 residencias están siendo investigadas por la vía penal. Fuentes fiscales añaden que en todos estos casos obedecen a denuncias presentadas por familiares de los residentes y asociaciones . Cabe recordar que en esta región, más de 4.250 personas fallecieron en residencias entre el 8 de marzo y el 8 de abril por razones atribuibles al Covid-19 dada la sintomatología, si bien solo 781 estaban diagnosticadas.
Le siguen en número de diligencias vivas Cataluña, donde son siete las investigaciones abiertas por posibles delitos en otras tantas residencias. Entre ellas, figuran las dos incoadas a finales de marzo en relación a dos centros de las localidades de Capellades y Olesa de Montserrat (Barcelona), que acumulaban una veintena de fallecidos por Covid-1 9, así como la abierta en Tarragona sobre un centro que, contando 15 fallecidos, se negó a que el Ejército lo desinfectara.
El recuento de Fiscalía General del Estado apunta cinco residencias investigadas en Castilla-La Mancha, de las que dos se encuentran en Ciudad Real, y el resto en Cuenca, Albacete y Toledo, informa Manuel Moreno. Constan también dos en Castilla y León y otras dos en Murcia, así como una en la Comunidad Valenciana, otra en Canarias y una más en Cantabria.
Con todo, no sólo se realiza seguimiento por la posible comisión de ilícitos penales. En total, las fiscalías superiores han tramitado 124 informes de seguimiento que corresponden a la función «tuitiva» de la protección de los derechos colectivos o individuales por la vía de lo Civil. La cifra engloba tanto a centros como a residentes a título particular.
Investigan las provinciales
Las fiscalías provinciales siguen así investigando después de que la Fiscalía General del Estado abriese diligencias para centralizar la información y al poco, decidiera cerrarlas. Ocurrió al hilo de unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el pasado 24 de marzo apuntó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) había encontrado «algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas» , situación de la que se levantaba acta y daba trámite a Fiscalía General. Según las fuentes consultadas por ABC, no llegaron denuncias de este tipo, pero sí se recabó información de las investigaciones de las fiscalías, que siguen en marcha..
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