El consentimiento al sexo, el escollo que no resuelve la «ley del solo sí es sí»
Igualdad no desvela cómo regulará el «sí» en encuentros íntimos: «No hará falta que la mujer lo diga todo el rato», dice Montero tras ganar el pulso a Justicia
No hay sexo fuera del consentimiento. Si existiera, será una agresión sexual. Ese es el nuevo concepto con el que el Ministerio de Igualdad sintetiza la ley de libertades sexuales, que prepara desde el desembarco de Irene Montero en el departamento. La número dos de Unidas Podemos se ha jugado todas sus opciones, de hecho, a esta carta, que someterá a plebiscito su gestión en el Ministerio . Por eso, el partido morado se ha garantizado a marchas forzadas y tras un pulso con otros departamentos socialistas a los que compete esta ley (sobre todo Justicia) que, al menos el inicio de los trámites del anteproyecto de ley, se haga en la semana simbólica del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Montero había comprometido su cartera a hacerlo con esta premura. Para ella, era un «sí o sí», como ha asegurado en varias ocasiones; de ahí que no esperase las fisuras de última hora que está exhibiendo el PSOE en dos aspectos. Por un lado, el calendario de aprobación de la ley, motivo de enfrentamiento por las prisas de Igualdad . De hecho, fuentes conocedoras de la negociación apuntaron ayer que se aprobará en la semana del 8-M «si se llega a tiempo».
El segundo punto de colisión ha sido la modificación del Código Penal para introducir el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales: Unidas Podemos defendía la reforma del articulado penal en dos tandas, una solo para las leyes sexuales y otra para el delito de sedición ; cuando el PSOE quería meter todo en la misma reformulación.
Las «discrepancias» entre los partidos del Gobierno en coalición han sido evidentes en el departamento de Justicia (controlado por Juan Carlos Campo), que aún ayer exponía que todo el Ejecutivo trabaja de forma transversal « en la mejor ley de Libertad Sexual Posible ». Justicia está haciendo aportaciones para ello, remarcaron fuentes del Ministerio, cuando lo cierto es que la fuga de agua ha logrado controlarse porque Montero ha visto cómo Justicia se doblegaba.
Ayer, la ministra de Igualdad, entrevistada a las 9.10 horas en Telecinco, aseguraba que « ahora mismo no hay ninguna discrepancia », y lanzaba un guiño a su precedente socialista, Carmen Calvo, al señalar que la ley no será solo fruto del trabajo actual sino «de dos años», tras las primeras protestas que surgieron en España por el caso de la Manada de Pamplona. Apenas dos horas después, en una reunión con los delegados del Ejecutivo en el Palacio de La Moncloa, la propia Calvo señalaba que la ley necesita « ajustes » y « perfeccionamientos ».
Por su parte, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco se mostró cómodo cuando se le interpeló por este asunto, ya que esa revisión del Código Penal debía adaptarse a la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las «devoluciones en caliente» que atañen a Interior. Marlaska se limitó a señalar que lo importante es que al final «las reformas entren y tengan realidad y virtualidad cuanto antes».
En su intervención televisiva, la ministra Montero presumió de que la llamada «ley del solo sí es sí» será la «primera» del acuerdo programático de PSOE-UP que vea la luz, pero hasta en eso debieran consensuar en el Ejecutivo, puesto que es la misma expresión que usa el titular de Sanidad para la de la Eutanasia e Isabel Celaá para la nueva ley educativa. « Resolveremos las discrepancias de puertas para adentro. Quien hace política asume contradicciones », dijo Montero, que sigue sin despejar la principal incógnita: cómo pretende resolver el «coladero» jurídico en que se puede convertir la norma. ¿Cómo se acredita el consentimiento de una mujer y por qué solo el de una mujer? ¿Cómo se prueba si lo hubo o no ante un tribunal, habrá un formulario, un contrato, un registro...?
El eje de la norma: La regulación del consentimiento expreso
Para empezar, ya es motivo de debate intenso que para mantener un encuentro sexual se precise un consentimiento. Es la piedra angular de la norma, pero también un gran escollo judicial y policial. Como Reino Unido y Suecia, España tratará de trasladar a este proyecto de ley la recomendación que hizo el convenio del Consejo de Europa sobre la materia -el Convenio de Estambul, que firmaron 20 países europeos en 2011 y España ratificó en 2014-. En su articulado deja claro que «el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación de libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes».
En nuestro Código Penal, tal y como está establecido, ya se castigan los actos sexuales sin consentimiento, pero no fija un marco legal para definirlo y se centra en la violencia o la intimidación (como el caso de Pamplona) para determinar las agresiones.
Los expertos que sí apoyan que se tipifiquen los delitos sexuales poniendo el foco en el consentimiento dicen que hoy por hoy el Código Penal está pensado para un ataque de un desconocido, pero no para el más recurrente, el de una persona del entorno, señaló Encarna Bodelón , profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay que reconceptualizar la violación en el articulado, opina. En Suecia, por ejemplo, el delito de violación no se rige desde julio de 2018 por el hecho de que existan violencia o amenazas, ni porque la víctima esté en una situación vulnerable, sino que lo importante es la falta de consentimiento (para evaluar si lo hay se tienen en cuenta palabras, hechos o expresiones de otro signo, incluso los silencios).
Montero tampoco anticipó si adoptará figuras como la existente en Suecia y refrendada por todos los partidos políticos: la «violación negligente» , que tantos problemas ha originado desde entonces en sede judicial. Ese tipo penal determina una condena de hasta cuatro años de cárcel para los autores « que debían entender que no había consentimiento » por ciertas circunstancias, tales como que la víctima era menor de edad y el agresor lo desconociese o no, estaba bebida o drogada o carente de facultades. Aunque no quede acreditada la intención de violar y ella no muestre que no consiente, el hombre es sentenciado.
En el caso español, Montero no concretó cómo regulará el eje de la norma, pero sí apreció que «no hace falta que la mujer lo diga todo el rato». « Es urgente aprobar la ley -inquirió- porque se siguen cuestionando los testimonios de las mujeres . Se sigue pensando que somos unas busconas, se pregunta si bebíamos, cómo vestíamos, o si bailábamos de forma provocativa» ante el presunto agresor.
Penas reducidas: adiós al concepto abuso; se unifica en agresiones
Desde las protestas por la sentencia de la Manada, en abril de 2018, y el impulso de la Comisión General de Codificación por el Ministerio de Justicia para la revisión de los tipos sexuales, se viene insistiendo en un cambio básico: suprimir el concepto de abuso y considerar todos los casos como agresiones, lo que no conllevaría penas más severas . El actual articulado penal condena con hasta 15 años de prisión la agresión y hasta 10 el delito de abusos. La pena mínima por agresión podría rebajarse de uno a cinco años (artículo 178 del Código Penal) a entre uno y cuatro, si bien en este punto tampoco hay consenso.
Agravantes: violación a la pareja, en grupo o tras drogarla
Lo que sí parece más que claro en los planes de Igualdad es la regulación de varios agravantes, no como un tipo específico (que recogía la propuesta inicial del partido de Iglesias). Esas circunstancias agravantes de la condena serán las agresiones en grupo o cuando la víctima del sexo no consentido sea pareja del agresor . En estos casos, la norma se ajusta a lo recogido por el Convenio de Estambul.
También se explicitará como agravante que el agresor anule la voluntad de la víctima con el fin de violarla procurándole drogas, administrándole fármacos o cualquier estupefaciente.
Concienciación castrense: militares, ¿a la jurisdicción ordinaria?
El próximo lunes, Irene Montero podría dar más detalles en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para desgranar las líneas maestras de su departamento. Hasta el momento Igualdad se reserva parte del contenido explícito del anteproyecto del que sí se sabe que será un calco (con algunas aristas que se están puliendo en los últimos días) a la propuesta de 72 páginas que registró en el Parlamento la formación de Pablo Iglesias en julio de 2019.
En aquella ocasión, se aludía expresamente a la necesidad de concienciar a los militares con planes de formación y sensibilización sobre libertades sexuales en el ámbito castrense. Pero ERC ha dado un golpe de mano registrando hace pocos días una propuesta para poner fin a la « impunidad » sexual de los cuadros y exigiendo que, en caso de abuso o agresión, se administre justicia por la vía ordinaria. Tampoco se confirma si UP cederá ante el socio de gobierno y meterá al estamento militar en su anteproyecto. Según ha podido saber ABC, Podemos va a plantear esta medida al PSOE.
Flecos: acoso callejero, trabajos a la comunidad
Entre los flecos por resolver en el borrador del anteproyecto queda si Igualdad introducirá multas para el acoso callejero , cuando éste sea muy descarado, con proposiciones en la vía pública y coacciones de carácter sexual o sexista. Si la situación llega a ser intimidatoria para la víctima, la opción que se presenta más plausible es la de con trabajos a la comunidad.
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