El Congreso rectifica el «decretazo» sobre violencia de género del Gobierno
Lo tramitará como proyecto de ley y permitirá que los grupos políticos presenten enmiendas y no rechacen el real decreto ley
El Pleno del Congreso ha aprobado con 335 votos a favor la rectificación del Gobierno sobre el «decretazo» del Gobierno, con el que pretendía cambiar, por imposición y sin consenso, el Código Civil sobre la patria potestad de los padres de víctimas de violencia de género, así como otras legislaciones sobre esta materia.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo , en el debate anterior a la votación, defendió el real decreto porque es «la vía más rápida, sin invadir competencias» e insistió que se redactó «utilizando el consenso y el acuerdo » con las comunidades autónomas y los municipios, a través de la Femp (Federación Española de Municipios y Provincias)». Sin embargo, admitió que «lo tramitaremos como ley para que pueda ser enriquecido » y que «siempre pensamos que tendría tramitación de ley. No merece el nombre de decretazo».
Calvo defendió uno de los puntos más polémicos del real decreto, como es la modificación del Código Civil en el apartado de la patria potestad, al permitir que los menores víctimas de violencia de género puedan recibir atención sicológica sin autorización de los progenitores. La vicepresidente afirmó que «no afecta a nada a los derechos fundamentales y queda intacta la decisión del progenitor que no toma la decisión de poder discrepar y recurrir al amparo de la justicia».
«Burlar el Parlamento»
La rectificación del Gobierno centró la mayoría de las intervenciones en el debate de los grupos parlamentarios, que se felicitaron de este paso atrás y de la posibilidad de mejorar el texto con las aportaciones políticas.
El Partido Popular confiirmó su voto favorable porque «el Gobierno ha rectificado de su intención inicial y lo tramitará como proyecto de ley, lo que permitirá modificar las propuestas con las que no estamos de acuerdo», según la diputada Marta González .
Los populares recordaron la «polémica y preocupación» que había generado el real decreto ley, «después de la apresurada e injustificada publicación en el BOE»». En este sentido, aludió «a las voces que advirtieron de la posible inconstitucionalidad del texto», y ala grave «anomalía de cambiar el Código Civil por real decreto ley, no se había hecho nunca en democracia.
González afirmó que «el Gobierno socialista se ha caído del guindo» .
La diputada de Podemos , Sofía Fernández Castañón, apaludió la decisión del Gobierno de tramitarlo como proyecto de ley «para que podamos debatir». Igualmente, Ciudadanos se congratuló de que «hagan lo que pidió Ciudadanos», subrayó la diputada Patricia Reyes. Asimismo, afirmó que este giro beneficia «la salud democrática de este país», ya que se ha intentado «burlar al Parlamento, al no pasar el real decreto por la Comisión de Seguimiento del Pacto».
«Decoro parlamentario»
Reyes recordó el «tremendo revuelo» que la redacción del real decreto causó en el ámbito judicial, al dar pie a una «enorme inseguridad jurídica».
La diputada de ERC, Ana María Surra, criticó el mecanismo que quería utilizar para aprobar el «decretazo», señalando que «no nos opondremos a mejorar derechos, pero no a cualquier precio », ya que considera que «restringe el ámbito de actuación de las comunidades autónomas».
El PNV recriminó al Gobierno el intento inicial de convalidarlo como real decreto, señalando que «el decoro parlamentario exige que sea tramitado como proyecto de ley. Nos alegra la rectificación sobre este tema», según señaló el diputado Joseba Andoni Agirretxea .
Compromís y Pdecat se felicitaron de que «aplique el consenso», en relación en los cambios en su tramitación.
Posible inconstitucionalidad
El Ejecutivo de Pedro Sánchez quería que todos estos cambios se realizaran a través de un Real Decreto Ley sin debate en el Congreso, pero la mayoría de la Cámara amenazó con no convalidarlo si no se tramitaba como proyecto de ley para poder presentar enmiendas y modificar algunos aspectos de la norma que consideran inconstitucionales. De hecho, el PP amenazó con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional .
Lo que inicialmente se iba a votar como Real Decreto Ley, ahora se tramitará como proyecto de ley. Ello implica que los grupos políticos podrán presentar enmiendas y alternativas a las medidas, algunas de ellas cuestionadas por diferentes asociaciones jurídicas, por su posible inconstitucionalidad. Todo apunta a que tendrá que cambiar algunas de estas cuestiones.
La mayoría de los grupos políticos habían condicionado su voto favorable en la Cámara Baja a que el «decretazo» se tramitara como proyecto de ley y así poder presentar enmiendas. Si no hubiera sido así, los populares incluso habían amenazado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional . Igualmente, Ciudadanos había criticado que se utilizara el trámite de urgencia para aprobar una norma, cuando no hay una necesidad apremiante para su entrada en vigor.
Giro inesperado
La polémica sobre el giro inesperado que los socialistas dieron a su política contra la violencia de género saltó el pasado 3 de agosto. Hasta entonces, y antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la mayoría de los grupos políticos habían firmado un año antes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un documento de 213 medidas .
Sin embargo, sin tener en cuenta este acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó mediante un Real Decreto Ley una serie de modificaciones que dinamitaron el acuerdo. Cambios de enorme calado que merecieron el rechazo de los grupos.
La primera modificación afecta a una ley tan sensible como el Código Civil, en concreto al artículo 156, y a la patria potestad de los padres para que los menores puedan recibir atención sicológica. Los socialistas querían cambiar esta norma para que, a partir de la entrada en vigor del «decretazo», los menores pudieran recibir atención sicológica sin el consentimiento de los dos progenitores.
La segunda modificación de calado hacia referencia a la Ley Integral contra la Violencia de Género. En este punto, el Gobierno socialista quería conceder a los servicios sociales de los ayuntamientos la potestad de decidir si una mujer tiene la condición de víctima de la violencia machista , sin que mediara resolución ni medida judicial alguna.
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