El Congreso quiere descafeinar la 'ley del sí es sí' antes de tramitarla

No podía permanecer ajena a vicisitudes su reactivación reciente en el Congreso para tramitarla en el presente periodo de sesiones, algo que se antoja cada vez más lejano. Las discusiones entre los socios de gobierno han sido tantas y de tan elevado tono que el Parlamento está presto a llamar a expertos para redefinir por enésima vez el contenido de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.

En la lista de la veintena de especialistas sugeridos –luego se acortará–, se acometerán las tareas de tamizar por tercera vez la definición del consentimiento y encauzar el debate que enfrenta a las corrientes del feminismo sobre la prostitución –abolicionismo y regulacionismo–. Según pudo saber ABC, los perfiles elegidos son variados: Ana Peláez , presidenta de CERMI Mujeres (Cs); el PSOE, marcadamente abolicionista, pone sobre la mesa a Marisa Sotelo, presidenta de la Fundación Mujeres o a la Asociación de Mujeres Juezas; y Podemos (con facciones partidarias de regular el «trabajo sexual») llevaría a la delegada del Gobierno Vicky Rosell, o la asesora de Igualdad, María Naredo.

Naredo trabajó durante meses, junto a la hoy número dos de Irene Montero, Ángela Rodríguez 'Pam' , y las catedráticas de Derecho Penal María Acale y Patricia Faraldo para la redacción del primer borrador de la norma, que estuvo varada 16 meses en La Moncloa hasta que pasó por las manos de la exvicepresidenta Carmen Calvo y el extitular de Justicia Juan Carlos Campo. Este segundo borrador se aprobó en Consejo de Ministros el 6 de julio y aterrizó en otoño en la Cámara Baja. Mientras Montero clama por que se agilice, los partidos no la tramitarán, según fuentes parlamentarias, hasta que «no se depuren los puntos calientes del texto».

De esa redacción, en su primera versión, son responsables Acale y Faraldo. En conversación con ABC, los 'cerebros' de la ley reconocen que algunos conceptos se interpretaron de forma funesta o se trasladaron erróneamente a la ciudadanía. En lo mollar de la norma, que no fue otra cosa que el término «consentir» una relación sexual, es donde las redactoras reconocen que no se entendió bien la norma o que se «ridiculizó» para destruir una ley «crucial» para el público femenino. Faraldo y Acale explican los filtros impuestos al texto desde su génesis y la transformación que ha sufrido, que no es aún la definitiva.

La catedrática de Derecho de la Universidad de La Coruña y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz anteponen que no se adscriben a ninguna sigla política. Fueron reclamadas para participar en las sesiones de debate sobre la norma, auspiciadas por grupos feministas y personas de la órbita del Ministerio de Igualdad, y ambas dicen que se sorprendieron por la «entrega» y el «esfuerzo» de los participantes en las mesas. Si bien a continuación asumen que la norma enfrentó numerosas cuitas por las luchas de partido, casi encarnizadas, que hubo entre la exvicepresidenta Calvo y la ministra Montero. Personificaban dos formas de entender cada artículo y están en las antípodas una de otra. « Hay temas en los que el feminismo aún está dividido », asume Faraldo.

El PSOE dejó varada la ley 16 meses en La Moncloa, hasta que le imprimió una serie de cambios técnicos

Por eso, el anteproyecto se frenó. Vicepresidencia y Justicia sentenciaron contra el preámbulo, que identificó el consentimiento como una inversión en la carga de prueba. Acale es descriptiva: «Cuando dijeron que se cargaba la presunción de inocencia, pensé: pero, ¿qué es esto? No se toca la presunción; está pensada para la reorientación de la prueba». Ambas son «conscientes de las dificultades por las que pasó el debate» entre los socios de la coalición.

Faraldo economiza sus palabras para no entrar en la refriega: «Tal vez no hemos sabido explicar. Ni el silencio ni la pasividad son consentimiento de una relación sexual. Hay hombres que han aceptado la sumisión como un consentimiento. O el sometimiento; también en los tribunales. Es por eso por lo que se introdujo esa definición». Luego llegó, reprueban con elocuencia, la tormenta de críticas y se «quiso extender de que era necesario un notario o una APP para registrar cada encuentro íntimo». «No sé si es porque es una ley pensada para mujeres , pero otros planteamientos no suscitan tantas humillaciones. Me sorprendió el grado de acritud». Se quiere banalizar el trabajo de Igualdad y su ministra, prosigue la gallega, luego propuesta por Igualdad como candidata a representar a España en el Grevio europeo (Grupo de Expertos sobre Violencia de Género).

Tras casi año y medio sin avances, la idea de consentimiento que llegó ante los ministros se había trocado en un segundo borrador por una «formulación positiva, lo cual fue una mejora técnica», dice Acale, para darle (asestó Calvo) la «seguridad jurídica» de la que carecía. Es decir, primero se definía cuando no había consentimiento; y ahora se indica cuando sí lo hay. Junto a ello, hubo apartados de la redacción original que no reconocían sus autoras: «No estuve totalmente de acuerdo con lo que hizo el PSOE», ni su oposición a regular el acoso callejero, algo novedoso y relevante, opina la profesora Acale.

Desde Alemania, la catedrática coruñesa insiste a ABC en que sí propusieron una rebaja de las penas por delitos sexuales, porque «en países como el germano el 80% de esos delitos se resuelven con multas. En España están penados en exceso, incluso más que los homicidios». Para las penalistas, se explicó como una rebaja de los castigos para 'ablandarlos'; una imagen que no se ha conseguido restañar. El Poder Judicial se opuso a esta única tipificación. Las autoras del primer borrador de la ley creen que sufrirá más cambios: «Todo se puede perfeccionar con enmiendas; pero para debatir hay que bajar al terreno y conocer el contenido. Hay desconocimiento», indica Acale.

La catedrática gaditana, que se encuentra a tres kilómetros de donde cumple pena José Ángel Prenda, cree que el caso de 'La Manada' abrió la ventana a repensar los delitos sexuales, aunque varias de sus propuestas se hayan desdeñado. Faraldo especifica una: «Era importante que no se tuviera en cuenta el pasado sexual de la mujer cuando se juzga un delito: si había participado en orgías, etc. EE.UU. lo regula con las 'leyes escudo'». «No comparto todo lo que está ahora», reconoce, por su parte.

Se despachan contra la crítica más feroz que levanta la ley al no considerarse necesaria en estos momentos. No obstante, contrarrestan, «por dos veces en 2021 el Parlamento Europeo nos está pidiendo lo que marca el Convenio de Estambul. Nuestro corpus jurídico estaría por delante con esta norma». Pero la ley, ahora en manos de los diputados, sigue caminando en el disenso.