El Congreso apoya que se suprima la diferencia entre el abuso y la agresión sexual
La mayoría de los grupos respaldan la Proposición de Ley de Podemos, que se ha debatido esta tarde en el Pleno
El Congreso de los Diputados aprobará al final del Pleno la Proposición de Ley de Podemos para la protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales. Una iniciativa que se presentó a raíz de la polémica sentencia de La Manada .
La diputada de Podemos, Irene Montero , defendió la iniciativa de su formación política afirmando que las mujeres tienen que «disfrutar de su sexualidad con libertad y queremos vivir seguras cuando vamos por una calle solitaria». El objetivo de esta iniciativa es «erradicar la violencia machista de todo los ámbitos de la vida, independientemente de las relaciones que se tengan con el agresor».
El PP apoyó la iniciativa de Podemos, a pesar de afirmar que «denota una ausencia notable de seguridad jurídica y no es admisible en un Estado de Derecho», según señaló la diputada Carmen Dueñas. El voto a favor está en coherencia con lo «que aprobamos en el Pacto contra la Violencia de Género ».
Dueñas puso el énfasis en que si esta propuesta hubiera continuado su tramitación el PP «hubiera presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo».
La diputada del PSOE, Ángeles Álvarez , apoyó la iniciativa de Podemos, aunque matizó que técnicamente algunas definiciones no se ajustan a la legalidad española y no se aclara cuál es el ámbito de aplicación. La parlamentaria socialista le afeó que algunos políticos que apoyan a Podemos no ven mal que se utilice a la mujer como «objeto, si se paga».
Utilizar a la mujer como «comparsa»
Desde Ciudadanos, la diputada Patricia Reyes calificó la iniciativa de «política ficción» y se preguntó por qué traen esta ley en «el último momento si tenían cupo parlamentario. No sabemos qué acuerdos tienen con el PSOE».
También arremetió contra el PSOE «por qué no han hecho nada» en esta materia desde que llegaron al poder y las «mujeres víctimas de violencia de género no son atendidas en un juzgado especializado en violencia de género». Reyes acusó a los socialistas de utilizar a las mujeres como «comparsas».
Con esta iniciativa, Podemos quiere suprimir la distinción entre el abuso y la agresión sexual, introducida en el Código Penal en 1995 . Este cambio normativo, según esta formación política, configura la agresión como un delito contra la voluntad de la víctima, que hace hincapié en cuestiones como el grado de violencia e intimidación para diferenciar entre el abuso y la agresión.
Este marco normativo, explican, configuró « dos efectos negativos » en la jurisprudencia: que es necesario que la víctima se resista activamente para que se considere agresión, y que para que la intimidación pueda ser equiparable a la violencia tiene que ser lo suficientemente grave para bloquear a la víctima psicológicamente.
«Agresión sexual colectiva»
Otros puntos relevantes de la proposición de ley tienen que ver con los atenuantes y agravantes del delito de agresión. Al suprimir el delito de abuso y uificar los tipos delictivos en el de agresión, serán los atenuantes y agravantes, en función de cada caso, los que determinen el tipo de sanción . Una de las novedades es la introducción del agravante de la agresión sexual en grupo.
Antes, «se podía juzgar en una agresión en grupo a cada participante como responsable de su propio abuso y como colaborador necesario en el de los otros»; en la ley de Unidos Podemos se recoge la figura de la « agresión sexual colectiva ».
También se recoge como delito leve el acoso en la vía pública. «Será castigado con penas de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad el que se dirija a una persona en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria», apunta la proposición de ley.
La ley recoge cuestiones como que no será necesario un documento judicial para poder disfrutar de la protección, que la víctima no tenga contacto con su agresor a la hora de prestar declaración, o que no pueda ser preguntada en un proceso judicial por cuestiones ajenas a la agresión, como «sus hábitos sexuales». También se prevé estrategias de divulgación de la perspectiva de género y formación a jueces en este sentido.
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