Un informe del CGPJ culpa a la letrada judicial de que trascendiera la identidad de la víctima de «La Manada»
Antes de tomar una decisión por la posible infracción de la ley de protección de datos, la Comisión Permanente del Consejo decide recabar más información
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La letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, el tribunal que dictó la sentencia de la Manada, tenía que haber eliminado la identidad de la víctima del abuso sexual antes de trasladar la resolución a la oficina de comunicación del TSJ de Navarra . No hacerlo implicó que terceras personas que accedieran a la sentencia y divulgaran, de manera irresponsable, la identidad de la víctima.
A esta conclusión llega la vocal del Consejo General del Poder Judicial María Victoria Cinto en un informe que este jueves tenía previsto estudiar la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y que finalmente ha retirado el orden del día a la espera de ampliar la información. El CGPJ abrió diligencias informativas ante la posible infracción de la ley de protección de datos.
En el escrito de Cinto, al que ha tenido acceso ABC, se resalta que la competencia para eliminar los datos que comprometían la identificación de la víctima correspondía a la letrada judicial y que trasladar esta misión al encargado de la oficina de comunicación «no le exime de su responsabilidad» .
Borrado de los datos
El informe deja claro que pese a que la letrada de la Administración de Justicia era consciente de que la sentencia contenía datos que permitían la identificación de la víctima (así se lo hizo saber ella misma al responsable de la oficina de comunicación) «nada le impidió recabar de la Administración competente que se le proporcionara la herramienta adecuada» p ara proceder al borrado de estos datos antes de trasladar a las partes la resolución . A falta de esa herramienta también habría tenido la posibilidad, dice la vocal, «de convertir el documento a papel, eliminar del mismo lo extremos necesarios y, previo su escaneo, introducirlo nuevamente en el sistema de gestión procesal, trasladando el documento electrónico resultante, debidamente tratado, a la oficina de comunicación».
El informe señala que, a diferencia de los magistrados y letrados judiciales, el personal de las oficinas de comunicación no ha recibido formación o información sobre el expediente judicial electrónico y más concretamente sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), destinado a garantizar la integridad de los documentos judiciales a los receptores de los mismos, principalmente cuando se imprimen y se entregan en formato papel. La divulgación pública del CSV del documento fue precisamente lo que permitió el acceso a estos datos sensibles.
Traslado al Ministerio de Justicia
Cinto relata, además, cómo desde las 00.00 horas del día 26 de abril hasta las 23.59 del día 8 de mayo los registros de actividad de conexiones al servidor web detectaron 1.869 intentos de acceso, de los cuales 120 finalizaron en la descarga exitosa de un documento. No se han podido identificar los documentos concretos descargados.
La vocal propone que ese «funcionamiento irregular en materia de protección de datos» achacable a la letrada judicial se ponga en conocimiento del Ministerio de Justicia «a los efectos que en Derecho procedan». Fuentes jurídicas consultadas por ABC manifiestan que no creen que la responsabilidad de esta trabajadora se sancione con algo más que una advertencia.
Nuevas diligencias
En su reunión de este jueves, los miembros de la Comisión Permanente consideraron que, antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos, es necesario recabar más información . Así, ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la sede judicial electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.
El CGPJ también requerirá al gobierno foral para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo , y le pedirá información sobre los contenidos impartidos a los miembros de la carrera judicial y letrados judiciales.
Por último, requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra para que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.
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