Por qué el plan de Celaá para pasar de curso y obtener títulos oficiales va contra la ley educativa

Si bien estaba previsto que interviniera el ministro de Universidades, Manuel Castells, lo ha hecho la ministra de Educación, Isabel Celaá. También participó el ministro de Ciencia, Pedro Duque

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La ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo este viernes que no le corresponde al ministerio fijar el número máximo de suspensos para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. Lo mismo dijo en cuanto a pasar de curso en una entrevista concecida a Ep.

Celaá aludía al contenido del documento elaborado por el ministerio y presentado a las comunidades en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado miércoles. Según la ministra, el texto fue compartido en su filosofía por « todas las regiones sin excepción », aunque reconoció que algunas «mostraron su disconformidad con alguno de los puntos». Es el caso de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y País Vasco.

El documento señala lo siguiente en cuanto a la promoción en ESO y Bachillerato: « Las administraciones educativas podrán flexibilizar , de manera excepcional durante el curso 2019-2020, los criterios de promoción en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, y de primero a segundo de Bachillerato, sin tener en cuenta limitaciones que afecten al número de materias pendientes». Asimismo, el texto apunta que tampoco serán tenidas en cuenta las áreas pendientes para obtener el título en ESO y Bachillerato.

El problema del contenido de este documento viene cuando Celaá afirma que la legislación « sigue vigente » (Loe-Lomce). ¿Por qué? Porque esta norma fija claramente un número de asignaturas suspensas para pasar de curso o titular. Al mismo tiempo, la ministra recalca que ahora «el acuerdo establece que estamos en una situación de urgencia y por eso vamos a cuidar que los alumnos puedan superar su curso, no tanto por el número de asignaturas sino por cumplir los objetivos generales de una evaluación».

En la mecionada ley vigente, para pasar de curso en la ESO, el artículo 28 fija el número máximo de materias que tengan evaluación negativa en tres. En cambio, en Bachillerato se fija en dos (artículo 36). Para la obtención del título en Bachillerato no se puede tener ninguna suspensa (artículo 37) y en el caso de ESO, son solo un máximo de dos las permitidas siempre que no sean Matemáticas y Lengua simultáneamente (artículo 28).

La otra contradicción en la que entra la ministra es que la ley educativa es estatal, por lo que sí corresponde al Gobierno fijar los criterios para la obtención de títulos oficiales y para promocionar de curso. Sin embargo, dijo ayer que « no corresponde al ministerio fijar número de suspensos porque este acuerdo no altera la legislación básica ». También añadió que «el estado de alarma no ha suspendido para nada las competencias autonómicas».

En suma, persiste una enorme confusión y el riesgo evidente de que cada comunidad autónoma marque diferentes criterios para pasar de curso y obtener el título dando lugar a desigualdades territoriales. Pero, la ministra dijo en este sentido que «no hay desigualdades». El sindicato CSIF señaló en un comunicado que no solo la ley educativa obliga a Celaá sino la propia Constitución . Por su parte, Escuelas Católicas señaló a ABC que se vulnera la LOE y por eso exige al ministerio unos criterios uniformes para todas las regiones.

En la rueda de prensa intervino también el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque , que ha mostrado su optimismo ante la posibilidad de que la primera vacuna útil para el coronavirus se encuentre en España. Es más, Duque añadió que cree que un laboratorio del CSIC ya tiene un candidato o lo tendrá la semana que viene; concretamente, el de Mariano Esteban y Juan García Arraiz. «Me pareció -dijo-, aunque ellos son muy cautos, que ahí tendríamos ya un candidato a vacuna o si no lo tendremos ya la semana que viene».

El ministro aseguró también que su departamento había estado en contacto permanente con asociaciones científicas y con todas aquellas instituciones inmiscuidas en la investigación: «Toda persona de la comunidad científica que ha tenido una propuesta y nos la ha hecho llegar, esta se ha estudiado y ha formado parte de la decisión».

Quien iba a dar cuenta de las decisiones tomadas en su ministerio, era Manuel Castells, titular de Universidades. Diez minutos antes de comenzar la reunión

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