Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias irán a los tribunales en defensa de la ganadería y del mundo rural
La prohibición de la caza del lobo indigna al noroeste español
Las organizaciones agrarias exigen la dimisión de Teresa Ribera por su decisión «tendenciosa e ideológica»
Días antes incluso del plazo manejado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el lobo dejará de ser desde hoy una especie cazable en todo el territorio nacional para «indignación, frustración y desolación» de las comunidades loberas - Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria- y para las organizaciones agrarias que representan los intereses de los ganaderos que día sí y día también sufren los ataques de las manadas que siegan la vida de sus animales y que se ven ahora aún más indefensos . Alegría incontenible, en cambio, entre los ecologistas, que ven cumplida una demanda «histórica».
La prohibición del control cinegético solo afectaba hasta el momento a las poblaciones situadas al sur del Duero , ya incluidas desde hace años en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) al que entran ahora el resto de lobos existentes en el país que, en su inmensa mayoría, habitan en las regiones del noroeste español, que reaccionaron con inmediatez y enfado ante la «sinrazón» que supone la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las cuatro autonomías recurrirán -como ya anticiparon hace semanas- a la vía judicial para que la medida no entre en vigor, tanto con la petición de la suspensión cautelar de la misma como con demandas que buscan tumbar su contenido.
«Para hacer el caldo gordo a determinado ámbito ecologista se vulneran los intereses generales de las comunidades autónomas», denunciaba el consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones , por un cambio que «pone en riesgo la ganadería extensiva y lleva al abandono de los pueblos».
La medida tampoco ha sentado bien en Galicia , una comunidad que cuenta con más de 90 manadas y ha logrado equilibrar la actividad agroganadera con la protección de esta especie. La consejera de Medio Ambiente de la Xunta, la popular Ángeles Vázquez, mostró su «indignación» con una norma que «carece de sentido». Recurrirán esta decisión y reclamarán al tribunal que adopte medidas cautelares.
Mientras, el consejero de Medio Rural del Principado de Asturias, el socialista Alejandro Calvo, también adelantaba su recurso contra un decisión «innecesaria, precipitada y que impide la continuidad en la gestión». Desde Cantabria, el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco (PRC), aseguró que seguirá aplicando su Plan de Gestión del Lobo al menos hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la suspensión de la medida solicitada -junto a una demanda en el Contencioso- porque no hay «ninguna razón técnica ni científica» para incluir al cánido en el Lespre. «Esperemos que los jueces aprecien la injustificada medida y las irregularidades cometidas desde el inicio de la tramitación de la orden».
Pérdidas económicas
Desde las organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA acusaron al Gobierno de condenar a la ganadería a su «extinción» al blindar al lobo y de tomar una medida «urbanita e irresponsable» que causará «dolor y pérdidas económicas en el medio rural», por lo que piden «la dimisión» de la ministra Teresa Ribera . En un comunicado, acusaron al Ejecutivo de tomar la iniciativa «desde los despachos y no desde los pueblos» y concluir que se ha tomado una medida «tendenciosa e ideológica» basada «en una falsedad» como que el lobo está amenazado en España. Además, auguraron que los ataques al ganado «aumentarán» al igual que «las pérdidas de la ganadería» y «el despoblamiento».
Mientras, el Ministerio defiende que la decisión cuenta con el respaldo del informe del Comité Científico emitido en 2020, que entiende que hay un «estancamiento» de la población de lobo ibérico y «una congelación» de su área de distribución y lo achacan «a la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie». Según trasladó el departamento de Teresa Ribera, estos argumentos han sido aceptados por el Consejo de Estado , que en su dictamen considera «suficientemente motivada» la inclusión del conjunto de la población lobera española en el Lespre en virtud del principio de «precaución o cautela».
La excepción incluida en la Orden del Ministerio señala que «únicamente» podrán ser autorizadas «capturas y extracciones» de manera justificada «cuando todas la s medidas de prevención se hayan revelado ineficaces » y con «la garantía científica» de que «no comprometerán el buen estado de conservación» del lobo y «ante la evidencia de daños importantes o recurrentes en la actividad ganadera».
Mientras, las organizaciones ambientales celebraban ayer un «día histórico» e «importante para la conservación de la especie» en el que ven satisfechas sus reivindicaciones. Así, Ecologistas en Acción se felicitaba porque los gobiernos autonómicos ya no podrán establecer cupos de lobos para ser eliminados y subrayaba que a partir de ahora perseguir a un lobo pasará a ser un delito tipificado en el artículo 334 del Código Penal, que conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y una multa de ocho a 24 meses.
