Castellano a golpe de sentencia

Padres del colegio Josep Guinovart de Castelldefels pidieron a la Justicia el cumplimiento de su derecho constitucional

Imagen de la fachada de la escuela Josep Guinovart INÉS BAUCELLS

ESTHER ARMORA

Es una «rara avis» en el mundo educativo catalán. El colegio Josep Guinovart de Castelldefels (Barcelona) es la única escuela pública que ha reforzado el uso del castellano en casi todas sus aulas. Solo dos cursos, tercero de Educación Infantil (P3) y sexto de Educación Primaria, mantienen intacto el modelo lingüístico de inmersión: imparten todas las asignaturas en catalán, excepto Lengua y Literatura Castellana y Lengua Extranjera.

¿Por qué este centro ha modificado su plan de lenguas rompiendo el monolingüismo de la escuela catalana? Para acatar la ley. Casi una treintena de familias acudieron a los tribunales el curso pasado para exigir un derecho constitucional: que en el currículo de sus hijos tuviera más presencia el castellano . La justicia les dio la razón y obligó al colegio a que, en el aula en la que haya algún alumno avalado por la justicia, se imparta el 25 por ciento de las materias en castellano. Eso supone recibir una asignatura troncal más en español.

En base a este replanteamiento lingüístico, el centro imparte este año más castellano en todos los cursos excepto en P3 y sexto de Educación Primaria, etapas en las que varios padres también han acudido a la justicia y están a la espera de medidas cautelares. En el resto de cursos; en algunos casos hay una sola línea con el 25 por ciento más de castellano y, en otros, se han creado dos líneas; una con inmersión en catalán y otra con el refuerzo de español, lo que se conoce como doble vía lingüística.

Sentirse «señalados»

La escuela no ha tenido otra opción que cumplir los fallos (15 en total), aún temiendo que pudiera alterar la convivencia. Por desgracia, fue así. Empezaron a llover las sentencias y, según denuncian a ABC varios demandantes, pasaron a sentirse «señalados por el resto de familias». «Algunos padres empezaron a evitarnos y la escuela nos trató de una forma más distante», denuncia Dafne Ungerer, la primera madre que recurrió a la vía judicial . De origen argentino, Dafne pidió castellano para su hijo de seis años (1º de Primaria) y para su hija de siete (3º de Primaria). Aún no tiene sentencia, pero a sus hijos los han colocado en la línea de castellano. «Nos han agrupado a todos en una clase y en la otra a los que no quieren más castellano», apunta la madre. Lo peor que ha vivido es que a sus hijos «hayan dejado de invitarles a cumpleaños».

Rebeca Carpi, otra madre demandante, coincide con Dafne en que desde que la justicia les arropó se han sentido acosados por la comunidad educativa y los políticos. A Carpi las sentencias para sus dos hijos (uno en 1º de Primaria y otro en 3º) le llegaron hace escasos días. «Nuestra intención no ha sido nunca generar conflicto entre las familias. Solo pedimos que nos concedan un derecho que nos corresponde por ley», dice la madre.

El conflicto en el Josep Guinovart saltó al plano político este verano cuando el Ayuntamiento de la localidad aprobó una moción impulsada por su equipo de gobierno, liderado por el PSC, apoyando la inmersión. Los grupos del PP y Ciudadanos (C’s) presentaron una enmienda para defender el derecho de las familias que piden más castellano y pidieron que se las proteja del acoso. «Lo que se reivindica en la moción va en contra de la ley», ya que «pide que se ignoren los fallos judiciales», precisó a ABC la concejal popular, Mar Sicilia. Los padres se sintieron en el ojo del huracán. «Hemos tenido que oir que por nuestra culpa se ha roto la paz social», apuntan.

«Solo cumplimos la ley»

Desde la dirección del colegio niegan que haya conflicto social y aseguran que solo han cumplido la ley. Lluïsa Alonso, directora del centro, explica a ABC que antes de acudir a la justicia varios padres le reclamaron un refuerzo del castellano. «Les dijimos que no lo creíamos conveniente porque los resultados educativos demuestran que nuestros alumnos tienen un buen nivel de castellano», dice la directora. Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad que representa a las familias, la versión es distinta. «Se les han señalado desde dentro y desde fuera», dicen fuentes de la AEB.

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