El cardenal Becciu será procesado por malversación, abuso de poder y soborno
Hasta diez personas serán juzgadas en el mayor juicio en la historia de la Santa Sede a partir del 27 de julio
Poco a poco se aclara por qué él Papa Francisco obligó repentinamente en septiembre a Angelo Becciu, ex número 3 del Vaticano, a renunciar a sus derechos como cardenal. Becciu sólo pudo mantener el título. Y gracias a eso, a finales de julio se convertirá en el primer purpurado de la historia procesado por un tribunal civil del Vaticano. Los cargos son graves. Este sábado recibió la citación a juicio por «supuestos delitos de malversación de fondos, abuso de poder también en complicidad, y soborno» . Como principal afectada, la Secretaría de Estado, el departamento del que fue número 2, se ha constituido en la parte civil del proceso que se abrirá el próximo 27 de julio. Junto al purpurado se sentarán ante el tribunal otros nueve acusados, entre ellos los dos ex responsables de la AIF, el organismo de control financiero del Vaticano.
El centro del proceso es una opaca inversión de al menos 320 millones de euros de la Secretaría de Estado realizada con sus fondos reservados, cuando Angelo Becciu era el encargado de gestionarlos. Se trata de la compra del edificio de los antiguos almacenes Harrods en el número 60 de Sloane Avenue en Londres para convertirlos en apartamentos de lujo. Se calcula que en la operación el Vaticano ha perdido entre 88 y 174 millones.
La compra se hizo por etapas entre 2013 y 2018 al empresario italiano Raffaele Mincione, ahora acusado de estafa, y que en aquel entonces administraba cientos de millones de euros de fondos de la la Secretaría de Estado. Durante ese periodo, pidieron ayuda a varios intermediarios y expertos que se pusieron de acuerdo para desvalijar las arcas del Vaticano a través de comisiones millonarias. Para realizar la operación, el Vaticano invirtió al principio 200 millones de dólares en un fondo llamado 'Athena', sin saber que era de alto riesgo. Al darse cuenta tuvo que pagar casi 50 millones de euros para poder abandonarlo.
En esa operación fue de nuevo estafado pues, con la complicidad de un empleado del Vaticano, se le arrebató el control de la propiedad del edificio. Para recuperarlo debió añadir otros 15 millones de euros como compensación. Y por si fuera poco, el edificio estaba hipotecado y la secretaría de Estado tuvo que pedir en julio de 2019 un préstamo al Banco del Vaticano para no perderlo todo.
Pérdidas sustanciales
El director del banco sospechó de los «motivos institucionales» que justificaban la solicitud. Las presiones que recibió y las vagas respuestas a sus solicitudes de información aumentaron las dudas , por lo que lanzó una señal de alarma directamente al Papa.
Tirando de ese hilo, la gendarmería vaticana ha desvelado lo que los magistrados calificaron como «una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros, que han generado pérdidas sustanciales para las finanzas vaticanas , habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre».
El proceso será largo y promete sorpresas. Según explica el Vaticano en una nota, el papel del ex cardenal Angelo Becciu en esta historia es «un fuerte intento de despistar las investigaciones». Consideran que él está detrás de dos falsas ofertas de compra del edificio surgidas pocos días antes del interrogatorio a uno de los intermediarios, para ocultar que la inversión había sido desastrosa.
Además el Vaticano explica que Angelo Becciu «habría intentado» que «se retractase» la garganta profunda de esta historia, monseñor Alberto Perlasca pues como responsable de las inversiones de la Secretaría de Estado ha ayudado a reconstruir la compleja red de complicidades. A través de su obispo comunicó al monseñor que si no retiraba sus declaraciones «sería condenado al menos a seis meses de cárcel».
Los magistrados piensan que Angelo Becciu «dio su consentimiento decisivo» a la inversión «abusiva» de 200 millones de dólares procedentes del llamado Óbolo de San Pedro. «Lo hizo sin un mínimo de garantías y, sobre todo, sin ningún control para evitar que los donativos de los católicos hechos para obras de caridad se utilizaran para temerarias incursiones especulativas», escriben los magistrados.
Tiendas de lujo en Italia
Otros cargos contra Becciu se refieren al pago de 575 mil euros a una supuesta «agente secreta» llamada Cecilia Marogna que lo convenció de que trabajaba para liberar a misioneros secuestrados. Sin embargo, «los utilizó en su casi totalidad para compras» en tiendas de lujo de Italia.
También acusan al ex cardenal de haber presionado a la Conferencia episcopal italiana para que entregara otros 600 mil euros, y entregado 225 mil euros de la Secretaría de Estado, como donativos a la cooperativa social de su hermano Antonino Becciu. En opinión de los magistrados, parece demostrado que esas donaciones no se usaron «para los fines benéficos a las que estaban destinadas». Por ejemplo, una parte se empleó como préstamo a la sobrina del purpurado que quería comprarse una casa.
Paradójicamente, serán procesados quienes durante esta operación eran los dos principales responsables de la AIF, el departamento de vigilancia de las operaciones financieras del Vaticano. Según el auto, René Brülhart, ex presidente, y Tommaso Di Ruzza, antiguo director «descuidaron las anomalías de la operación de Londres -de las que habían sido inmediatamente informados». Además, tuvieron «una función decisiva en la liquidación de los créditos» de uno de los intermediarios.
El tribunal asegura que los actuales responsables de la Secretaría de Estado Vaticana, el cardenal Pietro Parolin, y su número dos Edgar Peña Parra, cuya firma autorizaba muchas de estas operaciones «no fueron efectivamente informados ni plenamente conscientes de los efectos jurídicos que tendrían esas acciones».
La compleja investigación vaticana ha durado casi dos años y ha precisado la colaboración de autoridades de Italia, Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza. Además, «está directamente conectada con las indicaciones y reformas del Papa para el saneamiento y la transparencia de las finanzas vaticanas». Según el fiscal, precisamente esa tarea «fue contrarrestada por estas actividades especulativas ilícitas y perjudiciales para la reputación» de organismos de la Santa Sede.
Por si acaso, desde febrero el Papa retiró a la Secretaría de Estado el control de sus fondos reservados. Ahora dependen del llamado APSA, Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, y cada euro gastado debe superar varios filtros de control, entre ellos la autorización de la Secretaría de la Economía. No se puede asegurar que no habrá nuevos casos de estafadores, pero al menos sí que tendrán más difícil desvalijar el Vaticano.
«Soy víctima de complot»
El cardenal Angelo Becciu asegura que es «víctima de un complot» y que desde hace tiempo esperaba conocer las acusaciones «para poder defenderme y demostrar mi inocencia».
«En estos meses se ha inventado de todo sobre mí», escribe a través de su abogado. «He sufrido en silencio también por respeto y tutela de la Iglesia, a la que he dedicado toda mi vida. Sólo considerando esta gran injusticia como una prueba de fe puedo encontrar la fuerza para luchar esta batalla por la verdad», asegura.
«Por fin está llegando el momento de que se aclare todo y de que el Tribunal pueda averiguar la absoluta falsedad de las acusaciones contra mí y las oscuras tramas que evidentemente las han sustentado y alimentado», concluye.
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