El cáncer atemoriza a Andújar, la ciudad del uranio
Vecinos relacionan la enfermedad con la escombrera de residuos radiactivos
El marido de Carmela García trabajaba en una empresa de aceite próxima a la fábrica de uranio de Andújar: murió joven a causa del cáncer. La misma enfermedad mató a media docena de amigos de Pablo, que relaciona la patología que sufrieron con la exposición de la ciudad a la radiactividad. Coincide con él Carmen Rodríguez, que hace hincapié en la preocupación de los iliturgitanos por la presencia de la escombrera de residuos. José, que vive al lado de este cementerio, sintetiza el temor de los vecinos con una frase lapidaria: «Aquí no se va a librar nadie».
Por lo pronto, no se ha librado más de un centenar de los 126 ex trabajadores de la fábrica. La viuda de uno de ellos, María Estrella Lopera Mena, recuerda lo bien que le iba al matrimonio hasta que su marido recibió una oferta que no podía rechazar. «La FUA pagaba unos sueldos altísimos para la época», explica Manuel Vázquez Prieto, abogado de los ex empleados que litigaron para obtener el reconocimiento de enfermedad profesional . El esposo de María trabajaba en un taller antes de firmar el contrato con la empresa: «Si hubiera seguido en él no se me habría muerto hace 26 años, poco antes de cumplir los 60». De cáncer, por supuesto.
María, que también está enferma, lavaba en casa, junto a la ropa de color, el mono de trabajo de su marido, quien comía en la propia fábrica. En concreto, en una dependencia que antes había sido utilizada como almacén de bidones de uranio. El almuerzo se lo llevaba de casa, pero allí ingería productos de un huerto que cultivaban directivos de la empresa en el terreno de la fábrica, del que recolectaban tomates gigantescos y hortalizas de un enorme tamaño. «Todos comían de la huerta y casi todos han muerto. Ya sólo quedamos las viudas. Y cada vez somos menos».
En su despacho de abogados Manuel Vázquez hojea el informe en el que consta el nombre de las viudas que en 2008 pleitearon para que los tribunales admitieran la relación entre el trabajo de sus esposos y el cáncer, del que responsabilizan a quienes entre 1959 y 1981 dirigieron la empresa por propiciar que manipularan el metal radiactivo sin medidas de seguridad. El letrado, que desconoce cuántas viudas han muerto desde entonces, está más al día del fallecimiento de los ex trabajadores. Tras leer una lista con sus nombres, resalta que a 3 de ellos los ha matado recientemente el cáncer . Y el resto, hasta 20, aguarda su llegada con resignación y sin apenas esperanza en percibir una pensión compensatoria del Estado que obsequió a Andújar con una fábrica que, según resalta María, ha exterminado a la plantilla.
Los ciudadanos consultados, que comparten el criterio de la viuda, consideran que la radiación está detrás de cada cáncer. «No sabemos hasta qué punto es cierto, pero lo cierto es que los vecinos estamos atemorizados», asegura Óscar, uno de ellos, mientras asiente su madre, cuyo marido, que no tenía relación laboral con la fábrica de uranio, murió de esta enfermedad. «No creo que sea casualidad», asegura, en tanto que a su lado una mujer joven, Carmina, ironiza sobre el ahorro que supone para la Seguridad Social la mortandad de personas que no han cumplido la edad de jubilación: «En esta ciudad las pagas no se cobran». Para esta vecina, la presencia de la nuclear, como denominan en Andújar al descampado donde se han enterrado los residuos, es un peligro difícil de eludir al que dan la importancia debida las administraciones.
En este sentido, Pablo, también iliturgitano, asegura que los partidos políticos han intentado ocultar sistemáticamente el riesgo que para la población supone la presencia del cementerio de residuos de uranio a un par de kilómetros de la ciudad. José, por su parte, que reside a escasa distancia, está convencido de que tarde o temprano él también será víctima del cáncer. «No tengo miedo, pero no es justo».
«No buscan dinero, sino justicia»
Manuel Vázquez Prieto, abogado de los ex trabajadores de la fábrica de uranio de Andújar, admite que los pocos que viven están cansados de combatir. No le extraña: hasta ahora han perdido todas las batallas judiciales. A la plantilla le queda una bala jurídica que gastará previsiblemente en un tribunal internacional. «Ya no buscan dinero, sino justicia», aclara el letrado, quien sugiere que sobre determinados procesos en los tribunales pendió la sombra política.
«No es lógico que archivaran la causa con tanta prisa y que no se hiciera caso a un informe médico avalado por la propia Junta de Andalucía que relacionaba la exposición al uranio con sus enfermedades». En su opinión, el problema no era económico, porque indemnizar a menos de un centenar de trabajadores no es gravoso para el Estado, sino de imagen. Asegura que el reconocimiento de la enfermedad profesional habría aclarado a la población que convivía junto a una empresa potencialmente peligrosa para la salud.
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