El Senado pide acusar a Bolsonaro de homicidio por la gestión de la pandemia
Propone una investigación contra el presidente por rechazar deliberadamente ofertas tempranas para comprar vacunas, retrasando así la campaña de inoculación y costando la vida de unas 95.000 personas
Tras seis meses de audiencias con testigos de todos los tintes políticos, médicos y víctimas del coronavirus, los senadores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre la pandemia recomendaron en un informe que el presidente Jair Bolsonaro sea responsabilizado por «crímenes contra la humanidad» , por apostar en la tesis de «inmunidad de rebaño» y permitir que el Covid-19 se propagase y matase a más de 600 mil brasileños. Según el informe, Bolsonaro sería efectivamente culpable por al menos 120 mil de esas muertes.
Los senadores presentarán el informe de 1.200 páginas a diferentes órganos como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas y la Corte Internacional de La Haya, que podrán proseguir las investigaciones y presentar cargos a partir de las pruebas recogidas en las audiencias. Las recomendaciones incluyen pedidos de cargos penales contra 65 personas, entre ellos, los tres hijos mayores de Bolsonaro, el exministro de Sanidad, Eduardo Pazuello, el excanciller Ernesto Araújo, y dos empresas.
El relator, Renan Calheiros, presentó al Congreso un resumen del informe con nueve cargos, entre crímenes comunes y contra la humanidad. «Con este comportamiento el Gobierno Federal, que tenía el deber legal de actuar, consintió con la muerte de brasileños», dijo el senador que acusó a Bolsonaro de actuar deliberadamente para retrasar la compra de vacunas contra el Covid-19.
Entre las recomendaciones del informe constan: crimen de epidemia con resultado de muerte; infracción a medidas sanitarias efectivas por promover aglomeraciones y no usar mascarilla; charlatanería por hacer propaganda de remedios ineficaces; prevaricación; malversación de fondos; incitación al crimen por estimular a la población a no vacunarse; falsificación de documentos; crimen de responsabilidad y contra la humanidad.
Fue durante la CPI, por ejemplo, que se descubrió el uso de «cobayas humanas» para probar remedios ineficaces apoyados por el gobierno, en hospitales públicos y privados, como la cadena Prevent Senior, y casos de corrupción como los intentos de funcionarios públicos de comprar vacunas por el triple de su valor. Durante meses la comisión fue uno de los asuntos más comentados por los brasileños, con transmisión casi diaria y en vivo, de testimonios conmovedores e impactantes.
Peso simbólico
Entre las conclusiones, el informe dice que Bolsonaro retrasó la compra de vacunas; fue asesorado por un gabinete paralelo que recomendaba remedios sin evidencias científicas; apostó en la «inmunidad de rebaño» creyendo que un número alto de contagios sería la solución , y promovió por ello la circulación del virus en aglomeraciones sin uso de máscaras. El senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente, dijo que el informe es débil y no tiene «ninguna base jurídica».
De hecho, la CPI no tiene poder para culpar a Bolsonaro, pero ha tenido un peso simbólico con efectos en la popularidad del presidente, con un 22%, la más baja desde su elección en 2018. Candidato potencial a la reelección, Bolsonaro tiene pocas chances en este momento de reelegirse y trata de aprobar un auxilio financiero a los más pobres en busca de votos.
Los efectos del informe, sin embargo, dependen de acciones en órganos en los que Bolsonaro tiene fuerte influencia. En la Fiscalía, por ejemplo, el presidente eligió a Augusto Aras, un hombre de su confianza, atropellando el ritual tradicional de aceptar la lista sugerida por los fiscales. El mandatario también tiene gente suya en cargos importantes de la policía y en el Congreso, donde mantiene apoyo suficiente para evitar su destitución y el respaldo del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira.
En la propia comisión, formada por 11 senadores, siete de ellos opositores a Bolsonaro, no hubo consenso sobre la recomendación inicial del relator de imputarle al presidente los cargos de homicidio en masa y genocidio contra las problaciones indígenas de la Amazonía, donde en algunas regiones se registraron hasta el triple de las muertes sobre el promedio nacional.
El presidente de la CPI, Omar Aziz, declaró en entrevista a O Globo que Bolsonaro cometió crímenes graves contra la humanidad, pero no genocidio. «Bolsonaro promovió aglomeraciones a propósito, Bolsonaro predicó la inmunización de rebaño, predicó la medicina no comprobada, fue un charlatán recetando medicinas sin eficacia... Así que tiene delitos graves, sólo que el genocidio es mucho más serio que todo eso», explicó.
Desde la llegada de la pandemia en Brasil, Bolsonaro no le dio importancia al tema, fue contra las medidas de aislamiento social, el uso de máscaras, defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina y la cloroquina, y dice públicamente que no se vacunó ni se vacunará. Dos ministros renunciaron en el auge de la pandemia por discordar del presidente, y la situación empeoró, al punto de faltar oxígeno en hospitales de la Amazonía por negligencia del Gobierno, como apunta la investigación.
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