Belarra alcanza un acuerdo con las comunidades para la acogida de 200 menores que migraron solos a Ceuta
El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado este martes el plan de acogida y el reparto de un crédito extraordinario de 5 millones de euros para financiarlo
El Consejo Territorial de Servicios Sociales ha aprobado la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para acoger en la península a 200 menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta , dando respuesta así a la crisis migratoria que atraviesa el país.
La ministra Ione Belarra ha destacado que con este acuerdo las comunidades autónomas «están demostrando una altura política y una enorme responsabilidad para afrontar una crisis humanitaria que no tiene precedentes ». También ha explicado que desde el Gobierno de España «hemos estado concentradas desde el primer momento para tratar de dar una solución de acuerdo a los derechos humanos, de los derechos de los niños y niñas. En eso hemos estado trabajando y me alegra poder comunicarles este acuerdo que va a permitir que casi 200 menores sean acogidos».
El plan impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 permitirá acoger a menores que ya están asentados en centros de Ceuta, de tal forma que se pueda atender «de forma más adecuada» a los recién llegados.
Reparto por comunidades
Según el listado publicado por el ministerio el reparto queda de la siguiente manera: Andalucía acogerá a 13 niños, Aragón 9, Asturias 11, Baleares 11, Cantabria 7, Castilla y León 18, Castilla-La Mancha 14, Cataluña 15, Comunidad Valenciana 13, Extremadura 11, Galicia 20, Comunidad de Madrid 20, Murcia 7, Navarra 6, País Vasco 8 y La Rioja 17.
Sin embargo, dadas sus capacidades actuales, La Rioja acogerá únicamente a 5 de los 17 menores que le corresponden de acuerdo a los criterios utilizados. Los restantes 12 menores los asumirá solidariamente –en un esfuerzo adicional– la Comunitat Valenciana.
Asimismo, el plan ha definido unos criterios de acogida solidaria que también han sido aprobados. El criterio de partida es el de la población de cada comunidad, que es ponderado para atender a otras dos circunstancias: por un lado, la situación económica y la tasa de paro , de forma que aquellas comunidades con mejor situación económica y laboral reciben un porcentaje mayor. Por otro lado, se tiene en cuenta el esfuerzo que actualmente está haciendo cada comunidad en la acogida de estos niños, niñas y adolescentes, en relación con su población, incluyendo la oferta solidaria que ya han realizado para acoger menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias .
Según explica el ministerio en una nota de prensa, el 25% de las plazas se han repartido en proporción a la población total de cada comunidad. El otro 25% en función de la mejor situación económica y laboral (12,5% renta per cápita, 12,5% tasa de paro). Y para el 50% restante se ha tenido en cuenta a las comunidades que en el segundo semestre de 2020 tenían acogidos menos menores migrantes no acompañados (en función a su población), añadiendo para este cálculo la oferta para acoger menores de Canarias.
Financiación extraordinaria
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aportará cinco millones de euros de su presupuesto, dotados mediante un crédito extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros, para contribuir a la financiación de estos traslados.
De esta cantidad, 500.000 euros corresponderán a la Ciudad Autónoma de Ceuta , para la atención de las necesarias obligaciones derivadas de los traslados y el acompañamiento socioeducativo de las personas menores de edad hasta sus nuevas residencias en la península, y el resto se distribuirá entre las comunidades autónomas en proporción al número de niños, niñas y adolescentes que acojan.
Belarra ha indicado que la situación que se está viviendo en Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, «ponen de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso» (criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de actuación y un modelo compartido de atención, cuando menos).
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