Barcelona veta 50.000 coches en un área similar al de veinte Madrid Central
Furgones y camiones tendrán una moratoria de un año en una restricción que se pondrá en marcha en enero y por la que habrá multas de hasta 1.803 euros
Barcelona arranca el curso político lanzándose de cabeza a uno de sus planes estrella del mandato, la implantación el 1 de enero de una gran Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que abarcará prácticamente toda la ciudad, con una extensión 20 veces superior al controvertido Madrid Central . Si el proyecto madrileño concentraba el veto en la zona más comercial y turística, el proyecto de la Ciudad Condal es menos restrictivo en cuanto al volumen de vehículos vetado pero mucho extenso en cuanto a superficie y sentencia de muerte a los vehículos más contaminantes, aquellos que no tienen la etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), que quedarán vetados todos los días laborables del año entre las 7 y 20 horas .
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«No es una medida contra nadie, sino a favor de la población », se escudó ayer la alcaldesa Ada Colau. La reducción de la contaminación ya fue una de sus luchas en el pasado mandato, con los polémicos aumentos de carriles bici, calles con límite de 30 kilómetros por hora y «supermanzanas» sin coches . La nueva iniciativa castiga especialmente a aquellos que tienen más dificultades para renovar su transporte:entre los afectados hay, a modo de ejemplo, familias con rentas bajas o autónomos que utilizan furgonetas que no cumplen con los mínimos ambientales. A pesar de las campañas informativas, ayudas y mejora del transporte público que el Ayuntamiento promete, no hay concreciones. La controversia parece asegurada.
125.000 coches menos
Precisamente para perjudicar lo mínimo a los afectados, el Ayuntamiento avanzó que aunque las restricciones entrarán en vigor el próximo 1 de enero, las multas no empezarán a ponerse hasta el 1 de abril, con objeto de que que el conductor asimile la normativa. El área vetada es de unos 95 kilómetros cuadrados –toda la ciudad excepto la Zona Franca y los barrios de Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes– y afecta también a parte de cuatro municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá de Llobregat, Esplugas de Llobregat y San Adrián del Besós).
De hecho, la restricción que implanta Barcelona se parece a las que otras capitales europeas ya han aplicado con éxito, aunque no sin dudas iniciales. Londres, Berlín, Amsterdam o Roma son algunas de los ejemplos en los que Barcelona se ha fijado. Se prevé que en un primer momento unos 50.000 vehículos dejarán de circular por la ciudad y que en cuatro años el parque circulante se habrá rebajado en unos 125.000 vehículos.
Ayer también se conoció el importe de las multas , que irán de los 200 a los 1.803 euros y que el Ayuntamiento, en un afán por minimizar las quejas y los problemas, impulsará una moratoria de un año para los vehículos de transporte de mercancías y aquellos usados con fines profesionales. No tendrán la misma suerte las motos o turismos «sucios». A ellos, el Ayuntamiento les permitirá circular con autorización únicamente un total de diez días al año.
Se espera que la medida consiga a corto plazo rebajar las emisiones del 15% de NOx y del 6% de CO2 en la ciudad de Barcelona y que en quince años ambos porcentajes se hayan reducido en un 30%. «Con la contaminación nos jugamos literalmente la vida. Por eso, esta medida es un cambio de paradigma que marcará un antes y un después . Ya no hay marcha atrás», remarcó Colau. El plan tiene que quedar recogido en una ordenanza que en principio quedará aprobada en diciembre.
Mejoras pendientes
Las ZBE se enmarcan, además, dentro del acuerdo institucional del Ayuntamiento con el Área Metropolitana de Barcelona y la Generalitat. Su consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, anunció ayer la intención de extender estos vetos al coche en todas las grandes ciudades. Las tres instituciones , además, coincidieron en remarcar que el proyecto irá acompañado de una mejora sustancial en el transporte público, que por el veto puede llegar a ganar unos 20.000 usuarios .
Más allá de sus palabras y deseos no hubo concreción de ello. De hecho, mejoras históricamente demandadas como la puesta en marcha del tramo central de la Línea 9 de Metro , la conexión del tranvía, el aumento de la velocidad de los autobuses y de la frecuencia de paso en el Metro y Cercanías siguen sin resolverse. El Ayuntamiento y la Generalitat, esto tampoco es novedad, se escudan en que necesitan presupuestos y la ayuda del Estado para hacerlas realidad.
Precisamente, la falta de concreción en el plan de ayudas y de mejora del transporte públic, fue una de las principales quejas de la oposición:el PP exigió incentivos antes que sanciones y JpC, ayudas para renovar los vehículos. Entre el sector también hay dudas:recientemente, el RACC pidió abiertamente un plan de incentivos para los propietarios de coche sin etiqueta.
