Baleares se planteó pedir la devolución de los bienes públicos registrados por la Iglesia
La proposición originaria, presentada en 2016 por MÉS y Podemos, no contó finalmente con los apoyos parlamentarios necesarios para poder ser aprobada
La posibilidad de que el Gobierno central pueda llevar a cabo una nueva «desamortización» de los bienes de la Iglesia cuenta con un antecedente legislativo en Baleares, ya que la Cámara regional se planteó a lo largo de 2016 y 2017 la opción de instar al Ejecutivo autonómico a que solicitase a las Diócesis de Mallorca, Menorca e Ibiza la devolución de los bienes inmatriculados por la Iglesia. Esa opción no contó finalmente con los apoyos parlamentarios necesarios y no pudo salir adelante.
La proposición no de ley originaria había sido presentada en julio de 2016 por la entonces diputada de MÉS por Mallorca Margalida Capellà y por el entonces diputado de Podemos Baltasar «Balti» Picornell, que todavía no había accedido a su actual cargo de presidente del Parlamento balear. En la presente legislatura, MÉS forma parte del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol, mientras que Podemos le da a Armengol un apoyo parlamentario externo. Pese a esa circunstancia, en este caso concreto el PSOE optó en aquel momento por no suscribir ni avalar públicamente la proposición no de ley que habían presentado sus dos socios.
El propósito esencial de la propuesta de MÉS y de Podemos, que inicialmente constaba de nueve puntos, era «reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia Católica en las Islas Baleares» en las últimas décadas. Cabe recordar que la inmatriculación de bienes es la inscripción de fincas o de edificios que carecen de antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad. Dicha inscripción no supone aún la escrituración del inmueble, por lo que la inmatriculación no genera por sí misma el título de propiedad, sino que asigna sólo un antecedente registral.
Poco después de que MÉS y Podemos hubieran presentado su proposición en rueda de prensa , el Obispado de Mallorca emitió un comunicado en el que explicaba que, «al amparo de la normativa singular» que el Gobierno aprobó en 1998, inscribió en el Registro de la Propiedad determinados bienes «precisamente porque eran suyos». En ese sentido, se indicaba que «por eso no es acertado pretender hacer ver lo contrario : que la Iglesia Católica adquirió la propiedad de los inmuebles porque gracias a ese procedimiento especial los inscribió a su favor».
Un debate controvertido
Tras varios meses de tramitación y de negociación parlamentaria, la proposición originaria de MÉS y de Podemos experimentó varios cambios relevantes. Así, se reconvirtió en una iniciativa centrada esencialmente en instar a poner en marcha diversas actuaciones para poder contar con un listado de los bienes inmatriculados por parte de la Iglesia en las últimas décadas. Tras las diversas modificaciones y supresiones habidas en el texto originario, la proposición fue aprobada en su actual redacción en febrero de 2017. El PSOE finalmente la apoyó, mientras que Proposta per les Illes y Ciudadanos la avalaron parcialmente. El PP, por su parte, votó en contra.
El texto finalmente aprobado constaba sólo de cinco puntos, en lugar de los nueve previstos inicialmente. En el primero, la Cámara instaba al Govern a recabar del Decanato del Registro de la Propiedad de Baleares «todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en Baleares desde 1946 hasta hoy». En el segundo punto, se instaba igualmente al Ejecutivo regional a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un listado de todos aquellos bienes que desde 1978 habían sido inmatriculados en favor de la Iglesia en el Archipiélago. El tercer punto recogía que a continuación se elaboraría un estudio sobre los efectos de las inmatriculaciones sobre los bienes de interés cultural.
En el punto cuarto de la citada proposición se instaba al Govern a «colaborar en todos aquellos procedimientos judiciales iniciados a instancias de entidades locales» que tengan por objetivo «la recuperación de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia». En el quinto y último punto , se instaba finalmente al Ejecutivo regional a «establecer líneas directrices para una correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes que haya podido inmatricular la Iglesia convirtiéndolos en privativos».
Durante el debate de la proposición en la Cámara regional, se vivieron varios momentos de tensión, en especial cuando el diputado del PP Antoni Camps acusó a Podemos y a MÉS de ser de «extrema izquierda» y de tener una actitud «anticlerical y guerracivilista». Asimismo, Camps dijo que la citada moción tenía un ánimo «vengativo y revanchista» contra la Iglesia. Por su parte, la entonces portavoz de Podemos, Laura Camargo, rechazó dichas críticas y acusó a Camps de ser un «trumpista» —en referencia a Donald Trump— y un representante de «la extrema derecha de este país».
Noticias relacionadas
