Las asociaciones católicas recelan de las palabras de Celaá sobre la educación concertada

Los defensores de la enseñanza concertada recelan de las palabras de calma que pronunció este viernes la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá , tras el Consejo de Ministros. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, subrayó en la Cadena Cope que las palabras de la ministra se explican por el anteproyecto de reforma educativa «que duerme en el Congreso» y que pretende suprimir «la demanda social» como criterio para la creación de nuevos centros concertados.

Por su parte, Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas (EC), relató a ABC que mantienen «la preocupación respecto a los planteamientos de la ministra en cuanto al derecho de los padres a elegir centro y que ese derecho se tenga en cuenta a la hora de programar puestos escolares».

La Confederación Española de Centros de Enseñanza manifestó ayer en un comunicado que «es difícil imaginar libertad de educación sin libertad de elegir colegio» y que es un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En la misma línea se pronunció la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Sostienen, además, que «la libertad de enseñanza sí está protegida por el artículo 27 de la Constitución» y que «es necesario un gobierno que extienda el derecho a la libertad de educación, no que lo recorte». Desde la asociación aseguran que « elegir el tipo de educación solamente puede ser efectivo si el Estado garantiza el acceso a la misma en condiciones económicas similares» y han recordado que solo esta fórmula «permite hacer compatibles principios como el de la gratuidad y universalidad de la educación en sus niveles básicos».

El Partido Popular anunció ayer una ofensiva parlamentaria en defensa de la libertad educativa y la formación ya ha elaborado una moción para presentarla en las Cortes, ayuntamientos y comunidades autónomas. Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP, destacó en declaraciones a ABC que Celaá pretende «limitar los derechos de las familias para que sea la administración la que decida».

Dentro del grupo socialista también hay detractores de las palabras de la ministra. Este viernes, el Gobierno de Castilla-La Mancha señaló que desde que Emiliano García- Page es presidente la educación concertada no ha estado «en peligro».