La Asociación de Bioética de Madrid denuncia que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas»
Considera que tratarla como «muerte natural a todos los efectos promueve abusos y no es garantista»
Los propios socios del Gobierno de coalición reconocieron la semana pasada «la poca calidad legislativa» de la futura ley orgánica de regulación de la eutanasia durante la reunión de la Comisión de Justicia en el Senado. No han sido los primeros, pero tampoco los últimos. La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid (Abimad) acaba de señalar que tal como está redactada la proposición de ley permitirá que se realicen «eutanasias no solicitadas», al considerarla «como muerte natural a todos los efectos».
En un informe titulado 'Diez críticas y carencias para una enmienda a la totalidad', esta asociación médica señala que tratar la eutanasia como muerte natural puede «promover abusos y no es garantista». Además, empuja a «una falsedad de documentos oficiales» e impide «el adecuado registro de la causa de su muerte y su cuantificación».
En Holanda, el médico que ha llevado la solicitud de la prestación de ayuda a morir del paciente no puede hacer el certificado de defunción. La ley le obliga a informar al forense y es el forense quien confirma que la persona a la que se ha practicado la eutanasia cumple con los requisitos. En caso de no cumplirlos está obligado a denunciar el caso al Ministerio Fiscal.
En España, la actual proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia la considera directamente muerte natural a todos los efectos y no recoge ninguna indicación sobre quién debe realizar el certificado de defunción . Solo especifica que una vez practicada la eutanasia se deberá enviar al Comité de Evaluación y Garantía dos documentos con los datos y los detalles del proceso. Eso es todo.
Otro de los puntos polémicos para la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid es la falta de garantías que la norma establece para que la decisión de morir sea realmente «libre, voluntaria y consciente». Según recuerdan este déficit se podría corregir con una «certificación notarial del consentimiento».
«Este requisito ausente permitiría evitar irregularidades tales como muertes inducidas en la población más vulnerable (ancianos, demencias, personas ingresadas...) ya que se han constatado en países con eutanasia legal, por las propias Comisiones de Control y publicado en publicaciones científicas, eutanasias no solicitadas, uno de los efectos más nocivos y temibles que ocurren cuando se legaliza la eutanasia», afirma esta organización médica.
En la misma línea que el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem), el Abimad considera además «muy breve» el plazo de quince días naturales que plantea la nueva norma para presentar las dos solicitudes de eutanasia.
El articulado del 'nuevo derecho a morir' precisa además que se podrá recortar ese plazo «a cualquier periodo menor» si «consideran inminente» la pérdida de «la capacidad del paciente para dar su consentimiento». En esas situaciones, la eutanasia también se podrá practicar «sin la verificación previa», es decir, el médico se podrá saltar también el último plazo de 24 horas que se otorga al paciente antes de la eutanasia para que decida «si desea continuar o desistir».
La Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid tilda de «preocupante ese atajo» al otorgarle al médico «poder ilimitado y sin control». «Las irregularidades están servidas», apunta. Además, subraya que en caso excepcional de muerte inminente, «estaría indicada la sedación paliativa» para aliviar los posibles síntomas refractarios «sin ser necesaria la anticipación de la prestación de ayuda a morir».
El Abimad también llama la atención sobre «la debida observación y apoyo» por parte del médico «hasta el momento de su fallecimiento» después de haber prescrito al paciente la sustancia para que se practique el suicidio asistido. En los países en los que está regulado el suicidio asistido, como Oregón, se ha visto que el 35 por ciento de los casos finalmente no toman el fármaco letal. Por ello, la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid subraya que «mantener por parte de los profesionales esa vigilancia hasta su fallecimiento» podría considerarse como una «forma de coacción para llevar a cabo la autoadministración de la medicación letal».
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