El alto tribunal pide al Gobierno británico que ataje ya la contaminación

El Parlamento Británico reconoció la pasada primavera que la contaminación atmosférica en el Reino Unido es «una emergencia pública nacional». La polución provoca hasta 50.000 muertes prematuras al año y le cuesta a las arcas públicas 27.500 millones , según datos del propio Gobierno. La capital Londres, tras su fachada verde, es una bomba para la salud. Calles como la milla de oro comercial de Oxford Street baten records de dióxido de carbono (CO2), con una media de 135 miligramos de CO2 por metro cúbico de aire, el triple del tope de seguridad de la UE.

Este miércoles, por segunda vez en dieciocho meses, el Alto Tribunal, la segunda mayor instancia judicial británica, ha llamado al orden al Gobierno por no tomar medidas y lo insta a que actúe de inmediato. Theresa May ha respondido con una declaración voluntarista en el Parlamento, aunque sin anunciar medidas concretas: « Nadie en el Parlamento duda de la importancia de la calidad del aire . Tomaremos medidas. Hay que hacer más y lo haremos».

La corte de justicia da la razón por segunda vez a una denuncia de Client Earth, un grupo de abogados ecologistas. En su fallo de abril del 2015, los jueces exigieron un plan de actuación al Gobierno antes de diciembre de ese año. Pero el Ejecutivo no hizo nada . De hecho, el tribunal lo acusa de infravalorar lo que contaminan los vehículos diésel, que es más de lo que se suponía, en parte por el trucaje de los filtros de algunos fabricantes como Volkswagen. La nueva admonición ha sido tomada por unanimidad de los jueces de la corte y el fallo no será recurrido por el Gobierno, que asume su inoperancia.

Meses atrás se barajó un plan para gravar a los coches diésel que entran en capitales muy castigadas por los malos humos, que son sobre todo Londres, Birmingham y Leeds. Pero fue frenado por el Ministerio de Economía, que alegó que se dañaría a la industria automovilística y se enfurecería a los conductores . El Ejecutivo si puso en marcha un proyecto para crear « zonas de aire limpio » en seis ciudades. Pero en el caso de Londres, donde se habla de 9.500 muertes prematuras al año, se asume que no se logrará adaptarse a las exigencias sobre emisiones de CO2 de la UE hasta 2030 (fecha en que se supone que el Reino Unido llevará más de diez años fuera de ella).

Entre las ideas que contribuirían a un aire más sano se cita la de proscribir los taxis diésel, gravar con nuevos impuestos el acceso al centro de los vehículos de ese tipo, limitar la circulación de autobuses y fomentar que los ciudadanos utilicen la bicicleta y caminen más.

Boris Johnson, anterior alcalde de Londres, pese a ser un ciclista habitual, nunca se tomó en serio el problema de la contaminación. De hecho reintrodujo los autobuses de dos pisos, muy nocivos, y puso en dudas los estudios universitarios que alertaban de la gravedad de la situación en calles tan comerciales como Oxford Street y Knightsbridge.