Alemania legisla un rescate para su sistema sanitario

El Estado pagará a los hospitales entre 360 y 760 euros por cama y día de pacientes Covid

La canciller alemana Angela Merkel el pasado día 9 , tras conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos REUTERS

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La segunda ola está golpeando a Alemania como nunca antes desde el inicio de la pandemia, con 23.542 nuevos casos en las últimas 24 horas y superados los 12.200 muertos. Por primera vez la capacidad de camas UCI con respirador será puesta a prueba en las próximas semanas y el gobierno de gran coalición de Angela Merkel intenta anticiparse al colapso con una reforma legal que las cámaras parlamentarias tramitarán la próxima semana y que podría entrar en vigor en diciembre.

Para que los hospitales puedan concentrarse en los pacientes con diagnóstico de coronavirus, la reforma dispondrá que cancelen tratamientos y operaciones menos urgentes y reciban una compensación por los ingresos que pierdan a causa de esas cancelaciones. Estas compensaciones surgen de las recomendaciones de un consejo asesor creado por el Ministerio Federal de Salud «sobre las medidas necesarias para fortalecer los hospitales en el contexto de la pandemia de corona».

Intervenciones no prioritarias pospuestas

El borrador de la ley establece que «el número de casos de Covid-19 en los hospitales aún puede aumentar en las próximas semanas». Requiere que los centros hospitalarios puedan «posponer las intervenciones que no son prioritarias, según consideraciones médicas individuales, y desplegar el personal a su disposición para atender los casos de coronavirus ».

La pérdida de ingresos resultante se compensaría en virtud de la nueva Ley de Régimen Hospitalario, pero solo a partir del próximo año, para preservar el actual estado de liquidez de las cajas del seguro médico. A diferencia de la pasada primavera, no habrá ya «bonificaciones de reserva» de tarifa plana para las camas reservadas para casos de Covid-19. Las tasas de infección local y la utilización de las salas serán los criterios a partir de los que se calculen las ayudas públicas a los hospitales.

El monto del pago de la indemnización, dependiendo del tamaño de la clínica, será de entre 360 y 760 euros por cama y día . El Estado comparará la ocupación con el mismo mes de 2019 y compensará en un 90% la diferencia de ingresos de cada hospital. Si solamente el 10% de las camas UCI siguen disponibles, nivel de emergencia 1, están previstas ayudas adicionales. En cualquier caso, serán miles de millones de euros, según la Oficina Federal de Seguridad Social (BAS).

Alrededor de nueve mil millones de euros fluyeron a las cajas del seguro médico en la primera reforma legal que llevó a cabo el gobierno alemán, en vigor entre abril y octubre, además de los 640 millones de euros destinados a la creación de nuevas camas de cuidados intensivos. Los nuevos pagos de compensación se aplicarán inicialmente hasta finales de enero de 2021, pero pueden, si es necesario, ampliarse por orden legal hasta finales de marzo de 2022.

En vista de la escasez de personal y el trabajo extra esperado debido a la pandemia, los expertos del consejo asesor también sugieren que los hospitales autorizados no sean ya sancionados por incumplir los límites de personal de enfermería , que solamente puede atender a un máximo de cuatro pacientes por enfermero.

Otra novedad es que en adelante s erán los Bundesländer los que seleccionarán los hospitales a los que se destinarán las ayudas. Si menos del 20% de las camas de cuidados intensivos en esta región están «operativas», es decir, vacías, o si no hay suficiente personal disponible para este propósito, entonces los Bundesländer pueden seleccionar hospitales con niveles de emergencia 2 y 3 para que reciban las ayudas. Estas categorías se basan en el personal y el equipo técnico, siendo el nivel 2 una «atención de emergencia extendida» y el nivel 3 una «atención integral de emergencia».

Controversia con la reforma regal

La reforma legal contiene además un apartado que está resultando especialmente controvertido y con el que la gran coalición trata de acabar con los traspiés judiciales que están encontrando numerosas restricciones, debido a que suponen injerencias en derechos constitucionales . La ciudad de Düsseldorf, por ejemplo, se ha visto obligada a levantar la obligación de llevar mascarilla en la calle debido a una sentencia del tribunal administrativo.

En Sarre las tiendas de tatuajes pueden volver a abrir, por el mismo motivo, y en Hamburgo ha tenido éxito la demanda de una cadena de gimnasios. T odos estos inconvenientes, según la apreciación de la gran coalición, quedarían eliminados con la reforma de la Ley de Protección contra Infecciones (IfSG), a la que responden, en última instancia, todas las regulaciones de protección contra el coronavirus de los estados federales y municipio. Esta ley, que tiene 20 años de antigüedad, nunca estuvo destinada sin embargo a organizar la defensa contra una pandemia global.

El ex presidente del Tribunal Constitucional Federal, Hans-Jürgen Papier, ha advertido sobre una nueva «ley de salud que garantice el equilibrio entre la protección de la salud y de las libertades civiles» , pero advierte que el proyecto en el que trabaja la gran coalición «delega completamente en el gobierno, en lugar de dejarlo en el parlamento, el ejercicio de ese equilibrio».

También han surgido críticas por parte de algunos expertos constitucionalistas y de la oposición también. Manuela Rottmann, portavoz de Los Verdes en el Bundestag, califica la propuesta como « inadecuada de base ». El vicepresidente del Partido Liberal (FDP), Wolfgang Kubicki, advierte contra «sacar del parlamento ese tipo de decisiones porque, después de todo, se trata de las restricciones más masivas a los derechos fundamentales desde la existencia de la República Federal».

Y la abogada Andrea Kießling, experta en constitución de la Universidad del Ruhr de Bochum, ha dicho en un comunicado que el borrador «no revela ninguna ponderación de los intereses fundamentalmente afectados , pero aparentemente quiere legitimar unilateralmente determinadas restricciones de derechos durante la pandemia».

Si la nueva ley fuera finalmente revocada por el Tribunal Constitucional Federal debido a posibles debilidades, tendría graves consecuencias en forma de reclamaciones ciudadanas de responsabilidad e indemnización, que pueden afectar al Estado en cantidades masivas en 2021 . Además, los gobiernos regionales tendrían que seguir actuando sobre una base legal tan frágil como antes.

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