Alegría defiende el «consenso» en la ley de FP y niega que la concertada no esté satisfecha con la norma

Josefina G. Stegmann

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07/09/2021
Actualizado a las 20:55h.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de Formación Profesional (FP), adelantado por ABC, en segunda vuelta . Otra norma que hereda, como la Lomloe, la ministra Pilar Aleg ría de su predecesora, Isabel Celaá . Al aprobarse en segunda vuelta sale del Consejo de Ministros como proyecto de ley.

«Ha reinado esa tónica de diálogo y acuerdo general, gracias a las aportaciones de sindicatos y empresarios hemos podido mejorar el modelo Dual», señaló en la rueda posterior al Consejo de Ministros, la ministra Alegría. « Vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país y especialmente las de empleo juvenil , que está ahora en el 35 por ciento. En el caso de todos aquellos estudiantes que tienen FP el desempleo les afecta seis veces menos que a los que no la tienen», aladió Alegría.

La Confederación Española de Organizaciones (CEOE) ha señalado a ABC que hará una valoración más extensa este miércoles pero que, en cualquier caso, será positiva.

El sector que no ha quedado tan contento con la norma es la concertada. En el caso de la programación de la oferta de ciclos formativos sostenidos con fondos públicos, aseguraron a ABC que «no se realiza con participación de los sectores afectados (como indica, por otro lado, el artículo 27 de la Constitución) y siguen apostando por que sea una atribución unilateral de la administración educativa (Ministerio de Educación y comunidades)», lamentan fuentes del sector. Agregan, además, que esta petición fue parte de una enmienda aprobada por el Consejo Escolar del Estado que no se incorporó al texto legal.

Preguntada por esta cuestión por ABC, la ministra de Educación volvió a insistir en que la norma se ha redactado con «consenso», tanto de empresarios como de sindicatos y, respecto a la concertada , ha dicho que no es lo que ella piensa y que en las reuniones que mantuvo con el sector se han mostrado satisfechos.

El texto divide la FP en general e intensiva. En el caso de esta última, el anteproyecto de primera vuelta ponía un tope máximo y permitía a las empresas impartir hasta el 40% del currículo, mientras que ahora pasa a fijar un mínimo . Así, la participación de la empresa u organismo equiparado en los resultados de aprendizaje o módulos profesionales del currículo será de « más de un 30 por ciento » en el caso de la intensiva, es decir, aquella que se realiza alternando la formación en el centro de FP con la formación en la empresa, siendo esta última «retribuida en el marco de un contrato de formación». La redacción anterior (de primera vuelta) hablaba de un contrato de «trabajo» .

En el caso de la FP de régimen general, la participación de la empresa en los resultados de aprendizaje del currículo será de « hasta un 20 por ciento ». A diferencia de la intensiva, en este tipo de FP no hay contrato de formación.

Además, en la FP general, la duración de la formación en la empresa será de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación ofertada. Pero el texto aprobado este martes (y que ya estaba incorporado en el publicado por ABC el pasado sábado) añade que «excepcionalmente las ofertas asociadas a estándares de competencia profesional de nivel 1 podrán diseñar la formación en empresa a partir del 20% de la duración total de la oferta formativa».

Para el caso de la FP intensiva, la duración de la formación en la empresa u organismo equiparado « será superior al 35% de la duración total de la formación » (aquí se elimina del texto de primera vuelta que el porcentaje tope era el 50%).

Esto no ha gustado tampoco a la concertada. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pase el alumno en la empresa menos pasa en el centro. «Vamos a tener que echar profesores», advierten desde una de las grandes patronales de la concertada.

La ley cambia el modelo y establece que la oferta de formación profesional se organizarán, en función de la amplitud de la formación a proporcionar, en grados: A, B, C, D y E. Así, con el primero (A) se conseguirñá una acreditación parcial de competencia, con el segundo (B) un certificado de competencia, con el tercero (C) un certificado profesional, con el cuarto (D) el título de grado básico, medio o superior. Con el quinto (E) se obtendrá un curso de especialización.

Todos los estudiantes que alcancen un certificado o título de Grado C y D pasarán por la empresa durante su formación.

Por otro lado, también se plantea que los alumnos de FP superior puedan hacer materias optativas en las facultades y, por otro lado, que los estudiantes universitarios puedan desplazarse a los institutos para hacer prácticas.

Por otro lado, también se plantea que los alumnos de FP superior puedan hacer materias optativas en las facultades y, por otro lado, que los estudiantes universitarios puedan desplazarse a los institutos para hacer prácticas.

De acuerdo a la memoria de análisis de impacto normativo, a la que también ha accedido este periódico, la ley tiene un periodo de implantación de cuatro años en los que se prevé invertir 5.474,42 millones de euros, dividididos de la siguiente forma: 1.668,55 millones en 2022; 1.668,41 millones en 2023; 1.068,73 millones en 2024; y 1.068,73 millones en 2025. Durante los dos próximos ejercicios presupuestarios, el Gobierno prevé hacer uso de fondos europeos para el plan de resiliencia. De este modo, en el año 2022 el Gobierno destinará 775,1 millones de euros y en 2023, otros 771,3 millones de euros.

El resto del dinero de los citados ejercicios procederá de los Presupuestos Generales del Estado hasta alcanzar la cifra de 1.668 millones de euros. A partir del año 2024, el Gobierno no podrá hacer uso del plan de resiliencia para financiar el sistema de Formación Profesional.

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