600.000 personas en España se benefician de ayudas para pagar el suministro de agua
El sector reclama que se unifiquen los criterios para concederlas y que prevalezca el de la renta
El agua es un bien básico esencial y un derecho. La situación de crisis económica y social ha supuesto que muchos hogares en España no puedan hacer frente a la factura del agua . Además de facturas progresivas para fomentar el consumo racional, con precios crecientes para usos crecientes -pues el agua es además un bien escaso-, los servicios de abastecimiento de agua en nuestro país cuentan con mecanismos para solventar las situaciones de pobreza, desigualdad o exclusión social, de los que se benefician unas 600.000 personas, según los datos del informe «Sostenibilidad del agua en España», elaborado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), junto con la Fundación Ecodes.
Sin embargo, esos mecanismos no son los mismos según el lugar del que se trate, ni los criterios para su concesión son homogéneos, como no lo es casi nada en el sector del abastecimiento de agua en nuestro país, donde una de las frases más repetidas es que no hay dos recibos de agua iguales , pues funcionan más de dos mil y pico sistemas diferentes. Conscientes de esta situación, derivada de que la competencia del servicio de agua es municipal -y en España hay 8.119 municipios- y que los operadores de los servicios de agua urbana encargados de su gestión son distintos -entidades locales y empresas públicas, privadas y mixtas-, el sector del agua urbano se propuso analizar cómo son los mecanismos de ayuda social existentes.
A partir de una encuesta a operadores de servicios de agua que atienden a 15 millones de personas en nuestro país, esto es, el 33% de la población, los resultados revelan que el 95% de los servicios disponen de mecanismos de acción social, que suelen ser de dos formas: bien están contemplados en la estructura tarifaria con bonificaciones (63%), o bien se hace a partir de fondos de solidaridad (13%), y en el 24% restante ambos mecanismos se solapan. «El segundo es un mecanismo más voluntario y flexible , en tanto que no está recogido en las ordenanzas municipales, y permite la entrada de donantes terceros, pero en ambos casos quien determina en la mayoría de los casos su aplicación son los ayuntamientos y Comunidades Autónomas, aunque en los últimos años aumentan los casos en que lo hace el ayuntamiento y la empresa gestora en conjunto», explica Fernando Morcillo , presidente de AEAS.
Variedad de mecanismos
No son los únicos aspectos en que se diferencian estos mecanismos. Así, a veces, las bonificaciones sobre la tarifa se aplican a la cuota fija (las menos), a la cuota variable o a ambas; otras, la bonificación solo se aplica al abastecimiento, pero no a la depuración , que también forma parte de la tarifa. Cuando el mecanismo está contemplado en la estructura de la tarifa la deducción suele estar en torno al 33%, mientras que cuando el mecanismo es un fondo social el beneficiario puede llegar a deducirse hasta un 66% del coste de su recibo.
«La encuesta nos da estos datos -lamenta Morcillo- pero no nos dice cuántas personas que no reciben ninguna bonificación no están en situación de hacer frente a su factura del agua». Por su parte, José Carbonell , presidente de AGA, apunta que pese a la amplia cobertura de mecanismos de acción social existentes, la coyuntura económica hace que sea necesario continuar mejorando las iniciativas sociales de los servicios de agua urbana. Y cree que los ayuntamientos y las entidades operadoras deberían seguir optimizando el diseño, la administración y la ejecución de esos mecanismos.
En este sentido, desde el sector reclaman la creación de un ente regulador que ayude a unificar los criterios tanto para establecer la tarifa del agua como para los mecanismos de acción social. Para este último caso, Víctor Viñuales , director de la Fundación Ecodes , afirma que « no puede ser que dependiendo de en el municipio en que uno viva los criterios para acceder a estas ayudas sean unos u otros ». Aunque es necesario realizar análisis socioeconómicos que consideren las particularidades de cada municipio o ámbito de gestión, desde el sector consideran que los mecanismos de acción social deberían basarse fundamentalmente en criterios de renta.
El agua debe ser asequible
A nivel mundial, Naciones Unidas dice que el agua debe ser asequible y recomienda que la tarifa del agua no supere el umbral del 3% de los ingresos del hogar . En España representa, de media, el 0,9%. «Pero es una media, no sabemos dónde hay que poner ese listón en la asequibilidad», matiza Fernando Morcillo. Desde la patronal del agua van a trasladar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la propuesta de elaborar una guía de buenas prácticas para el diseño, administración y ejecución de los mecanismos de acción social en el sector del agua urbana.
En este sentido, desde el sector apelan a mejorar la comunicación para que los ciudadanos conozcan los mecanismos a los que pueden acceder y que pongan en conocimiento de los operadores sus dificultades, y evitar así cortes de suministro. Según Morcillo, cada año se producen de media unos 2.400 cortes en hogares que deberían ser beneficiarios de ayuda y que por «errores» de falta de comunicación, de desconocimiento del usuario, o administrativos, etc. se les corta el agua. Normalmente esos errores se subsanan enseguida y se les restituye el servicio en cuanto la administración competente se da cuenta de que esa persona tiene incapacidad de pago debidamente justificada.
