El juez pide informes clínicos para determinar si autoriza la «muerte digna» de Andrea
Solicita al hospital los criterios que cuestionan su situación terminal y que impiden que se le aplique la ley gallega que permite su fallecimiento
El futuro de la pequeña Andrea , la menor de 12 años ingresada en un hospital de Santiago de Compostela con una enfermedad degenerativa crónica cuyos padres piden que muera dignamente , está en manos del titular del Juzgado número 6 de Primera Instancia de la capital gallega. El magistrado Jorge Martínez Vázquez solicitó ayer en una providencia a la que tuvo acceso ABC la remisión de diversa documentación que determine si la niña se encuentra en una situación terminal y, de ese modo, aplicar la ley gallega que permitiría que se le retirara la alimentación y falleciera sedada, tal y como han pedido públicamente sus progenitores.
En su exposición, el juez da hasta hoy viernes de plazo para recibir el historial clínico de la menor, las conclusiones del comité de bioética y un informe del jefe de Pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), «actualizado y exhaustivo, que especifique al menos los criterios clínicos por los que se estima que la paciente no está terminal, ni concurre situación de dolor y/o sufrimiento desmesurado».
La clave está en el estado terminal o no de la pequeña Andrea. El artículo 10 de la ley autonómica establece que ante enfermedades «irreversibles, incurables y en estadio terminal» los pacientes podrán ejercer su derecho a no recibir alimentos. De no concurrir esa situación terminal, el propio juez preguntó si no se conculcaba el artículo 158 del Código Civil, que garantiza la prestación de alimentos a un menor por parte de sus padres.
Tutela judicial
Precisamente ayer trascendió que la actuación de los pediatras del CHUS ha estado bajo el amparo de un primer auto judicial emitido el pasado 28 de julio, en el que se autorizaba el plan terapéutico y paliativo para la menor. El desencandenante fue el agravamiento del estado de la pequeña Andrea en junio , cuando sufrió una hemorragia intestinal y tuvo que ser ingresada en el hospital. Entonces, los padres solicitaron la retirada de alimentos a su hija, al entender que su condición no permitía una recuperación y que sufría al recibir alimentos a través de una gastrostomía, la técnica «menos agresiva posible». De oficio, el servicio de Pediatría trasladó el caso al juzgado para que se pronunciara.
En su auto de julio, el juez expone que los padres no manifiestan «una negativa rotunda y manifiesta» al tratamiento paliativo, aunque constata «momentos de crisis emocional motivados por la grave situación de su hija», que entiende como «absolutamente comprensibles».
Autonomía a los médicos
Al contrario de lo que se difundió durante el día de ayer, este auto judicial no imponía a los facultativos la obligación de aplicar las recomendaciones del comité ético -favorable a facilitar la muerte digna de la menor-, sino que reconocía su «autonomía» para aplicar «las soluciones terapéuticas adecuadas al estado y progresión de la paciente», teniendo en cuenta las consideraciones de los expertos.
Estos se manifestaron el 14 de septiembre, aunque su postura -que no es vinculante- no modificó el tratamiento elegido por los pediatras del CHUS. A este informe se aferran los jóvenes padres de la niña, Estela y Antonio, para reclamar que se cese en la alimentación a su hija y se la sede para evitar el sufrimiento que se derivara de la inanición. Sin embargo, el médico forense comparte la opinión de los médicos: no concurren circunstancias para apagar la vida de Andrea. «Seguiremos actuando conforme a lo que marca la legislación y la buena práctica clínica», defendió ayer Luis Verde, gerente del CHUS.
Las fuentes hospitalarias consultadas por ABC se mostraban ayer esquivas a la hora de valorar la petición de los padres, por entenderlos afectados dada la situación de su hija. Pero entendiendo que la eutanasia activa «implica la activación de un hecho que provoca la muerte», distintas voces entendían que la solicitud de dejar de alimentarla entraría en esa definición , ya que devendría en el fallecimiento de la pequeña.
Además, recordaron que «la niña no necesita estar en el hospital porque no padece en estos momentos ninguna enfermedad aguda», ya que la suya es una dolencia crónica, que sus padres tampoco quisieron especificar cuando el miércoles comparecieron ante los periodistas. «La menor podría estar en su casa, es lo que se le dice a otros pacientes similares», si bien la hospitalización domiciliaria «debe ser aceptada por la familia». No es el caso.
Las mismas fuentes estiman que Andrea «no sufre» , aunque reconocieron que «la interpretación del dolor es siempre subjetiva». Sus padres opinan precisamente lo contrario. Las reuniones entre el equipo médico y los progenitores se han repetido en los últimos días.
Pelea política
El caso ya ha saltado a la arena política , donde el PSOE y algunas plataformas sanitarias acusan a los médicos de actuar bajo criterios ideológicos y religiosos en vez de seguir principios deontológicos. Los socialistas afirmaron que la ley gallega «no necesita interpretación ni un juez para ser aplicada», ya que a su juicio la menor sí se encuentra en estado terminal.
Pedro Sánchez fue un poco más lejos al anunciar que un futuro gobierno suyo regularía una ley de muerte digna . El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le reprendió invitándole a interesarse más por los detalles del caso de la pequeña Andrea y evitar dar opiniones a la ligera.
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