Sanidad acordará con las autonomías la fórmula para atender a «sin papeles»
En el próximo consejo interterritorial se presentará una propuesta para dar asistencia en atención primaria, especializada y farmacia, sin tarjeta
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior están estudiando una fórmula para restituir la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares sin devolverles la tarjeta sanitaria . Sanidad, que ya negoció una propuesta con las comunidades autónomas antes de las últimas elecciones, quiere ofrecer a los nuevos Gobiernos un plan para unificar la asistencia en todo el territorio que podría presentarse en el próximo Consejo Interterritorial de Salud.
La idea, que estudia Sanidad desde el pasado mes de marzo, es similar a la que ayer anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes : prestar una cobertura asistencial completa (atención primaria, especializada, Urgencias y fármacos), pero sin devolver la tarjeta sanitaria que se retiró con la reforma de 2012. Esa reforma dejó la atención sanitaria de los irregulares en manos de los servicios de Urgencias, salvo en el caso de menores de edad y embarazadas que mantuvieron la cobertura total.
Cristina Cifuentes explicó que Madrid creará en los próximos meses un documento específico con el que los inmigrantes irregulares puedan acreditarse para recibir asistencia en los centros de salud y hospitales. El documento evitaría que pueda utilizarse fuera del territorio nacional para no generar derechos de asistencia en otros países de la Unión Europea con cargo a España.
Esta fórmula es la misma que trasladó el equipo de Alfonso Alonso a todas las autonomías el pasado mes de marzo y ahora se perfila para el próximo Consejo Interterritorial. La propuesta ofrecía, en la práctica, la misma asistencia que reciben los titulares de tarjeta sanitaria. No solo atención primaria, como explicó entonces el minsitro de Sanidad, Alfonso Alonso. También se permitiría atención especializada, si el médico de Primaria lo consideraba (como cualquier ciudadano), y el acceso a medicamentos con copago, como el resto de ciudadanos. Se planteaba, asimismo, un registro donde se apuntarían los ciudadanos en situación irregular que demuestren la ausencia de recursos y seguro médico, un documento identificativo y el requisito de llevar un año empadronado en España para acceder a la atención.
«El apoyo entonces fue unánime, con algunos reticencias sobre el tiempo de empadronamiento –se estudió 3 o 6 meses– o la inclusión del copago de medicamentos», recuerda Rubén Moreno, secretario general de Sanidad. «El Ministerio está de acuerdo en que debe mejorar la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares, hasta el punto de que ya hemos impulsado la armonización de medidas », explica el número dos de Sanidad.
Otras comunidades
Sanidad coincide en el fondo pero no en la forma con otras comunidades que ya han empezado a restituir la sanidad a los «sin papeles». Baleares, Cantabria , Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía o País Vasco ya ofrecen la asistencia, aunque cada una con distintas fórmulas. Unas han devuelto la tarjeta sanitaria, otras atienden a través de los servicios sociales o han creado documentos específicos de asistencia que solo son válidos en el territorio de la comunidad.
Moreno insistió ayer a ABC en el «terrible error» que sería devolver la tarjeta sanitaria «porque generaría una serie de derechos en los países de la Unión Europea que tendrían un coste inasumible para las comunidades autónomas». A Sanidad también le preocupa que ciudadanos europeos con recursos puedan solicitar la tarjeta cuando lleven unos meses de residencia y decidan no pagar el seguro en su país de origen porque en España les salga más barato. Si no se atiende a estos ciudadanos, España podría acabar ante la justicia europea por discriminación, añade Moreno. «Esto no es una amenaza a ninguna comunidad».
¿Y los rentistas?
En la propuesta que perfila Sanidad y se presentará probablemente en el próximo interterritorial, queda por decidir qué hacer con los rentistas, personas que nunca han cotizado y tienen ingresos superiores a los 100.000 euros. Como los «sin papeles» , ellos también fueron excluidos y tuvieron que suscribir un seguro médico.
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