La ONCE pide al Gobierno que acabe con la venta de cupones ilegales
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) mueve 56,7 millones anuales de juego ilícito
Comprar un cupón en la calle por un fin solidario puede tener trampa, ya que más de una veintena de asociaciones en España venden boletos de juego ilegal . Esta actividad al margen de la ley, mueve cada año 83 millones de euros , de los cuales el 75% (56,7 millones) van a parar a una sola asociación: la OID ( Organización Impulsora de Discapacitados ).
Pese a contar con varias sentencias judiciales en su contra, incautaciones policiales y una multa de 25 millones de euros impuesta por el Ministerio de Hacienda en diciembre del año pasado «por realizar actividades ilícitas de juego », la OID no ha parado de crecer desde su fundación en 1994. Actualmente, esta «entidad benéfica sin fines de lucro» –surgida como consecuencia de la no integración de parte de la extinta Prodiecu en la ONCE– cuenta con 3.000 vendedores repartidos en más de 100 delegaciones en todo el territorio nacional.
«Un serio peligro»
Su venta ambulante y on line de cupones al margen de la Ley de Regulación del Juego , aprobada en mayo de 2011, « pone en serio peligro a los trabajadores legales con discapacidad», señala a ABC el secretario general de Unión de Trabajadores de la ONCE-UGT, Diego Sayago . El sindicato denuncia «que las personas que trabajan para este tipo de organizaciones no tienen contrato laboral y muchas veces se las utiliza porque son personas en riesgo de exclusión ».
Esta situación también es denunciada en la propia resolución del Ministerio de Hacienda al señalar que los vendedores de la OID «trabajan normalmente sin ningún tipo de contrato o con un contrato de voluntariado, sin estar dados de alta como cotizantes de la Seguridad Social, ya que actualmente solo constan dos personas cotizando a nombre de la OID». Además advierte de que «no hay evidencias» de que sus trabajadores «sean realmente discapacitados, ni siquiera en un porcentaje mayoritario».
Fuentes de la ONCE señalan a ABC que la venta ilegal de cupones no solo les perjudica económicamente por tratarse de « competencia desleal », sino que también afecta a la propia imagen de la ONCE. «La gente compra un cupón y cree que está comprando un cupón de la ONCE. Luego va a nuestros vendedores a cobrarlo y no se lo pueden pagar porque no es nuestro y se molestan», apuntan las mismas fuentes. La ONCE estima que «100.000 personas son engañadas diariamente al comprar productos de la OID, que al ser ilegales no pagan tampoco impuestos». Sus vendedores además están muy extendidos por todo el país . En algunas zonas incluso, como Extremadura o Castilla-La Mancha, « por cada vendedor de la ONCE hay cinco de la OID », precisan.
El propio presidente del Cermi , Luis Cayo Pérez , ha salido en defensa de la Organización Nacional de Ciegos de España. «La OID no es una entidad de la discapacidad, utiliza la discapacidad como coartada para presentarse ante la sociedad. Además hay una actividad ilegal y una situación de abuso porque no hay control sobre la precariedad de sus trabajadores», señala a ABC el responsable del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Tanto la ONCE como el Cermi reclaman al Gobierno «que asuma su responsabilidad y ponga fin a esta situación». «Hay un expediente abierto en Hacienda con una multa millonaria que se ha quedado corta y que seguramente la OID va a recurrir mientras sigue con su actividad», advierte Cayo Pérez, quien insiste en que la decisión de las autoridades debería ser «la clausura y desmantelamiento» de este juego ilícito.
Justamente ayer el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre , garantizó que se perseguirá el juego ilegal con la aplicación de la ley. En un desayuno organizado por Ep y la Fundación ONCE insistió en que «si un juego no está autorizado, tiene que dejar de hacerse».
La OID, por su parte, se defiende de todas las acusaciones. Su presidente, Dionisio González , explica a ABC que «no puede ser que la ley dé a una organización todos los derechos mientras que para otras esa actividad sea criminalizada ». González, que admite que no cuentan con autorización administrativa ni título habilitante «porque la administración se lo niega», reclama al Gobierno que reforme la ley, que «concede el privilegio de la venta del cupón benéfico solo a la ONCE».
«Llevamos 23 años ejerciendo la actividad del juego sin que se haya dado ningún delito de estafa o contrabando de la Hacienda Pública. Nos cuesta Dios y ayuda poder mantener las 4.000 familias que dependen de la OID», explica González, que admite que sus vendedores son voluntarios «porque no nos han dejado tenerlos en la Seguridad Social».
