Preocupación en las editoriales españolas por los intentos de las CCAA de parar la Lomce
Interpondrán acciones legales frente a toda actuación material o normativa que busque paralizar la implementación de la ley educativa
Las últimas declaraciones de representantes políticos reclamando la paralización o derogación de la Lomce en las comunidades autónomas preocupan a los editores de libros y materiales educativos agrupados en la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele) . Afirman que interpondrán acciones legales contra las administraciones que incumplan la ley en vigor.
Los editores hacen referencia a declaraciones como la del portavoz de Educación del PSOE en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera. Avisó de que los gobiernos resultantes de las últimas elecciones van a solicitar al Ministerio de Educación la convocatoria extraordinaria este mes de julio de la Conferencia Sectorial para exigir la paralización de la Lomce el próximo curso escolar.
Desde Anele afirman que estas declaraciones suponen un «grave desconocimiento» del sistema constitucional de fuentes y de la nueva ordenación general del sistema educativo de obligada implantación, tras la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y de los Reales Decretos 126/2014 y 1105/2014, de carácter básico, entre los cursos 2014-2015 y 2016-2017».
Inquietud en los colegios
En declaraciones a Europa Press, la organización ha mostrado la inquietud que existe entre el profesorado de los centros y padres de alumnos por la deriva de estas amenazas de incumplimiento de la ley. Recuerdan que son los docentes quienes elaboran entre mayo y junio el listado de los textos que tiene que adquirir el alumno para el curso siguiente.
Los editores indican que lo único que compete a las comunidades autónomas en este ámbito es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación «dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno» y « no crear incertidumbre e inseguridad jurídica en todos los actores que forman parte del sistema» (centros escolares, familias, alumnos...), «menos aún en fechas próximas a la finalización del curso escolar».
Anele advierte de que toda actuación o normativa dirigida a derogar o paralizar la implantación de la Lomce en las comunidades autónomas, «sería nula de pleno derecho por vulnerar los más elementales principios constitucionales de jerarquía normativa, de legalidad, de seguridad jurídica, de responsabilidad o de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos (entre otros, artículos 9 y 103 CE)»
Así mismo, desde Anele recuerdan el gran esfuerzo inversor realizado por sus editoriales asociadas en la elaboración de libros de texto y materiales adaptados a la nueva Ley educativa, y para cumplir con el calendario de implantación de la Lomce este curso 2014/2015 y los sucesivos; con inversiones cercanas a los doscientos millones de euros que las empresas del sector no dudarán, llegado el caso, en reclamar.
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