A la caza de la merluza negra, el «oro blanco» de la Antártida
El Ministerio de Agricultura investiga a armadores españoles implicados en la pesca ilegal de esta especie protegida
En España es muy difícil encontrarla en los mercados. Pero en Estados Unidos puede alcanzar un precio superior a los 60 euros el kilo, y mucho más puesta en el plato de los restaurantes de lujo en los que se sirve. Por eso, la merluza negra, («Dissostichus eleginoides»), también conocida como bacalao de profundidad o róbalo chileno, ha atraído la atención de las empresas pesqueras de nuestro país, que cuenta con la cuarta gran flota pesquera mundial , según datos de la FAO. El problema es que a las remotas regiones de la Antártida, también han acudido a pescarla auténticos piratas, dispuestos a expoliar los caladeros de una zona cuyos recursos son tan abundantes como frágiles por el ecosistema tan especial en el que se localizan.
La pesca de esta especie se encuentra controlada por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos y Vivos de la Antártida (CCRMVA) , pero otros organismos internacionales, como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies (CITES), aseguran que más de la mitad de las capturas de merluza negra en el mundo se han realizado ilegalmente . Esta sobrepesca supone una presión insoportable para esta especie protegida que no alcanza la madurez sexual hasta los 6 u 8 años de vida –puede llegar a vivir 50 años– y, por tanto, necesita más tiempo para recuperarse que otros peces. Además, las técnicas de pesca empleadas por estos saqueadores del océano causan graves daños a otros animales.
En una red de enmalle de 72 kilómetros de longitud abandonada por uno des estos barcos ilegales se han llegado a encontrar 45 toneladas de pescado. Quizá por eso, a estas redes se las conoce como «cortinas de la muerte».
Perseguir a los piratas
Ante esta situación, desde hace meses, asociaciones como Sea Shepherd o Greenpeace han iniciado campañas muy activas contra los barcos que pescan ilegalmente en esas aguas y denunciado la vinculación de empresas españolas con la captura ilegal de merluza negra en la Antártida.
De hecho, gracias a esa presión, el pasado mes de marzo las autoridades españolas , al amparo de la modificación de la ley de Pesca Marítima del Estado a finales de diciembre de 2014, pusieron en marcha la operación Sparrow, dirigida contra varias empresas españolas de La Coruña sospechosas de tener buques , ocultos bajo banderas de convenciencia realizando actividades ilegales.
Maraña empresarial
Entre las empresas investigadas se encuentra Vidal Armadores, cuya sede fue registrada el pasado 12 de marzo después de que se la relacionase con la detención por parte de las autoridades neozelandesas de tres buques, el Songhua, el Kunlun y el Yongdin, que navegaban bajo bandera de Guinea. Con la nueva Ley de Pesca, las multas a las que se enfrentan los propietarios de estos buques pueden alcanzar los 600.000 euros , así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras.
Esta empresa coruñesa, según asegura Greenpeace, ya ha recibido siete condenas y multas internacionales que suman más de 3 millones de euros , además de haberle sido confiscados tres buques. Se da la circunstancia de que Vidal Armadores recibió de la UE y de España subvenciones entre 2002 y 2009 de cerca de 16 millones de euros.
Beneficios de más de 80 millones
Pero el riesgo les merece la pena a los armadores sin escrúpulos, puesto que sus bodegas llenas de este pescado, puede suponerles unos beneficios de más de 80 millones de euros . No en vano, a la merluza negra ya se la conoce como el «oro blanco».
En una entrevista concedida a Efe, el presidente de Sea Shepeherd , Ramón Cardeña, explicaba las dificultades de poner coto a este negocio ilegal. «Usan empresas interpuestas y todo un entramado de sociedades que hace muy difícil saber quién es cada uno». Basta con ver el número de veces que cada uno de los barcos de la lista negra de la CCRMVA han cambiado de nombre y de pabellón para darse cuenta de la maraña tras la que los empresarios tratan de ocultar sus actividades ilegales . El Songhua, antes Paloma V, según Greenpeace, ya fue detenido por pesca ilegal en 2008; el Yongdin ha tenido once nombres y navegado bajo ocho banderas, y el Kunlun quince nombres y ocho banderas desde 2003.
A estas estrategias de ocultación, se suma la falta de recursos y de compromiso de los países que deberían controlar la pesca en la Antártida, con la honrosa excepción de Nueva Zelanda. Ante esta situación, organizaciones conservacionistas como Sea Shepeherd decidieron tomar cartas en el asunto. Yde manera contundente.
Contra los balleneros japoneses
Sea Shepeherd ya se hizo muy visible con sus agresivas actuaciones contra los balleneros japoneses que acudían a la zona a capturar a estos mamíferos «con fines científicos». Cuando la Corte Internacional de Justicia de la ONU decidió en 2014 prohibir a Japón su caza en las aguas antárticas, la organización puso en marcha una campaña en la Antártida dirigida a proteger a la merluza negra. Y para ello no dudó en aplicar las mismas tácticas que ya habían empleado con los balleneros japoneses. «Somos un colectivo ecologista de acción directa» , asegura en la entrevista Ramón Cardeña, «no solo denunciamos los problemas, sino que actuamos para pararlos».
Pararlos... y hundirlos, aunque sea de manera indirecta . En diciembre del año pasado, el Bob Barker, uno de los barcos de la organización conservacionista, inició la persecución del Thunder, un pesquero nigeriano en la lista negra de las organizaciones internacionales.
110 días después, el Bob Barker hacía honor a sus «pinturas de guerra» (proa pintada con la cabeza de un tiburón) y tras protagonizar la persecución más larga en alta mar , la tripulación del Thunder prefería hundir el barco con su carga, antes que ser sorprendidos con su botín a bordo, y dejarse rescatar por su implacable perseguidor.
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