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La reforma del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, aparcada otra vez
Las asociaciones de víctimas esperaban la aprobación en el último Consejo de Ministros de la actualización de un sistema de valoración de daños y perjuicios que data de hace 20 años
Los responsables de las Asociaciones de Víctimas de Accidentes de Tráfico han mostrado su profunda desilusión por la decisión del Gobierno de no aprobar en el último Consejo de Ministros la prometida Reforma del Baremo que debe actualizar el Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios, causados a las personas en accidentes de circulación.
Las víctimas reclaman al Gobierno los mismos derechos que las víctimas de los accidentes en Europa, ya que, aseguran, «ahora que hemos conseguido una siniestralidad de nivel europeo, debemos tener derechos e indemnizaciones también de nivel europeo». El actual baremo tiene más de 20 años y ha quedado obsoleto, entre otras cosas porque no determina cómo se repara el daño patrimonial. Además «sus cuantías distan mucho de las europeas y no se tiene en cuenta la valoración del trabajo doméstico, ni la protección que merecen los menores ni otros aspectos fundamentales para la valoración del daño corporal», aseguran los responsables de las distintas asociaciones.
Una Comisión de Expertos, presidida por el Catedrático Miquel Martín Casals , ha estado trabajando durante cuatro años en un documento que sirviese de base para la creación de un nuevo Sistema de Valoración de los Daños. Pero pese al amplio consenso conseguido por ese trabajo, y a que supondría una evidente mejora para los derechos de los familiares de fallecidos y los grandes lesionados, el Gobierno no lo llevó al Consejo de Ministros del pasado viernes, tal y como habían prometido a las asociaciones los ministerios de Economía y Justicia.
Es más, el pasado mes de diciembre, en el Congreso de los Diputados, se aprobó una Proposición no de Ley conjunta de PP, PSOE, CiU y PNV, en la que solicitaban al Gobierno que se presentara ese Proyecto de Ley, que permita adaptar el Sistema a los principios de indemnidad y vertebración, para conseguir una mejora en la individualización el daño y que se atiendan a las circunstancias familiares, personales y económicas.
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