que pruebe su vulnerabilidad
Las familias deberán presentar un informe de los servicios sociales para recibir ayuda en alimentos
Es una exigencia de la Comisión Europea para el reparto del Fondo de Ayuda Europea, que asciende a 564 millones de euros
A partir de ahora las familias que soliciten alimentos que reparten entidades como Cruz Roja o la Federación Española de Bancos de Alimentos a través de fondos europeos tendrán que probar con un informe de los servicios sociales que realmente necesitan ese ayuda.
Así lo anunció este miércoles el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que Gobierno y comunidades autónomas acordaron el reparto del Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (Fead) -vinculado esencialmente al reparto de alimentos-. Esta partida asciende a los 563,4 millones y se hará efectiva entre 2014 a 2020 para atender a las familias y sus necesidades alimentarias, informó Efe.
A partir de ahora, por instrucción de la Comisión Europea, se impone la obligación de "garantizar que estos alimentos llegan a quienes lo necesitan" y que estas personas reciben además, otro tipo de atenciones, no solo asistencia sino todo un acompañamiento", explicó Alonso, al tiempo que recordó que esta tarea, "que exige un elevado nivel de coordinación", ya la hacen algunas comunidades autónomas y también Cruz Roja y los Bancos de Alimentos.
Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), el 27,3% de la población en nuestro país --más de 12,8 millones de personas-- se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, una cifra que se ha incrementado un 2,6% desde el año 2009.
Se duplica la ayuda a la infancia
Por otra parte, el ministro de Sanidad, confirmó este miércoles que el Gobierno ha duplicado el fondo que distribuirá este año a las comunidades autónomas para ayudar a las familias más vulnerables y luchar contra la pobreza infantil.
Durante la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, Gobierno y comunidades han acordado el reparto de ese fondo, que ya está incluido en los presupuestos y alcanzará los 32 millones de euros --15 millones más que el año anterior--.
Durante el encuentro, se acordó modificar también algunos de los criterios de reparto atendiendo a las sugerencias de algunas regiones después de que el año pasado algunas comunidades se quejaran de que la utilización del índice de pobreza Arope sin tener en cuenta el dato de población beneficiara a las comunidades con menos habitantes.
El nuevo criterio toma en cuenta el volumen de población (80%) como la tasa de población vulnerable (20%) de cada una de las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales deberán ahora presentar los proyectos a los que quieren que vayan dirigidos esos fondos.
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