PAÍS VASCO
El PP vasco quiere implantar el sistema de huella digital para cobrar ayudas sociales
Exige mayor control para evitar el fraude y se limitaría a los casos que se considere «técnica y jurídicamente» necesarios
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El PP vasco quiere implantar el sistema de huella digital como método de reconocimiento de los perceptores de ayudas sociales en el País Vasco, en los casos en que «técnica y jurídicamente» se considere necesario. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien lidera una campaña contra el «fraude» y los «abusos» en el cobro de las percepciones sociales, defenderá la aplicación de mayores controles, también tecnológicos, en el Parlamento vasco, una cámara que se ha mostrado hostil a cuantas propuestas han planteado hasta ahora los populares, a los que el resto de partidos acusan de «racistas» y «populistas».
Los populares exigen así reforzar los sistemas de control para evitar casos como la de una pareja de origen pakistaní residente en Vitoria, que presentó hasta diez identidades falsas para conseguir ayudas sociales de forma fraudulenta, hasta 10.000 euros al mes. Se calcula que durante los más de tres años que engañaron al Gobierno vasco acumularon hasta 395.000 euros.
«El Gobierno vasco debe poner punto y final a los casos de falsificación de pasaportes que, como hemos podido comprobar, está permitiendo que se descubran situaciones de abusos en los que una misma persona cobra varias ayudas sociales al mes», aseguraron este lunes los populares vascos, que tienen en la lucha contra «los abusos» en el cobro de ayudas sociales unas de sus principales banderones de enganche electoral. De hecho, proponen endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), como la exclusión de las personas sin permiso de residencia o los condenados por determinados delitos. En el País Vasco estas ayudas son superiores a las del resto de España, hasta 866 euros al mes más otros complementos, como ayudas para el alquiler (250 euros).
3,8 millones de fraude
Según los datos oficiales del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide, el fraude registrado en la percepción de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) en los tres últimos años asciende a 3,8 millones de euros, lo que supone un 0,3 por ciento del volumen total de estas ayudas durante ese periodo. Las encuestas muestran que una mayoría de ciudadanos es favorable a aumentar los sistemas de control.
El alcalde de Vitoria ha afirmado que la implantación de la huella digital «permite un mejor reconocimiento de la identidad y, además, mejora la eficiencia en la gestión económica de los recursos públicos». Maroto ha señalado que las nuevas tecnologías «están suponiendo una mejora de prestación de servicios públicos en todos los ámbitos de actuación, y también en el de las políticas sociales».
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