INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Las universidades incrementaron un 10% su gasto en retribuciones entre 2008 y 2012
El órgano fiscalizador advierte de «sobredimensionamiento del profesorado» en muchas ramas
Del informe del Tribunal de Cuentas se desprende que las universidades públicas se las han arreglado para sortear en cierto modo los recortes impuestos al conjunto de la Administración. De hecho, durante los años más duros de la crisis económica -entre 2008 y 2012-, «las retribuciones totales de las universidades públicas se han incrementado en un 9,94%, no obstante la disminución del gasto presupuestario de personal en un 2,26%», indica en sus conclusiones.
En total, a diciembre de 2012, en las universidades públicas había 158.214 empleados públicos vinculados a las universidades, de los que 101.424 se correspondían con personal docente e investigador y 56.790 con administración y servicios, lo que suponían 68 efectivos más que en 2008.
El incremento se produjo gradualmente, si bien en 2012 se produjo una disminución respecto al año anterior debido sobre todo a la supresión de la paga extra de Navidad a los empleados públicos , explica el Tribunal, para el cual hubo «un incumplimiento del objetivo de estas reducciones».
Para este órgano, en «muchas de las ramas» los créditos impartidos por profesor equivalente son inferiores de media a los 24 créditos anuales, equivalentes a 240 horas (8 horas por semana en 30 semanas al año), por lo que considera que existe cierto «sobredimensionamiento del profesorado ».
Además, el sistema de control de presencia y del cumplimiento del horario fijado por la práctica generalidad de las universidades públicas consiste en «un mero control de firmas o similar», lo que «impide un exacto cumplimiento de la normativa aplicable» en la Administración.
Figura «sin cobertura legal»
El documento denuncia así mismo que los planes para incentivar la jubilación anticipada del presorado que aprobaron algunas universidades carecen de «amparo legal», puesto que no hay una norma que habilite a las universidades a abonar incentivos cuando se ha extinguido la relación de servicios con ellas. Citando informes anteriores, el Tribunal señala además que «se ha adulterado el significado de la figura del profesor emérito», creando una nueva figura «sin cobertura legal».
El órgano fiscalizador alerta también de la «práctica generalizada» de registrar e imputar al capítulo 6 del presupuesto (inversiones reales) las retribuciones del personal correspondiente a la investigación, no recogiéndose por tanto en el capítulo 1 (gastos de personal) autorizado por la respectiva comunidad autónoma. Esta posibilidad, recuerda el Tribunal, «es regulada con un carácter absolutamente excepcional, sin que lo dispuesto en la normativa aplicable ampare a la universidad arbitrar discrecionalmente la imputación de dichos gastos y sustraerse al exacto cumplimiento de la autorización del coste de personal» de los presupuestos autonómicos.
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