EDUCACIÓN
El Gobierno aprueba el decreto que permite a las universidades ofrecer grados de tres años
Wert defiende que supone un ahorro para las familias y que «no hay ninguna imposición» a los rectores. Aclara que, con el nuevo sistema, no son obligatorios dos años de máster
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el decreto que permitirá a las universidades ofrecer a partir del próximo curso títulos de grado de 180 créditos ECTS, es decir, de tres años , en lugar de los 240 (cuatro años) que son obligatorios en la actualidad. Se trata del mayor cambio en el sistema universitario español desde la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Plan Bolonia.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendido la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo por la necesidad de que España se equipare a los principales sistemas universitarios de Europa, al tiempo que la reducción de un año en matrículas supondrá un ahorro para las familias por «el abaratamiento de los grados que pasen de cuatro a tres años». Sólo en tasas, el Ministerio estima que el ahorro puede ser de hasta 150 millones de euros.
Según Wert, en su momento se optó por un «sistema rígido» que sólo contemplaba grados de cautro años y máster de un año, frente al modelo al que se acogieron la mayoría de los países del Espacio Europeo, que consiste en una horquilla de entre tres y cuatro años para los grados y de uno a dos para los másteres. Sólo ocho de los 48 países que forman parte del Espacio Europeo han optado por el mismo modelo que España, ha subrayado el ministro.
A juicio de Wert, el actual sistema «ha dificultado enormemente la internacionalización de nuestro sistema universitario», tanto en el reconocimiento de los estudiantes extranjeros que quieren venir a España como en la salida de españoles que salen a continuar sus estudios al exterior.
El titular de Educación ha recalcado que los españoles invierten un año más en completar el grado que en los países que han optado por permitir que sean de tres años. Además, ha añadido, esta medida no afecta a los llamados másteres habilitantes y las profesiones reguladas -como ariquitectura y varias ingenierías-, que son un 30% del total. En este caso, el precio del crédito del grado y del máster es el mismo. Del 70% restante, en la actualidad sólo un 20% escoge estudiar un máster después de completar el grado.
«Tanto en el empleo privado como público, el requisito de titulación para la incorporación al mercado laboral es el grado», precisado Wert, lo que a su juicio «no quiere decir que el máster no sea un suplemento formativo».
La reducción en un año en la duración de los grados, ha aclarado también, no significa que se deban hacer necesariamente dos años de máster, sino que puede ser de un año, de manera que, en caso de hacerse máster, la estancia en la universidad se reducirse en total de cinco a cuatro años.
El decreto da libertad a los responsables de las universidades para que opten por el modelo que prefieran. «No hay ninguna imposición» ni en la implantación de un tipo de grado u otro ni en el plazo para hacerlo, ha señalado Wert.
Los nuevos grados deberán contar, como hasta ahora, con la verificación de la Aneca (Agencia Nacional de Evalución de la Calidad y Acreditación).
Críticas al decreto
El decreto aprobado este viernes cuenta con una fuerte oposición de rectores, asociaciones estudiantiles y sindicatos. En este sentido, los rectores consideran que la coexistencia de un mismo título con duraciones distintas, incluso dentro de una misma ciudad, puede generar «confusión» entre los estudiantes. la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el próximo lunes, 2 de febrero, que tendrá este asunto como único punto del orden del día.
Además, los estudiantes críticos con la medida consideran que la suma de grados de tres años y másteres de dos acabarán elevando el coste de los estudios universitarios. El Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado que convocará una huelga de 48 horas en señal de protesta, aunque el paro aún no tiene fecha.
El sindicato de la enseñanza pública ANPE considera que la reforma es «precipitada», ya que «la universidad se encuentra todavía en un proceso de adaptación al Espacio Europeo Superior, del que no se ha podido evaluar su impacto, y al que se siguen sumando estudiantes del plan anterior en las universidades».
Al coro de voces en contra de la reforma se ha sumado la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha pedido a los rectores de su comunidad no aplicar la medida.
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