Del aceite de colza a la psicosis por la gripe A: así superó España otras crisis sanitarias

El síndrome del aceite tóxico

El 1 de mayo de 1981 moría camino del hospital de La Paz un niño de 8 años llamado Jaime Vaquero, convirtiéndose en la primera víctima oficial del consumo de aceite de colza desnaturalizado, que, desde aquel día hasta hoy, ha segado la vida de unas 700 personas (más de 4.000 según cifras no oficiales) y afectado a otras 20.000, de las cuáles 17.500 sufren todavía graves secuelas. Un panorama desolador que tres décadas después continúa siendo la mayor intoxicación alimentaria en la historia de España.

Aquella crisis golpeó de lleno a la línea de flotación de las autoridades sanitarias, que tardaron casi dos meses en descubrir el origen de la enfermedad. Mientras la primeras hipótesis situaban el foco en la «enfermedad del legionario», empezaron a aparecer una serie de teorías descabelladas. Desde experimentos con armas químicas hasta el sacrificio de numerosas aves tras propagarse el rumor de que el germen residía en la «ornitosis», una afección transmitida por este tipo de animales.

Superado el período de incertidumbre, los investigadores lograron dar con la causa gracias a la conexión entre los lugares donde iban apareciendo nuevos casos. La mayoría de personas afectadas eran de origen humilde y habituales consumidores del los alimentos que se ponían a la venta en los mercadillos ambulantes. Acotado el plan de búsqueda, finalmente se averiguó que la enfermedad provenía de una intoxicación alimentaria provocada por una partida de aceite de colza adulterado.

La ausencia de controles sanitarios supuso el perfecto caldo de cultivo para que este aceite, importado de Francia y con fines industriales, fuera comercializado de manera fraudulenta para el consumo humano. Como paso previo a su distribución los aceiteros implicados habían extraído la anilina a altas temperaturas, un proceso que originó la formación de los compuestos tóxicos que prendieron la mecha de la masiva intoxicación.

Entre las víctimas todavía colea la desafortunada frase ante las cámaras de TVE del por entonces ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Jesús Sancho Rof (UCD), «el síndrome es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata». La polémica declaración llegó tan solo tres semanas después de la muerte de Jaime Vaquero y acabó por costarle el cargo ese mismo año.

Tuvieron que pasar varios años —marzo de 1987— para que los responsables se sentaran en el banquillo de los acusados, en uno de los juicios más complejos que ha conocido España. No obstante, el caso no se cerraría hasta octubre de 1997 cuando el Tribunal Supremo declaró al Estado responsable civil subsidiario, imponiéndole el pago total (medio billón de pesetas) de las indemnizaciones fijadas en la sentencia que condenó a los aceituneros.

La «enfermedad de las vacas locas»

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), popularizada como la «enfermedad de las vacas locas», es un proceso de degeneración progresiva que afecta al sistema nervioso central del ganado bovino, y que, a diferencia del resto de encefalopatías espongiformes bovinas, puede transmitirse a los seres humanos a través del consumo de algunas partes (tejidos nerviosos, sesos, etc) de animales infectados. Una nueva alarma había nacido: la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob.

En España, las vacas locas aterrizaron de la mano del siglo XXI cuando el 22 de noviembre del 2000 se detectó la primera res infectada en Carballedo (Lugo). Comenzaba así una crisis sanitaria que afectó drásticamente al sector ganadero y mantuvo atemorizada a gran parte de la población, demasiado escéptica ante la falta de información que ofrecían los controles de sanidad animal existentes.

Ese mismo día el Gobierno estableció un plan de choque con un coste de 60.000 millones de pesetas, mientras que dos días más tarde el Consejo de Ministros aprobó la creación de una Comisión Interministerial de Seguridad Alimentaria; así como una serie de medidas sobre la destrucción de los materiales específicos de riesgo y la adquisición de los conocidos como test «Prionic» para detectar la EEB.

Al tiempo que la alerta saltaba al primer plano político y mediático, las protestas no tardaron en florecer . El 31 de diciembre, los vecinos de Mesía (La Coruña) pasaron la Nochevieja concentrados a la entrada de una mina para protestar por el entierro masivo de vacas en ese lugar, provocando semanas mas tarde la dimisión del conselleiro de Agricultura del Gobierno gallego, Cástor Gago.

Durante esos días, Europa ya miraba con inquietud un fenómeno que había traspasado las fronteras de Reino Unido, país de origen de la epidemia. El 1 de enero de 2001 la UE instauró la obligación de realizar pruebas de detección de la EEB a los bovinos mayores de 30 meses que fueran dirigidos al consumo alimentario y la prohibición de las harinas animales para la alimentación del ganado.

En España, la ministra de Sanidad Celia Villalobos encendió el foco de la polémica tras lanzar una recomendación en el transcurso de una entrevista radiofónica, «le digo al ama de casa que no eche huesos de vaca cuando haga una comida, sino de cerdo». La oposición, consejeros autonómicos de Agricultura, sindicatos y asociaciones de ganaderos no tardaron en pedir su dimisión.

En plena auge de la crisis, Europa acordó la retirada de la cadena alimentaria del espinazo, cerebro, encéfalo, ojos, médula espinal, intestino y amígdalas de los bovinos de más de un año, pasando a engrosar la lista de Materiales Específicos de Riesgo. Los países implicados tomaron conciencia de la verdadera dimensión del problema y llevaron a cabo una auténtica revolución en los controles de seguridad alimentaria.

Casi 15 años después, la epidemia está controlada pero no extinguida . Según cifras del Ministerio de Agricultura, desde que apareció el primer caso la cifra total de «vacas locas» detectadas no ha superado las 800, siendo la mayor parte de ellas sacrificadas. Durante este tiempo el contagio a personas ha quedado reducido a niveles mínimos, a pesar de que tras Reino Unido (170) y Francia (25), España es actualmente el tercer país más afectado con cinco fallecidos.

La pandemia de Gripe A

A finales de abril del año 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la emergencia de un nuevo virus de la gripe A (H1N1), que no había afectado anteriormente a la especie humana y que se transmitía con facilidad por contacto directo con otros enfermos o superficies contaminadas, o mediante la exposición a las secreciones de nariz y boca, al hablar, toser o estornudar.

En España, el Ministerio de Sanidad detectó los primeros casos sospechosos en individuos que habían estado recientemente en México. Durante los siguientes quince meses, se registraron alrededor de 370 fallecimientos y 4.000 casos de gravedad, de los cuáles un millar tuvieron que ser ingresados en unidades de vigilancia intensiva.

Un año y dos meses después de declarar el máximo nivel de alerta, la OMS anunció el fin de la pandemia de gripe A, dejando por el camino la muerte de alrededor de 19.000 personas en todo el planeta. «El mundo ya no está en la fase 6 de alerta pandémica. Hemos pasado a la fase pospandémica», expresó entonces su directora general Margaret Chan, en medio de numerosas críticas que acusaban al organismo de haber generado una alarma desmedida y un excesivo desembolso en vacunas.

Un reciente estudio publicado en la revista PLOS ONE cifró en 1.430 millones de euros el gasto total que supuso el brote de la gripe A en España durante 2009. De la investigación se desprende que los casos atendidos en ambulatorios representaron la partida principal con 1.410 millones, mientras que los ingresos en hospitales, en torno a 3.000 pacientes, apenas llegaron a los 19 millones.