El Gobierno salva de la demolición a 13.000 viviendas en la costa

«No se va a amnistiar nada. No hay ni una sola situación ilegal que con la reforma pase a ser legal». Así de rotundo se mostró ayer Pablo Saa vedra, director general de Costas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente al desgranar, junto al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos , los detalles del reglamento de la Ley de Costas, que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Un reglamento que, según Ramos, viene a terminar con el «desorden enorme y la inseguridad jurídica» que tienen quienes viven o desarrollan actividades económicas en la costa.

Así, el reglamento prorroga las concesiones en vigor en dominio público hasta 75 años para las viviendas, 50 años para los hoteles y explotaciones económicas similares y otros 30 para los chiringuitos que existen en las playas. Se salvan así de la demolición a partir de 2018 unas 13.000 viviendas situadas en dominio público, así como 100 hoteles, 1.700 industrias y unos 3.000 chiringuitos. Ese año, 2018, es cuando empiezan a caducar las concesiones a 30 años que se dieron cuando se expropió a los propietarios de ocupaciones que a partir de la ley de Costas de 1988 quedaron incluidas en dominio público. Así que dependiendo de la fecha de deslinde algunas de estas concesiones podrían prorrogarse más allá de 100 años (30 más 75 en el caso de las viviendas). Para las nuevas concesiones –las que se regularicen ahora–, los máximos son los mismos, 75, 50 y 30 en cada caso.

Y es que la mayoría de las ocupaciones de la costa están sin regularizar : de 40.000 solo lo están unas 4.500, poco más del 10%. De éstas, 24.000 quedaron dentro del dominio público (el resto quedaron en zona de servidumbre) a partir de 1988 por lo que debía tramitarse esa concesión compensatoria por 30 años, pero en todos estos años solo se han otorgado 600 concesiones en dominio público. Por tanto, como explica Federico Ramos , se trata de «dar legalidad a quien dispone de una concesión y no tenía ningún tipo de título». Asimismo, esta prórroga en la concesión va a ser transmisible e hipotecable, algo que no ocurría hasta ahora y que constituía una situación «enormemente gravosa», según Ramos, pues esa concesión era el precio de la expropiación.

El Estado recauda vía canon por estas 4.500 concesiones unos 20 millones anuales , por lo que se prevé incrementar los ingresos públicos cuando paguen canon las 40.000 a las que les corresponde, si bien desde el Magrama dicen que no tienen estimaciones.

Además, el nuevo reglamento introduce una cláusula «anti Algarrobicos», que previene desmanes que luego tienen difícil solución, dando autoridad a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas de suspender por vía administrativa licencias «sospechosas» o sobre las que haya dudas en si la licencia otorgada por el ayuntamiento es correcta o no.

Por tanto, no se podrá contruir nada nuevo ni aumentar lo que hay, pero sí se podrán hacer reformas y mejoras para que los edificios del litoral no se deterioren siempre que no supongan aumento de volumen, altura o superficie. Asimismo, se regula el tamaño y ocupación de los chiringuitos, otras actividades y la celebración de festejos en las playas.