El fiscal no recurrió las visitas de un preso a su hija pese a estar acusado del crimen de la madre
La niña, de 4 años, tuvo que ir a un punto de encuentro para visitar a su padre al que no veía desde que lo detuvieron por el crimen
«Yo no había visto nunca cómo un preso preventivo va a salir a un punto de encuentro». Son palabras de la fiscal de Sala Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, esta semana tras conocer el auto que autoriza visitas a un guardia civil, en prisión por la muerte de su esposa, a la hija de ambos, de cuatro años. La primera, en un punto de encuentro de Madrid fijado por el juez, se produjo el 26 de septiembre. La niña, en horario escolar, fue llevada al lugar por sus abuelos maternos que debían estar presentes, también por mandato judicial. María (nombre ficticio) pasó dos horas con su padre al que no veía desde su detención el 6 de junio del pasado año, cuando fue detenido por el crimen.
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A los tres días, de ese primer encuentro, el mismo juez, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Aranjuez, abrió juicio oral contra el agente Raúl R. P. por el asesinato de su esposa Sonia Esteban, madre de su hija, ocurrido el 10 de marzo del año pasado, y le impuso una fianza de 925.000 euros para asegurar la responsabilidad civil. La Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan para él 20 años de prisión, igual que la acusación particular. El juez, tras la polémica suscitada por autorizar esos encuentro padre-hija, aclaró a través del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el fiscal tuvo conocimiento de la autorización de las visitas del preso, pero no recurrió.
Sin vista previa
«El auto da traslado de la resolución a la Fiscalía y a las partes, cierto, pero el juez no acordó una vista previa antes de tomar esa decisión donde se escucharan los argumentos de la psiquiatra que atiende a la niña (la derivó la pediatra del centro de salud) y de la psicóloga», señala la letrada de la acusación, Cruz Sánchez de Lara. «Solo tuvo en cuenta el informe del equipo psicosocial del juzgado».
María, a sus cuatro años, huérfana de madre y con su padre encarcelado, es la víctima más vulnerable de un caso plagado de aristas. La niña estaba en su casa de Aranjuez el domingo 10 de marzo de 2013. Poco después de las diez de la mañana se oyó un disparo, según Raúl R. P. que estaba en el salón. Sonia Esteban apareció muerta sobre su cama. El forense dictaminó que se trataba de un suicidio cometido con el arma reglamentaria de él, destinado en la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, pero no descartaba otras posibilidades.
Raúl llamó a la Policía, no a sus suegros ni a ninguno de sus allegados. No acudió ni al tanatorio ni al entierro y esa misma semana presentó una instancia para cambiar a la niña de colegio (la trasladó a uno de Valdemoro) y abandonó con ella la casa familiar.
«Sonia le había anunciado que quería separarse. Nunca nos habló de malos tratos, sino de que él estaba obsesionado con la niña y ella había pasado a un segundo plano», explica Erika Rubio, amiga de la pareja. «Al principio nos hacía gracia que él estuviera pendiente de la cría las 24 horas. Luego supimos que incluso se presentaba en el colegio a la hora del recreo y la seguía en las excursiones». Nadie del entorno de Sonia creyó que se había quitado la vida.
Temía perder a la niña
«Tenía planes de futuro, estaba preparándose las oposiciones para auxiliar de Enfermería (la semana pasada aún figuraba en la convocatoria oficial), no sabía manejar una pistola..», recuerdan. El día de su muerte había quedado con una compañera del Hospital del Tajo donde trabajaba para que la ayudara a trasladar sus cosas a otra habitación. Un cese de la convivencia gradual. Su familia y sus amistades mostraron sus sospechas a la Policía. «Él temía perder a la niña si se divorciaban», explican.
Los agentes de Homicidios le siguieron los pasos durante tres meses. La Policía Científica concluyó que el arma la había disparado él y a los tres meses, el 5 de junio, fue detenido en su puesto de trabajo en Leganés.
El juez quitó cuatro días después la patria potestad y la guarda y custodia de forma temporal al padre, tras enviarlo a prisión, y se la otorgó a los abuelos maternos. «Se considera perjudicial para el futuro desarrollo de la menor su contacto con su progenitor. Tampoco se considera adecuado que la menor acuda en régimen de visitas al centro penitenciario», dictaminó. Un mes después, por acuerdo familiar, se la concedió al hermano de Sonia y a su pareja.
El padre preso no cejó: quería ver a su hija. El 8 de abril de este año el equipo psicosocial consideró «recomendables» las visitas de la menor con el padre «por ser lo más beneficioso para ella». El juez señaló: «No hay razón alguna para poner en duda la idoneidad de los trabajadores del equipo psicosocial adscrito al Juzgado». El 29 de julio, las autorizó: en un punto de encuentro, una vez al mes, y en presencia de los abuelos los tres primeros meses, el agente encarcelado podría estar con la niña cuatro horas. Advirtió de que las suspendería si se manipulaba a la pequeña; se le planteaban falsas esperanzas de futuro o se cuestionaba a la familia materna.
La acusación particular recurrió de inmediato, pero no lo hizo la Fiscalía que ahora se rasga las vestiduras al trascender la decisión judicial. La vida de María a la que se dijo que su madre estaba en el cielo y su padre en un lejano viaje ha vuelto a alterarse (en un año ha cambiado tres veces de colegio). La psiquiatra y la psicóloga que la atienden desaconsejan estas visitas. Si no se modifica, este mes volverá a faltar a clase para ver a su padre.
