El PSOE se suma a la denuncia contra PP y AiPro por enchufismo

Van a unirse a la demanda que uno de sus concejales, Joaquín Macías, presentó contra el alcalde de Arcos, José Luis Núñez (PP); su socio de Gobierno, Manuel Erdozain (AiPro); y otros ediles de ambas formaciones, por un presunto caso de enchufismo de 25 personas en el Ayuntamiento, entre familiares y miembros de ambas listas electorales. El PSOE de Cádiz ha pedido explicaciones al PP por este «escándalo», según ha dado a conocer la secretaria de Organización, Araceli Maese, quien ha adelantado que su partido se presentará como acusación en el caso.

Maese destaca que ésta es una «grave causa judicial que trasciende de un asunto de gestión para convertirse en un caso de corrupción, ya que se está investigando un posible tráfico de influencias». Por ello pide al PP local que «no se esconda» y solicita al presidente provincial de este partido, Antonio Sanz (PP), que «cumpla con el código ético de su propio partido y deje de dar coberturas a candidatos imputados», una petición que asegura que ya se la han hecho con respecto a otras listas electorales en la provincia.

El portavoz local del PSOE y candidato a la Alcaldía, Isidoro Gambín, considera un «escándalo que se enchufe a 25 personas, de manera privilegiada, cuando hay más de 6.000 vecinos parados a los que les hubiera encantado ser contratados en su Ayuntamiento como carpintero, auxiliar administrativo, electricista, arquitecto o peones». Solicitando Maese al regidor que pida volver a comparecer ante el juez para «dar las explicaciones que negó y que se comprometa a colaborar con la Justicia».

Cuñados

La secretaria de Organización ha destacado que «Arcos no se merece unos gobernantes que utilicen sus cargos para enchufar a sus parientes», añadiendo que «se daban puestos de trabajo para cuñados, sobrinos, hermana, tío e hijos de políticos del PP y de los socios de AiPro», asegurando que «con esta denuncia se ha descubierto cuál era la clave de ese pacto de Gobierno», considerando que  «los lazos que lo sostenían en realidad una red clientelar». Además, concluyó que aunque «hayan utilizado la argucia de no comparecer ante el juez, el proceso sigue adelante a cuatro meses vista de las elecciones y no parará hasta que se esclarezcan los hechos».