El alcalde de Arcos dice que la denuncia por enchufismo es una venganza

La batalla política en Arcos se ha trasladado definitivamente al ruedo de la Justicia. El titular del Juzgado número 2 de Instrucción citó ayer para declarar como imputado al alcalde de la localidad, José Luis Núñez (PP), y a su socio de Gobierno, Manuel Erdozain (AiPro), por una querella que ha presentado, a título personal, el concejal del PSOE y exdelegado de Urbanismo, Joaquín Macías, por la supuesta contratación irregular de 25 familiares y miembros de la listas electorales de ambos partidos. El escrito también apunta el delegado de Vías y Obras y senador, Sebastián Ruiz, que finalmente no tuvo que comparecer dada su condición de aforado como senador.

Al llegar al juzgado, Núñez y Erdozain fueron recibidos por antiguos trabajadores municipales, despedidos al inicio de la legislatura, y vecinos que vienen reclamando mayor igualdad en el empleo público desde hace meses. Dentro de la sede judicial, el magistrado les dio a conocer la denuncia presentada por Macías y les ofreció la posibilidad de declarar al respecto. Desde el Ayuntamiento se asegura que ambos se pusieron a disposición de la Justicia y «se brindaron para colaborar y entregar la documentación que estimen conveniente»; si bien se acogieron a su derecho a no declarar hasta que el juez «recopile toda la información», afirman desde el Consistorio.

La querella también va dirigida contra otros delegados del PP como Carlos de la Barrera, edil de Hacienda, Personal y Asuntos Sociales; Juana María Morales, de la cartera de Mayor; y Domingo González, de Cultura y Deportes. También se señalan a concejales del socio de Gobierno de los populares (AiPro): Manuel Romero, de Turismo; Francisco Muñoz, de Medio Ambiente; y Petri Macías, encargada de Barriadas Urbanas. A todos ellos se les acusa en la denuncia de prevaricación y tráfico de influencias.

En la denuncia se afirma que desde que los responsables políticos tomaron posesión de su cargo habían venido ordenando, directamente o a través del responsable de Personal, la firma de contratos temporales con familiares directos suyos, así como miembros de las candidaturas a las elecciones municipales de 2011. Resaltando que se omitía el procedimiento legalmente establecido, sin convocatoria pública, y sin que la Intervención pudiera fiscalizarlas.

En la documentación que acompaña a la denuncia se adjunta un listado, con nombre y apellidos, en el que el denunciante identifica a un cuñado y una sobrina del alcalde; un cuñado de Ruiz; un cuñado de Erdozain; un cuñado, una hermana y una sobrina de De la Barrera; una hermana y un hijo de Romero; dos sobrinos de Macías; un sobrino y una hermana de Morales; dos tíos de Muñoz y un sobrino de González. Entre los puestos ocupados por los familiares están los de auxiliar administrativo, peón, electricista, carpintero, conserje, personal de limpieza y arquitecto. Además, también se identifica a nueve miembros de las listas electorales que también fueron contratadas.

«Venganza»

El Ayuntamiento arcense emitió un comunicado ayer en el que aseguraba que tanto Núñez como Erdozain se habían ofrecido a declarar una vez que se recopile la documentación solicitada por el juez, a quien «han puesto de manifiesto su disponibilidad para esclarecer los hechos». Además, defienden que «no se ha infringido la legalidad vigente», añadiendo que «en todo momento la actuación seguida ha tenido como finalidad atender las necesidades de nuestro pueblo, con el máximo respeto a la Ley ».

Fuentes cercanas a PP y AiPro aseguran que desde el entorno del Gobierno local se entiende que la denuncia es «una venganza personal de Macías», recordando que el edil se encuentra pendiente de un juicio oral por «un presunto delito urbanístico por el que piden su inhabilitación durante nueve años, así como la de la ex alcaldesa, Pepa Caro, y otros ediles del PSOE».