Suspendido el juicio con jurado contra un teniente de la Guardia Civil de Sevilla por narcotráfico
Un día antes del inicio de la vista oral en la Audiencia de Sevilla, el abogado de este agente renunció a su defensa; de momento no hay nueva fecha para la celebración del juicio
Suspendido 'sine die'. Así ha quedado el juicio con jurado que arrancaba este viernes en la Audiencia de Sevilla contra el teniente Raúl P.M., quien fuera jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Sevilla por delitos de revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto, hechos por los que la Fiscalía le pide catorce años y cuatro meses de cárcel.
Javier González, el magistrado-presidente en este juicio, en el que también serán juzgados otros dos acusados, ha acordado esta decisión después de que ayer, a menos de 24 horas para el inicio de la vista, el abogado de Raúl P.M. renunciara a su defensa. El acusado hora tendrá que buscar nuevo letrado que le represente y la Oficina del Tribunal del Jurado señalar nueva fecha para la celebración, según han detallado a este periódico desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Probablemente, será con otro magistrado-presidente, pues Javier González, presidente de la Sección Séptima, a punto de jubilarse.
Raúl P.M. era uno de los mandos más respetados en el acuartelamiento de Montequinto hasta que fue arrestado en verano de 2020 en una operación antidroga que inicialmente llevó la Audiencia Nacional, que se inhibió en favor de los juzgados de Sevilla una vez que se descartó que existiese una organización criminal.
La Fiscalía, en este asunto, además de los 14 años y cuatro meses de prisión que reclama para el oficial de la Guardia Civil, solicita para los otros dos procesados, que servían de intermediarios entre los narcos y el funcionario policial, penas que van de los diez años y cuatro meses a los seis años y cuatro meses de cárcel por los delitos de tráfico de drogas, hurto y tentativa de hurto; además de multa de más de tres millones de euros para cada uno.
El agente infiltrado
En esta investigación, como adelantó ABC, fue clave un agente infiltrado perteneciente al equipo antidroga de la Comandancia, que se hizo pasar por un funcionario corrupto que aceptó participar en los negocios del ahora procesado. Como recoge el escrito del fiscal, este agente infiltrado fue testigo de algunas de las operaciones de Raúl P. M.
El fiscal, en su escrito de calificación provisional, detalla cómo el 21 de junio de 2020 el oficial acusado intentó apropiarse de 100.000 euros que supuestamente estaban ocultos en una caleta (escondite) de un vehículo intervenido por la Guardia Civil. Aunque, cuando rebuscó en el coche, en compañía de los otros acusados y el agente infiltrado, no encontraron nada.
A mediados de 2019 comenzaron a surgir las primeras sospechas sobre este oficial, lo que motivó el inicio de una investigación interna. Se descubrió que hacía consultas sobre personas vinculadas al mundo de la droga en los ficheros policiales sin que hubiera justificación profesional. También revisaba placas de matrículas de vehículos para saber si participaban en operativos policiales. Estos detalles son muy valorados los traficantes para asegurarse que sus operaciones se llevan a cabo con la seguridad de que no los van a pillar y no se van a truncar.
De otra parte, los otros dos acusados ejercían de intermediarios y ofrecían a los traficantes el servicio de blindaje, como así denominan a la información confidencial que permite detectar con antelación la presencia policial. Raúl P.M. era la persona que la proporcionaba a cambio de dinero.
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Todo saltó cuando trató de meter al agente infiltrado en sus maniobras. Hay datos a los que el exjefe de la Usecic no podía acceder porque estaban dentro de la órbita del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la oficina central que coordina las investigaciones antidroga en el sur de España. Quiso tirar del agente infiltrado, oficial de Policía Judicial que sí tenía acceso por su condición de agente antidroga. A él le fue facilitando datos de empresas y personas físicas para saber si estaban siendo investigadas.
El dinero y la droga robada
Entre las pruebas contra este teniente de la Guardia Civil están los pagos en metálico que dio al agente infiltrado que le hizo creer que también se había corrompido. La Fiscalía señala entregas de 700, 1.000, 2.000 y hasta 6.000 euros de Raúl P. M. a su compañero por consultar información confidencial, algunas relacionadas con importantes envío de cocaína y en otra ocasión pidió su intermediación para agilizar la salida en prisión de un narco.
La investigación también arrojó que el teniente se quedaba con gran parte del dinero que le entregaban los narcos y sólo reservaba una parte para el agente infiltrado. En una ocasión le entregaron 10.000 euros para que verificara si una persona estaba siendo investigada y le entregó a su compañero 1.000. El resto se lo quedó él.
El día clave fue el 7 de agosto de 2020. Los tres acusados, en compañía del agente encubierto, se dirigieron al contenedor de la Comandancia de la Guardia Civil donde se guarda la droga intervenida en operaciones policiales y, «teniendo conocimiento de que en su interior había una cantidad importante de hachís, procedieron, con ánimo de enriquecimiento injusto, a apoderarse y a cargar en el interior» de una furgoneta 29 fardos de hachís, señala el fiscal. Cambiaron los paquetes de droga por otros que contenían arena.
Cuando salían de la comandancia con la droga, dos de los procesados que iban en una furgoneta fueron arrestados. El oficial iba en un vehículo de la Guardia Civil y fue también detenido. Los agentes que los investigaban registraron la vivienda que ocupaba el teniente dentro del acuartelamiento de Montequinto, donde encontraron un trozo de saco de rafia como los que usan los traficantes para guardar los fardos de hachís. La detención de este oficial supuso una enorme sorpresa dentro del acuartelamiento sevillano, pues era uno de los oficiales más respetados y que había dirigido desde su inició la unidad de Seguridad Ciudadana.
