Zoido presenta alegaciones para bajar el IBI y ampliar las bonificaciones fiscales

Las ordenanzas fiscales aprobadas por el Gobierno de Juan Espadas en las que se estipula una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el 10 por ciento de los espacios no residenciales con mayor valor catastral, entre otros incrementos que afectan directamente al tejido empresarial de la ciudad, todavía no pueden cantar victoria. Además de los avisos del interventor de que se han aprobado medidas que no se ajustan a la legislación vigente, como el recargo del IBI a las viviendas desocupadas, el PP presentó ayer hasta 46 reclamaciones para que se rectifiquen algunas de las decisiones tomadas por el llamado «tripartito»: el PSOE, que es el partido que gobierna, y los dos que votaron la investidura de Espadas, IU y Participa.

Estas reclamaciones registradas en el Ayuntamiento por el portavoz popular, Juan Ignacio Zoido , se sustentan en la denuncia que hace el principal partido de la oposición sobre la «subida a los sevillanos del IBI, el IAE, las tasas por licencias de obras, el ICIO, la tasa de veladores y la de basuras, además de otros impuestos no municipales que se verán afectados por el catastrazo y suponen un retroceso y un paso atrás en el camino andado para posicionar a Sevilla en la media de las capitales en presión fiscal, pues pasamos de ocupar el puesto octavo en 2011 al 26 en 2014».

El citado «catastrazo», que es como Ciudadanos definió la solicitud de Espadas de actualizar los valores catastrales de la ciudad un diez por ciento —algo que eleva los coeficientes de impuestos como el de sucesiones y donaciones—, es la principal reclamación del PP, que plantea la modificación de los tipos impositivos para que los sevillanos se beneficien de una bajada en el recibo del IBI, con independencia de la subida de la base imponible provocada por esta medida. Además, Zoido pide que se reduzca la «excesiva» subida de la tasa de obras menores , tanto del nuevo importe desde el que tributan (ahora a partir de 18.000 euros y antes de 24.000 euros) como del tipo aplicable en esos casos (del 1,60 % al 1,85 %). Otro de sus planteamientos aborda uno de sus caballos de batalla en el último mes: el bonobús para mayores. En este caso, el PP reclama que no se apliquen criterios de renta para la tarjeta de tercera edad ni universitarios de Tussam.

En este terreno, también pide una reducción del 95% de la cuota en los talleres socioculturales para las personas con una discapacidad de, al menos, el 33 por ciento; un aumento en las bonificaciones del IBI para las familias numerosas ; beneficios fiscales en el IBI para las empresas ubicadas en polígonos industriales; mantener las bonificaciones en el ICIO; y rebajar la tasa de veladores. Por otra parte, en las reclamaciones registradas también se incluye la ampliación del 50 por ciento en el IBI para todas las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a éstas según la normativa autonómica de la ciudad de Sevilla, una vez transcurridos los tres años de bonificación obligatoria.

Zoido justifica todas estas peticiones, que ahora tendrán que ser valoradas obligatoriamente por el gobierno antes de que las ordenanzas fiscales se puedan aplicar, recordando que «las administraciones públicas deben colaborar en el despegue inmediato de la economía y el crecimiento del empleo y no se puede consentir elevar la presión fiscal que soportan las familias». El portavoz del PP denunció ayer que «a pesar de que Espadas habla de congelación no es así, ni tampoco es admisible poner cada vez más trabas , de carácter fiscal en este caso, a las empresas y comercios sevillanos».

Además, subrayó las «posibles ilegalidades» en estas ordenanzas de las que ya avisó el interventor cuanto tomó la decisión de fiscalizar todos los puntos aprobados antes de que se puedan ejecutar. Pero a este hecho añade «que las ordenanzas inicialmente aprobadas adolecen de numerosas contradicciones que se deben a las diferentes enmiendas de IU y Participa Sevilla aprobadas de forma irracional y precipitada, pues todo el proceso de aprobación inicial reflejó una constante improvisación, así como una falta de respeto manifiesta por los procedimientos legales, que incluso llevó a la omisión en la emisión de informes preceptivos».

Hasta que no estén resueltas todas estas alegaciones, sumadas a los reparos que ya ha hecho el interventor y a los que todavía pueden surgir, ya que aún no ha fiscalizado todo el reglamento, no podrán entrar en vigor los impuestos que pretende aplicar el gobierno . Es decir, si este trámite administrativo no termina antes del 31 de diciembre, habrá que prorrogar la actual ordenanza hasta que todo el proceso haya acabado. Esto no afectará al IBI, que es un impuesto anual, pero sí a las tasas que se generen durante el tiempo en el que aún esté vigente la actual normativa fiscal.