Visto para sentencia el juicio al ex jefe de mantenimiento de Real Club Pineda
La Fiscalía le pide 4 años de cárcel por mordidas bajo cuerda que cargó al club facturando en falso
El juicio que desde la semana pasada se ha venido celebrando en la Audiencia Provincial contra Alberto Vargas Chamorro, el antiguo jefe de mantenimiento del Real Club Pineda , y sus presuntos colaboradores en el supuesto cobro durante la pasada década de comisiones bajo cuerda a los contratistas de la reputada entidad deportiva sevillana, quedó ayer visto para sentencia con peticiones de condena para los cuatro imputados por parte tanto de la Fiscalía (que plantea cuatro años de cárcel para Vargas) como de la acusación particular (eleva la solicitud de prisión para éste a siete años). Las defensas, por su parte, reclamaron la absolución de los encausados.
El fiscal fue el primero en presentar sus conclusiones resaltando que, valiéndose de su posición «de fuerza» en Pineda, el ex jefe de mantenimiento supuestamente aprovechó la externalización de servicios para empezar a reclamar comisiones a las empresas contratistas, so pena de no volver a realizar trabajos para el Real Club Pineda . Para su beneficio económico personal y en perjuicio de la entidad, habría introducido en el sistema informático de pedidos desde facturas infladas hasta algunas «absolutamente falsas», abusando de su relación de «confianza ciega» con el gerente y el director financiero, que se limitaban a autorizar los pagos.
A cambio, Alberto Vargas habría recibido bien el importe de lo incrementado, bien un porcentaje (20%) sobre la facturación del proveedor habitual. Incluso en un caso exigió a una empresa, según el relato fiscal, que pusiera a sueldo a un conocido. Tanto algunos testimonios reiterados ante los magistrados de la S ección Séptima de la Audienci a Provincial de Se villa como las pruebas periciales son muy contundentes, lo que explica que el Ministerio Público mantenga contra el ex responsable de Pineda la acusación de delito de estafa continuada y de falsificación en documento mercantil desmintiendo que, como alega la abogada defensora, Vargas no tuviera capacidad alguna -«incluso si hubiera querido hacerlo»- para realizar los hechos delictivos que se le están imputando.
«Nadie podía hacer lo que se ha hecho sin ser él», concluye la Fiscalía , que entonó el mea culpa al reconocer que en el banquillo de los acusados han faltado los empresarios que presuntamente se prestaron a pagar las comisiones ilegales: «Cuando se detuvo a los supuestos empleados infieles, se consideró a los proveedores como simples víctimas y se les tomó declaración en calidad de testigos, sin que nadie se diera cuenta hasta que habían pasado más de tres años y las acciones estaban ya prescritas».
Atendiendo en exclusiva a lo corroborado por los peritos en sus informes, el fiscal propone una indemnización de 73.330 euros a abonar solidariamente por Vargas y sus tres supuestos cómplices, para los cuales pide penas de prisión de cuatro meses. Para el ex jefe de mantenimiento se plantea también multa de diez meses a razón de 10 euros diarios. La petición de condena dineraria que realizó la acusación particular es mucho más elevada. «No podemos mirar a otro lado cuando en el patrimonio del señor Vargas se produjo un incremento patrimonial de un millón de euros que sigue sin justificar», apuntó el abogado que representa a Pineda, que plantea más de millón y medio de indemnización. Además, pide considerar como agravante el «abuso de confianza» del antiguo responsable del Real Club Pineda.
Defensa
La abogada de Alberto Vargas se fajó ayer en la defensa de su inocencia, subrayando las contradicciones entre los informes de los peritos, convencida de que no se han podido revisar todas las facturas, sino sólo la selección de Pineda. «Y un simple muestreo siempre puede llamar a engaño: si nos limitamos a un sondeo electoral en la Isla del Hierro , podemos llegar a la conclusión de que el próximo presidente del Gobierno va a ser un independentista canario», explicó gráficamente la letrada.
Vargas se acogió a su derecho a la última palabra no sólo para «reiterar» su inocencia, sino para presentarse como víctima. Así, proclamó que, «más allá de lo psiquiátrico, se ha destrozado mi vida personal y laboral» puesto que, desde que estallara el escándalo hace seis años, «me he tenido que ir a construir c ampos de golf a Marruecos porque aquí ya nadie quiere contratarme».
