Tribunales
La venta de los suelos de Mercasevilla: caso cerrado
La Fiscalía confirma que tampoco va a recurrir la sentencia absolutoria a pesar de que no la comparte
La absolución dictada hace unos días por la juez del Penal 13 de Sevilla en el caso de la venta de los derechos de los suelos de Mercasevilla se ha transformado en una decisión firme después de que la Fiscalía haya anunciado este miércoles que no recurrirá la sentencia a pesar de que no la comparte.
El resto de acusaciones personadas en el procedimiento, Mercasevilla y la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, tampoco elevarán recurso ante la Audiencia Provincial por lo que se confirma el carpetazo final de una de las piezas del caso central de Mercasevilla, la macroinvestigación iniciada por la juez Mercedes Alaya en la primavera de 2009 y que tuvo su origen en las comisiones ilegales solicitadas a empresarios en concepto de «colaboración con la Junta de Andalucía».
A través de un comunicado remitido a los medios de comunicación y firmado por la fiscal jefe María José Segarra, el Ministerio Público explica los argumentos que le lleva a desistir del recurso , «aún discrepando de la valoración final» que hizo la juez del Penal. En esencia, el fiscal concluye que no hay posibilidades de que prospere esa acción judicial después de «la exhaustividad del análisis efectuado por la magistrada».
El fiscal recuerda que el sistema de apelación que rige en la justicia española impide que la segunda instancia, en este caso la Audiencia Provincial que sería el órgano que recibiría el recurso, cuestione «la credibilidad dada a una determinada prueba » por el tribunal que ha juzgado en primer lugar el asunto, «pues ello exigiría la repetición de la prueba, algo que no está previsto en nuestro sistema».
Defiende el trabajo de la juez, pero...
La otra opción que tendría en este caso la Fiscalía para intentar invalidar la decisión de la juez del Penal 13 sería solicitar la nulidad de la sentencia. Pero para ello, prosigue el Ministerio Público, debería encontrar argumentos «ilógicos, infundados o irracionales» que hubiera usado la magistrada para apoyar la absolución. La Fiscalía insiste en que no comparte el criterio de la juez pero defiende su trabajo y no ve ningún «razonamiento arbitrario».
La Fiscalía defendió en la vista oral la imposición de una condena de dos años de cárcel por los delitos de fraude y exacciones ilegales para los diez acusados. Además, en el caso del exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y del que fuera asesor del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), Domingo Enrique Castaño, reclamaba nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito adicional de prevaricación.
Una visión del asunto que sigue manteniendo a pesar de la absolución dictada. La Fiscalía considera incluso que la sentencia recoge «determinadas valoraciones desde las que se pudo construir una conclusión condenatoria » como la falta de claridad en cómo se produjo el acercamiento entre la lonja y Sanma, la empresa que finalmente se hizo con el concurso público.
El Ministerio Público también destaca cómo a lo largo del procedimiento han ido cambiando las declaraciones de los acusados o lo «sorprendente» que resulta que todos negaran haber participado directa o indirectamente en la elección de Sanma pero, en cambio, defendieran la legalidad del proceso. Para la Fiscalía siempre hubo detrás «una decisión política» que llevó a adjudicar los derechos de los terrenos a esa sociedad filial del grupo Sando, que se presentó a un concurso hecho a medida.
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